Advierten que el gobierno pretende imponer al fiscal

Sectores aseguran que recurso contra el artículo 80 de la Ley del Congreso por parte del diputado Barrios es improcedente porque ya existe un fallo.

Pese a los llamados de turbas a fines a Libre para presionar la oposición, acuerdos siguen sin lograr construirse en el cámara legislativa debido al poco diálogo

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Tegucigalpa

Diversos sectores calificaron como improcedente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el diputado Ramón Barrios, respecto a la inaplicabilidad parcial del artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional en referencia a la continuidad de las autoridades del Ministerio Público.

“No es lo mismo pedir que el artículo 80 es inaplicable respecto a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que decir que es inaplicable al fiscal general y fiscal adjunto, porque son hechos diferentes, son órdenes de sucesiones diferentes y son elecciones diferentes”, señaló Barrios.

El diputado argumentó que su recurso de inconstitucionalidad difiere del presentado por los diputados Jorge Cálix y Jari Dixon, ya que estos últimos se referían a la elección de la Corte, mientras que el suyo se refiere a la elección del Ministerio Público.

El artículo 80 establece que “los funcionarios que elige el Congreso Nacional cuando concluyan el período para el cual fueron electos y no se hayan designado a sus sustitutos permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección”.

Diputados y abogados constitucionalistas argumentaron que ante la petición presentada por el parlamentario, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia deberá desestimar dicha solicitud debido a que ya existe un falló anterior sobre el mismo artículo. “La Sala de lo Constitucional deberá desestimar todos aquellos recursos cuya petición sea la misma que se ha incoado en otras acciones de inconstitucionalidad que ya la sala ya lo resolvió”, explicó el jurista Oliver Erazo.

Agregó que “el artículo 80 de la ley orgánica no solo habla de una autoridad que elige el Congreso Nacional, sino de todas aquellas autoridades que elige el Poder Legislativo en una elección de segundo grado”.

El abogado Octavio Pineda dijo que “en ese sentido la sala de lo Constitucional ya había dicho la legalidad y la constitucionalidad del artículo 80, recursos se pueden presentar la sala debe analizar estos recursos, mi opinión es cuando la sala revise este documento deberá desestimarlo”.

Agregó: “Para mí es una cosa ya juzgada y además repetirlo es de aplicación general, por lo tanto no le cabe a la sala pronunciarse por algo que ya fue resuelto en el pasado”.

Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, enfatizó que “los invito a leer el artículo 91 de la Ley de Justicia Constitucional, la sala de lo Constitucional ya emitió sentencia sobre ese mismo asunto, así que lo que procede es la desestimación de entrada a ese churro de recurso presentado”.

Ana María Calderón, exvocera de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), calificó de “increíble” lo sucedido en el Congreso tras más de diez días sin avances en las negociaciones para elegir a las máximas autoridades del Ministerio Público. “Lo que se busca es que el partido en el gobierno imponga al fiscal general”, manifestó Calderón.

Las negociaciones entre los partido para a elección del fiscal general y adjunto se mantienen estancadas.

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