“Siento temor”, confesó Juan Orlando Hernández durante la primera audiencia

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández confesó durante el desarrollo de la audiencia de información, llevada a cabo ayer miércoles en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), “sentir temor” luego de lo ocurrido el pasado martes cuando fue trasladado a las instalaciones del comando de Fuerzas Especiales y fue abucheado por un pequeño grupo de personas que logró entrar a la sede.

La defensa de Hernández Alvarado pidió se le concediera arresto domiciliario, pero de acuerdo con el Poder Judicial, se descartó en este caso debido a que el auto acordado emitido por la Corte Suprema de Justicia, aplicable a los procedimientos de extradición, no permite a criterio del juez establecer una medida distinta a la detención provisional.

Tras conocerse la resolución, los abogados defensores interpondrán un recurso de apelación contra la medida para que el exmandatario permanezca bajo arresto, pero en su casa de habitación y en compañía de su familia.

El auto acordado del procedimiento de extradición suscrito entre Honduras y otros Estados, señala en uno de sus apartados que se deberá garantizar el debido proceso, el respeto a la integridad física, síquica y moral del o los reclamados, y de los demás derechos y garantías establecidas en la Constitución, los tratados y las leyes vigentes.

Juan Orlando Hernández escuchó ayer miércoles ante un juez designado los cargos por narcotráfico que le imputa Estados Unidos y por los cuales el lunes solicitó un “formal arresto provisional”, con fines de extradición.

El mismo juez le dictó detención provisional, que deberá cumplir en una unidad especial de la Policía Nacional, a la que fue enviado después de su captura el martes en su domicilio en Tegucigalpa, y le fijó para el 16 de marzo la segunda audiencia, para evacuación y elementos de pruebas.

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Hernández, cubierto su rostro con mascarilla, lentes claros, sin esposas y saludando con su mano derecha levantada a empleados del Poder Judicial apostados en pasillos, ingresó fuertemente resguardado por policías hacia las 10:00 am a la sala del Supremo donde le esperaba un juez y su equipo.

Así se iniciaba el proceso de solicitud de extradición, por narcotráfico, del primer expresidente de Honduras, cuyos ocho años de mandato (2014-2022) fueron salpicados por múltiples denuncias de presunta corrupción y vínculos con el narcotráfico, sin que ninguna autoridad judicial de Honduras procediera en su contra.

Al mismo tiempo que ingresaba a la sede de la Corte Suprema de Justicia, en las afueras activistas del conservador Partido Nacional, bajo cuya bandera Hernández llegó al poder, le expresaban su apoyo coreando consignas y mensajes en pancartas como “Juan Orlando Hernández estamos contigo” y “Estamos apoyando a Juan Orlando y su familia”.

Por un momento la situación afuera se calentó con la llegada de un grupo de activistas del ahora gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), que estuvieron a punto de irse a una batalla campal con los seguidores de Hernández, lo que evitaron los policías de resguardo de todo el edificio.

El portavoz del Poder Judicial dijo que en la primera parte de la audiencia el expresidente y su equipo de abogados escucharon los cargos formulados por una Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Además, Hernández conoció del juez “los derechos que le asisten en el proceso de extradición”, que se inició con la primera audiencia, la que pasadas las 12:00 del mediodía fue suspendida por un receso para la comida de los asistentes.

Duarte señaló que Hernández “cuenta con un equipo de defensa que es bastante solido presentando sus argumentos” y que el juez no aceptó la petición de la defensa de dictarle “arresto domiciliario” al expresidente de 53 años.

La solicitud de extradición de Estados Unidos en contra del expresidente era algo por lo que muchos hondureños clamaban y otros esperaban ansiosos ante las crecientes denuncias por presuntos delitos de corrupción y narcotráfico.

Por eso, al conocerse la solicitud que hizo el lunes la Embajada de Estados Unidos de “formal arresto provisional de un político hondureño”, y su posterior ejecución, el martes, un desbordante júbilo se hizo sentir en Honduras, un país de 9.5 millones de habitantes de los que el 70% viven en la pobreza, según diversas fuentes.

Los hondureños sufren además, no de ahora, malos sistemas de salud, educación, una justicia salpicada por denuncias de corrupción de jueces y magistrados, violencia criminal, narcotráfico e impunidad, entre otros males, a los que no han sabido responder quienes han gobernado desde 1980, cuando el país retornó al orden constitucional después de casi 20 años de regímenes militares.

Durante los ocho años de mandato de Juan Orlando Hernández, al menos 32 hondureños acusados por narcotráfico por Estados Unidos, fueron extraditados a ese país y varios de ellos condenados, algunos a cadena perpetua, como el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del expresidente ahora señalado.

De ser extraditado, Hernández enfrentaría tres cargos, el primero por “conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos”, con el “conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente” en ese país”, además de “usar o portar armas de fuego, o ayudar e instigar al uso, el poder y la posesión” de “ametralladoras y dispositivos destructivos”.

El tercero es por una “conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos (...), en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos”.