Piden prisión preventiva contra supuestos autores de masacre en cárcel de El Porvenir
Exclusivo para Suscriptores
¿Ya tiene su suscripción? Únase a nuestra comunidad de lectores.
SuscríbaseGracias por informarse con
La Prensa
Alcanzó su límite de artículos
Suscríbase y acceda a artículos, boletines, eventos y muchos más beneficios, sin límite.
SuscríbaseGracias por informarse con
La Prensa
Artículo exclusivo bajo registro
Inicie sesión o regístrese para acceder al mejor contenido periodístico.
Iniciar SesiónGracias por informarse con
La Prensa
La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida concluyó la audiencia inicial en la causa contra cinco presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha acusados por los delitos de asesinato, asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada y asociación para delinquir.
Los procesados son Cristian Anael Núñez Márquez, Bradi Lennín Meza Maldonado, Edwin Francisco Castañeda Martínez, José Armando Puerto Ilovares y Carlos Javier Andrade Meraz.
El Ministerio Publicó solicitó se decrete auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva, no obstante, el Juzgado de Letras de La Ceiba anunció que la resolución la dará a conocer el próximo martes 8 de febrero.
Las víctimas de la masacre ocurrida el pasado 27 de enero de 2022 en el centro penitenciario de El Porvenir, Atlándida, respondían a los nombres de David Abraham Stanley Agapito, Marcelo Tovar Fúnez, Jonathan Josué Miranda Puerto y Sander Nahín Rodríguez Matute.
En la refriega resultaron heridos Juan Abel Munguía Lobo; Terry Rito Bodden; Luis Enrique Martínez; Javier Antonio Martínez Martínez; Santos Roberto Arriola; Dennis Isaí Mejía Rivera; Nimrod Joel Castellón; Abbis Omar Torres; José Santos Fúnez Alvarado; Peter Mc Clean Kelly; James Hamilton y Cristian Edward Arzú.
A los imputados se les incluyó el delito de asociación para delinquir en perjuicio del orden público, con suficientes elementos probatorios, según citó la Fiscalía, para que se emita una reclusión apegada a derecho.
De acuerdo con la indagación efectuada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el suceso se habría originado por el control en la venta de estupefacientes, situación similar que detonó otra masacre donde perdieron la vida 69 personas en abril del año 2003, en este mismo recinto penitenciario.