El plan de Honduras para replicar estrategia de Nayib Bukele

Las fuerzas de seguridad pública de El Salvador, país vecino de Honduras, han detenido a casi 60,000 miembros de maras y pandillas durante los últimos meses.

El régimen de excepción que se impulsa desde el 27 de marzo y que permite detenciones sin orden judicial, fue declarado en respuesta a una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo.

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Cuestionado por organismos humanitarios, el régimen de excepción fue prorrogado recientemente por el Congreso hasta mediados de diciembre y el mismo dijo el presidente “ha sido todo un éxito, pues ha permitido la detención de 58.000 personas, presuntos pandilleros.

Antes de marzo y previo a que iniciara el régimen de excepción, en las cárceles de El Salvador había 16.000 pandilleros encarcelados. La mayoría de los detenidos son miembros de las pandillas MS-13 y el su rival el Barrio 18 en sus facciones sureños y revolucionarios.

El Gobierno de Honduras que preside Xiomara Castro le declaró este jueves “la guerra a la extorsión”, flagelo que en el presente siglo ha dejado centenares de muertos y muchos micros, pequeños y medianos negocios en la ruina.

Honduras y El Salvador tienen en común el azote de la inseguridad durante las últimas décadas. Las maras y pandillas, que nacieron en Los Ángeles, Estados Unidos, se diseminaron especialmente en estos dos países, a través de dos de las más sangrientas organizaciones criminales de ambos países, la Barrio “18” y la Mara Salvatrucha (MS-13).

Estas se han subdividido en células que extorsionan, asesinan, trafican drogas y cometen otros delitos incluso en las zonas rurales de ambas naciones.

“Este Gobierno del socialismo democrático le declara la guerra a la extorsión, así como desde el primer día -el 27 de enero- le declaramos la guerra a la corrupción, a la impunidad y al narcotráfico”, dijo Xiomara Castro durante el anuncio de la Estrategia Integral contra la Extorsión y Delitos Conexos, por parte del Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad.

Agregó que su compromiso es brindarle toda la seguridad que demanda el pueblo hondureño y retornarle la dignidad perdida en el régimen anterior (doce años del ahora opositor Partido Nacional).

La mandataria subrayó que durante los doce años anteriores, los últimos ocho al frente de Juan Orlando Hernández, un cartel penetró las instituciones y las estructuras policiales y militares, elevándose sin límites la violencia, la extorsión y la formación de organizaciones criminales.

“Producto de la impunidad en la que hemos vivido, estos grupos ampliaron sus alcances. Es un delito olvidar los hechos trágicos que han hecho llorar y sufrir tanto al pueblo hondureño, la extorsión es el resultado siniestro de la existencia del crimen organizado en Honduras, que está afincada en diferentes áreas de nuestro país”, recalcó.

Dijo además que la extorsión es una de las principales causas de inseguridad, migración, desplazamiento, pérdida de libertad, muertes violentas y cierre de pequeños y medianos negocios.

Según la presidenta, la Estrategia Integral contra la Extorsión y Delitos Conexos, anunciada hoy por la Policía Nacional, mediante ocho ejes de acción, contará con el respaldo de su Gobierno.

El anuncio de Castro surge luego de que esta semana propietarios de centenares de autobuses del transporte urbano en Tegucigalpa paralizaron sus unidades en protesta por la extorsión, en algunos casos hasta por tres bandas criminales.

“La Policía Nacional cuenta con todo mi apoyo, cuenta con todo el apoyo para combatir el crimen, la extorsión, el narcotráfico y desarticular las organizaciones criminales, hasta identificar y capturar a los cabecillas de cuello blanco”, expresó la titular del Ejecutivo hondureño.

Agregó que en materia de seguridad se contará con un sistema de investigación e inteligencia financiera para el rastreo, detección y desactivación del lavado de capitales y activos proveniente del crimen organizado, transnacional y nacional.

“La Policía Nacional debe recuperar, en el menor tiempo posible, los espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado y sus pandillas”, enfatizó Castro.

La violencia criminal, incluida la extorsión, la pobreza, el narcotráfico, altos índices de desempleo, la corrupción y la injusticia, son algunos de los flagelos que más afectan a Honduras, que tiene cerca de diez millones de habitantes.

De la población global de Honduras, más del 70 por ciento son pobres, según fuentes oficiales.