Aún no arranca desarme en centros penales de Honduras

SAN PEDRO SULA

A paso lento camina la anunciada intervención de las cárceles de Honduras. Aunque ya se fijaron los diez puntos que engloban el proceso, que va desde mantener la vigilancia 24 horas con tecnología hasta separar estructuras criminales que están en los mismos recintos penitenciarios, la mayoría están pendientes de ejecutar.

Actualmente hay una junta interventora presidida por la doctora Julissa Villanueva, siendo los comisionados adjuntos Sandra Rodríguez y el abogado Mario Chinchilla.

Esta interventora, pese al plan, ha enfrentado impasses, pues hasta la semana pasada les dieron acuerdo a los directores y altos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

Incluso, se conoció que el comisionado de Policía, Adonay Hernández, nombrado como director del INP, solo firma documentos legales como enlace y no como su cargo.

Para Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (Codeh), el problema de los centros penales no se acabará de la noche a la mañana, porque no es fácil y no se va a restablecer la gobernanza al interior de los mismos.

“Nosotros como Codeh hemos propuesto que se dividan los grupos de sentenciados. En otro lugar los de la Mara Salvatrucha y en otro centro penitenciario el grupo de los 18, porque hay que hacer una reestructuración de todo el sistema carcelario del país”, apuntó.

Sobre el primer punto propuesto por las autoridades de lograr el desarme de los reos, Maldonado dijo que hay colusión con determinados miembros de la Policía y algunos sectores de los privados de libertad. “Si se logra enviar diferentes grupos a los centros se podría terminar el negocio de las armas”.

El representante del Codeh afirmó que seguirán haciendo su trabajo como veedores en el sistema penitenciario de Honduras y anuentes a colaborar con la junta nominadora.

Agregó que con los cambios de personal es muy importante que se hagan rotaciones en los reclusorios para evitar la colusión, así como la amistad manifiesta entre el custodio y el privado de libertad.

Cabe mencionar que ni miembros de la interventora ni las autoridades del INP se han reunido con jueces de los juzgados de ejecución para ver la situación de los procesos legales de los privados de libertad.

La jueza Marisa Burgos, coordinadora del Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, afirma que con la defensa pública se ha elaborado un plan de descongestionamiento en los presidios, el cual va dirigido en la primera etapa para mujeres privadas de libertad. Relató que desde 2017 que se cerró el centro penal de San Pedro Sula toda esa población se encuentra disgregada a nivel nacional y eso ha causado un retraso en los procesos penales.

Recalcó que procedentes del valle de Sula hay al menos 430 mujeres recluidas en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas) entre procesadas y condenadas.

Informó que visitarán la penitenciaría femenina con un grupo técnico compuesto por abogados de la defensa pública, psicólogos, asesores y jueces de ejecución para revisar las causas, entrevistar a las privadas de libertad, traer sus propios medios de pruebas y luego pedir algún incidente que amerite y aplicar la retroactividad para las que fueron condenadas con el viejo código.

El juzgado de ejecución de San Pedro Sula en 2023 ha excarcelado a 140 privados de libertad y se han cambiado medidas privativas de libertad en materia de niñez a 23 menores, según cifras oficiales.

De mujeres recluidas en el centro penitenciario, se pretende tener unos 50 casos que podrían gozar de algún beneficio que la ley lo permita para estar en libertad.

Los jueces son del criterio que el INP debería reforzar los consejos técnicos en los centros penales como Támara, donde hay más de 7,000 privados. No pueden responder a los medios de prueba porque también deben contestar solicitudes, hacer excarcelaciones y no se dan abasto para dar respuestas.