Cohep: Invasores quieren tierras en producción y con inversiones

San Pedro Sula

El derecho a la propiedad privada y a la seguridad jurídica en Honduras nunca había estado tan en entredicho como en la actualidad. Las invasiones de propiedades van en aumento y la situación es tal que todos los días ocurren en todo el país.

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En concreto, los números se han multiplicado en el término de seis años, al grado de que en 2017 se contabilizaban 2,261 manzanas de tierras invadidas y a 2023 ese número ya sobrepasó las 30,000 manzanas en 17 municipios correspondientes a siete departamentos.

“Ha habido tres desalojos en febrero: en La Masica, Atlántida, en Choluteca y en Catacamas. Eso lo miramos con buenos ojos porque quienes emiten las órdenes de desalojo son los jueces de ejecución. Estos jueces cuando ya hay previo un requerimiento fiscal, una investigación, una denuncia, ellos adjuntan su documentación pertinente y realizan la orden del desalojo, que es cumplida por la Policía Nacional y los fiscales”, expuso Olvin Mondragón, oficial de la Gerencia Legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Pero para llegar a un proceso de desalojo hay que sortear obstáculos, ya que la celeridad con la que avanzan los casos varía en cada lugar y tribunal.

A juicio de Mondragón, esta nueva “oleada de invasiones” que ocurre en el país se da porque “nuevas generaciones” están alegando que sus abuelos o ancestros vendieron mal la propiedad, es decir, a “precio de gallo muerto”, y quieren recuperarla de nuevo.

“Lo que nos llama la atención es que ellos van a tierras que están en producción. Las tierras ociosas prácticamente no les interesan. Llegan adonde están las cosechas, con procesos de siembra e inversión”, precisó el abogado.A juicio de Mondragón, dos temas que están en la palestra pública en torno a las invasiones están motivando nuevas usurpaciones.

“Por un lado está la iniciativa del diputado Jari Dixon para entregar a los campesinos las tierras incautadas a los narcotraficantes que tengan sentencia firme y, por otro, el proyecto del abogado Ramón Barrios para despenalizar el delito de usurpación”.

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El representante del Cohep considera que “cuando los campesinos escuchan estas noticias dicen a correr porque imaginan dinero”. Cree que sería un error despenalizar el delito de usurpación porque “va a descontrolar la situación”, ya que cualquiera tomará las propiedades de otros sin consecuencias y se verán más incluso en las ciudades.

LA PRENSA intentó dialogar con el ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Fúnez, y con Rafael Alegría, viceministro, vía telefónica, pero mediante la oficina de prensa se nos informó que estaban de gira y que podrían atender hoy o mañana.

En torno a la problemática agraria que enfrenta el país, lo que se sabe es que este 15 de marzo el INA analiza instalar una comisión tripartita para buscar la tranquilidad, la paz y el respeto a los derechos humanos en las zonas invadidas del Bajo Aguán.

Hace una semana, Alegría, un reconocido dirigente campesino, explicó a medios capitalinos que ha llegado el momento de hacer “justicia en el agro”.

“Se necesita definir de una vez por todas la propiedad privada y lo que le corresponde a la empresa privada, a los campesinos y a los pueblos indígenas. Es el momento de hacer justicia”, dijo.Señaló que parte de esa justicia radica en comenzar a repartir las 30,000 hectáreas de tierra en poder de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, “a lo que hay que sumar la tierra nacional, fiscal y ejidal”.

Alegría cree que “las últimas invasiones de tierras registradas en el territorio hondureño buscan desestabilizar al gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya”.