Honduras no debe seguir la ruta minera de Nicaragua
Cerro Sapadril en Puerto Cortés, donde existe una explotación a cielo abierto.
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SAN PEDRO SULA
Hondureños que aseguran sufrir en carne propia las consecuencias nefastas de la minería a cielo abierto exhortan al gobierno a no seguir la ruta que Nicaragua que recientemente le otorgó concesiones de explotación a compañías de China.
El gobierno del país vecino le otorgó recientemente una tercera concesión a la compañía Xinjiang Xinxin Mining para explotar a cielo abierto y durante 25 años un yacimiento minero situado en entre los municipios de Jalapa y Murra, cerca de la frontera con Honduras.
Esta misma semana, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó un hilo en la red social X en el cual anunció que “El Salvador tiene potencialmente los depósitos de oro con mayor densidad por kilometro cuadrado en el mundo” y calificó de “absurdo” el hecho de tener una prohibición total de minería metálica.
En Centroamérica esto ocurre en un momento que compañías chinas han logrado en América Latina concesiones mineras, metálicas y no metálicas, y comprar empresas, como Mineração Taboca, que explotaba la mayor reserva de uranio de Brasil.
Pablo Sánchez, miembro del Bloque de Defensa de los Recursos Naturales de Puerto Cortés, llama al actual gobierno actual a asegurarle a los hondureños “que nunca más habrá en el país explotación de minería a cielo abierto porque destruye los recursos naturales y la vida de las personas”.
“Nosotros podemos demostrarlo con hechos, porque durante muchas años hemos sido víctimas de una mina que ha explotado la empresa Agregados del Caribe y que desde mayo está parada por una resolución del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), pero nosotros siempre vemos máquinas trabajando”, dijo.
Para exportar a Estados Unidos y otros mercados, esta compañía ha extraído a piedra caliza del cerro Sapadril y ha contaminado, según los vecinos de las comunidades aledañas, el río Medina de Puerto Cortés y han deforestad el área que hace décadas era verde.
“Con los químicos, esa empresa ha contaminado el río, con las denotanaciones de la dinamita ha causado daños psicólogicos a los niños y nos ha abierto grietas en las casas y daños a la salud de los vecinos. Este es un ejemplo vivo de cómo la minería a cielo abierto afecta a las comunidades”, dijo Sánchez.
Entre las comunidades afectadas por esta explotación minera no metálica se encuentran Sapadril Arriba, Sapadril Abajo, Campana , Brisas de Mar Tramade y La Delicias.
“Yo tengo 44 años y vivo aquí en Brisas del Mar desde los siete años. Durante todo el tiempo que ha estado la mina, todos hemos tenido grandes problemas de salud, por la contaminación, por los químicos que caen al río e el polvo que respiramos. Todas las mujeres que vivimos en las comunidades más cercanos nos estamos quedando sin pelo. Todas tenemos poco pelo, lo estamos perdiendo. Hasta mi niña de 13 años tiene ese problema. Creemos que es por los químicos de la mina”, dijo Mirian Vega, quien se considera víctima de esta actividad.
En marzo de 2022, cumpliendo con una promesa de campaña política, el gobierno de Xiomara Castro anunció la cancelación de permisos de explotación extractivista y declaró a Honduras un país “libre de minería a cielo abierto”.
Por las concesiones hechas por Nicaragua y por el anunció de Bukele, el Secretariado Episcopal de América Central hace “un llamado urgente a los gobiernos para que adopten las políticas responsables y sostenibles que respeten la dignidad de los pueblos y la casa común y que no permitan la explotación minera, ya que es necesario priorizar la vida humana y el medio ambiente sobre los intereses económicos que perpetúan el daño social y ecológico (...)”.
Los obispos de esa organización, reunidos en El Salvador entre el 25 y 29 de noviembre, por medio de un comunicado, dijeron además, que los gobiernos deben respetar “los acuerdos de Escazú, Costa Rica, primer tratado regional de América Latina que promueve el derecho a acceder oportuna y afectivamente a la información ambiental, participar en la toma de decisiones que afectan el ambiente y acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales”.
La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) publicó recientemente en lared social X que “aunque Honduras se declaró libre de minería a cielo abierto en 2022, las operaciones mineras sigue activas. La protección del medio ambiente debe ser una realidad, no sólo una declaración”.
De acuerdo con el Observatorio de Multinacionales en América Latina (Omal), el 70% del territorio hondureño está destinado a la minería. Mientras en Nicaragua el 50%, en Guatemala el 30% y en El Salvador el 20%.