Ejecutan Operación Némesis VII contra bienes del exjefe policial Ricardo Ramírez del Cid

El Ministerio Público (MP), mediante la Operación Némesis VII, ejecuta la privación definitiva de dominio de 40 bienes del exdirector general de la Policía Nacional, José Ricardo Ramírez del Cid, y de su esposa, Thelma Carmina Umaña Powell.

En un comunicado, el MP detalló que se trata de 15 bienes inmuebles (residencias y terrenos), seis vehículos, 16 cuentas bancarias, dos sociedades mercantiles y un lote de semovientes, en paralelo al requerimiento fiscal con orden de captura y a los iniciales aseguramientos promovidos en febrero de 2021 contra la pareja acusada del delito de lavado de activos.

“En un periodo de 10 años (2007 – 2016), Ramírez del Cid realizó movimientos financieros por más de 37 millones de lempiras (L37,740,181.78), de los cuales existen incongruencias y nexos con actividades ilícitas por un monto que ronda los casi 27 millones de lempiras (L26,744,669.18), a lo que se suma el más de un millón de lempiras (L1,473,226.79) no justificado de Umaña Powell”, señalan las investigaciones de la Fiscalía.

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Asimismo, los bienes contra los que se pretende que recaiga una sentencia de confiscación definitiva, sobresalen tres inmuebles en Nacaome, Valle, entre ellos, la Lotificadora Villas Belén, que consta de más de 400 lotes de terreno, así como un inmueble en Guanaja, Islas de la Bahía.

Entre otras acciones, las autoridades del Ministerio Público también investigan en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) el manejo de un fideicomiso suscrito con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) en el año 2014 por un monto superior a los 400 millones de lempiras aproximadamente.

“Las diligencias están orientadas a determinar si se cometieron delitos de malversación de caudales públicos, fraude y violación de los deberes de los funcionarios, tal y como reza una denuncia en poder del Ministerio Público y que además incluye otros millonarios fideicomisos en la Secretaría de Seguridad, el Instituto de la Propiedad (IP), la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA) de la administración anterior”, añade el ente persecutor del delito.

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Además, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural presentará requerimiento fiscal contra tres funcionarios del Instituto Nacional Agrario (INA) por abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos, en afectación a los derechos de propiedad del pueblo garífuna de Tornabé y en respuesta a denuncias interpuestas por miembros de la comunidad y sus organizaciones representativas.