“Invisibles” más de 200,000 hondureños con discapacidad
La mayoría del sector discapacidad están rezagados de un educación de calidad y trabajo.
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Las personas con discapacidad se conducen entre las “sombras” de las ciudades y zonas rurales, donde todo se comunica a través del ruido y los sonidos, el tacto y la sensación, el habla y la vista. Unos lo hacen con más limitaciones que otros, pero con el mismo reto de aprender a sobrevivir en una sociedad que muchas veces los rezaga.
En Honduras, las personas con discapacidad son de las más desprotegidas y susceptibles a no tener empleo o una enseñanza de calidad en el sistema educativo público, pese a sus derechos.
Se desconoce la cifra exacta de personas con discapacidad que adolecen de empleo y una educación de calidad, pero se estima, partiendo de datos de instituciones oficiales, un número que supera los 200,000 entre adultos e infantes. Se incluye además que existe un subregistro de personas con limitaciones físicas, con lo cual se rondaría el medio millón o más.
Los estudios acerca del tema de discapacidad en el país son escasos y limitados, lo único que está registrado por la Secretaría de Trabajo y que data del año 2009 es que la población con discapacidad en edad de trabajar era de 314,174 y la económicamente activa de 118,301 (70,308 hombres y 47,993 mujeres). En tanto, el último Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE), de 2013, habla de 205,423 personas con discapacidad, de las que 35,704 pertenecían a Francisco Morazán, 22,111 a Cortés y 17,945 a Yoro. No obstante, otro estudio, el más reciente y elaborado por académicos en 2014, halló una tasa de prevalencia del 4.6%, que significaba un total de 381,287 personas con discapacidad, asumiendo entonces una población de 8.2 millones, la que ahora alcanza los 9.5 millones, según el INE.
El enorme polo demográfico de personas con discapacidad tiene más probabilidades de estar desempleadas y generalmente obtienen menor salario cuando laboran y puestos irrelevantes, según el estudio de Identificación y Caracterización en Francisco Morazán, el cual también detalló que el 70% vivían en condiciones de pobreza comparado con 59.3% de la población nacional.
De 2019 a inicios de 2020 el Gobierno realizó un proyecto piloto bajo inspectoría con 96 empresas, el 4% de estas informaron avances de contratación en fomento a la inclusión; sin embargo, la cuota solicitada pocas veces se cumple, ya que los procesos de reclutamiento son diferentes, hay inadecuada infraestructura, los perfiles requieren ajustes y los puestos a ocupar no son los idóneos. A partir de marzo de 2020 comenzó la pandemia de covid-19 y se confinó a las empresas e instituciones del Estado. El desaliento económico empezó a dar de baja a la población económicamente activa para laborar, porque no todos los puestos se ajustaban al teletrabajo según rama de actividad y se cerraron operaciones porque dejaron de ser sostenibles.
Meses después se autorizó la reactivación paulatina mientras las personas con discapacidad se mantenían bajo esquema medico- biológico; es decir, tenían que presentar constancia del Seguro Social que los acreditara para no exponerse a labores presenciales. La pandemia empeoró su situación, por lo que muchos optaron por emprendimientos. A más de dos años de la crisis sanitaria, la Secretaría de Trabajo informó a LA PRENSA Premium que trabajan con la Unidad de Fomento a la Inclusión, técnicos de colocación y promoción de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad, verificando posibles alternativas laborales.
Carlos Méndez (26) es un joven con discapacidad visual a punto de graduarse de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs) y le ha sido imposible hallar trabajo.
“Hasta perdí la cuenta de los curriculum enviados, solo dicen que van a llamar, pero la comunicación nunca llega. Las empresas miran a sus empleados como máquinas de producción y piensan que si nos contratan será una cuña a sus resultados, pero no, por algo hemos estudiado”, cuestionó Carlos.
“Aunque somos minoría en Honduras, existimos y somos parte de la sociedad, somos capaces y únicamente necesitamos la oportunidad”, pidió el joven.
Otra de las barreras que enfrenta el sector es la educación en todos sus niveles. Gran parte de los centros no cuentan con la estructura para recibirlos y carecen los profesionales calificados para trabajar con este tipo de alumnado.
Datos oficiales de la Secretaría de Educación, matrícula año 2022, indican que hay 57,912 niños y niñas con discapacidad, la mayoría de estos radica en Francisco Morazán, Cortés y Yoro.
El presidente de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras (Ciarh), Cristian Murillo, reconoció que el nuevo Gobierno ha puesto en marcha acciones en favor de la discapacidad, pero sin resultados concretos. Apuntó que como sociedad civil buscan reunirse con Trabajo y Educación, al tiempo que celebró lo hecho hasta ahora por Senprende para promover emprendimientos entre el sector. Recordó que la inclusión a empleos y educación sigue siendo la tónica de reclamo de esta población, además de urgir ayuda técnica y un bono gubernamental.
El Registro Nacional de las Personas inscribió hasta 2021 con la nueva identidad a 63,474 hondureños con discapacidad físico motora, 109,867 con discapacidad sensorial visual, 38,893 con discapacidad sensorial auditiva, 8,708 con discapacidad mental psíquica y 20,940 con discapacidad mental intelectual. Mayoría de casos refiere a síndrome de Down, ceguera, derrame, diabetes, epilepsia, mudez y sordera, párkinson, pérdida de ojo y retraso mental.
De su lado, María Enecón, presidente de la Federación Nacional de Organismos de Personas Con Discapacidad de Honduras (Fenopdih), concordó que educación y empleo son temas urgentes a abordar por el nuevo Gobierno. Afirmó que han tenido acercamientos para modificar la Ley de Equidad y Desarrollo Integral porque no se cumple. “Es imperativo que miren que las personas con discapacidad somos sujetos de derecho y seres humanos más allá de todo”, instó la directiva.
“Tenemos en marcha programas de inclusión laboral para personas con discapacidad accedan rápido. Hay varias empresas que colaboran y contratan para puestos como servicio al cliente e informática, aunque ninguna posición debería representar barrera”, comentó Claudia Díaz, de Desarrollo Institucional y Comunicaciones de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse). Aceptó además que por la pandemia la cuota de contratación disminuyó, no obstante, comunicó que están trabajando en un plan de recuperación.
Muchas de las personas con discapacidad se ganan la vida en las calles para apoyar con gastos del hogar o estudiar. Los hacen vendiendo cosas, limpiando parabrisas o mediante algún oficio. Otros, con dificultades para caminar, apoyados en bastones, algunos incluso solo con una de sus manos o sin ambas, piden dinero o comida a los conductores de vehículos, tampoco pueden acceder a una vivienda, entre otros beneficios. Esta es su realidad, son excluidos constantemente del progreso y las actitudes discriminatorias limitan su participación en la sociedad.
Karla Coello, subdirectora de inclusión de la Secretaría de Educación, aseguró que están articulando trabajos con las diferentes instituciones que atienden al sector, así como con los padres de familia.
“Nuestra misión como Gobierno va encaminada a conocer las necesidades de los padres y del tipo de atención de los distintos centros educativos, para darles las herramientas de apoyo. El buen acceso a los estudiantes con discapacidad no solo pasa por colocar ramplas para quienes usan silla de ruedas o libros para ciegos, también hay que darles seguridad, que se les permita socializar con los pares, que haya una inclusión total”, especificó la funcionaria.
Mencionó que como Secretaría ya pidieron a construcciones educativas crear todos los espacios necesarios tanto en los centros que se levanten en los próximos cuatro años como en aquellos que se vayan a remodelar. Coello apuntó que la misma petición se hará para las autoridades de centros educativos actuales, las cuales deben informar sobre si hay personas con discapacidad para acondicionarles los espacios.
Indicó, además, que están trabajando con diversos profesionales a nivel nacional para apoyar a docentes sobre cómo atender a personas con discapacidad. Precisó que se está apostando a capacitaciones en las diferentes instituciones encargadas de atender a personas con discapacidad y se incluye la entrega de manuales a los catedráticos con el fin de que puedan leerlos y, más allá de eso, ponerlos en práctica en favor de la atención especializada que requiere el sector.