Las maras reinan en Honduras aprovechando vacíos legales

San Pedro Sula, Honduras.- Con talento humano, reformas legales y fortaleciéndose con tecnología, las autoridades de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) reorientarán su lucha contra el lavado de activos de los grupos delictivos organizados.

Con las reformas legales también buscan robustecer el combate a la extorsión para que este delito pase a ser en perjuicio del Estado de Honduras y no en contra las personas naturales como sucede actualmente con el narcotráfico que es un ilícito donde el agraviado es la salud pública del Estado de Honduras.

Con esos cambios, que están pendientes que el Congreso Nacional los apruebe, lo que buscan es subsanar lagunas que hay en la ley. Una de esas es que actualmente solo pueden actuar ante una denuncia de la persona afectada y al pasar la extorsión en perjuicio del Estado les permitirá actuar de oficio.

Otra de las trabas que tienen es que los menores no son imputables de delitos y para los grupos delictivos organizados; eso es un cerco legal protector porque los utilizan para la comisión de delitos.

Una de las luchas de las autoridades antimaras y los otros operadores de justicia es que se baje la edad punible en los menores y que sean imputables de delitos a los 16 años, pero los convenios internacionales no lo permiten.

En cuanto al talento humano, la Dipampco está capacitando personal por lo que contará con un grupo de unos 60 agentes con especialización en investigación criminal antipandillas.

Esos investigadores vienen con conocimientos como combatir no solo el delito de extorsión, sino que los ilícitos conexos como el lavado de activos y trata de personas.

Con el sector transporte las autoridades de la Dipampco están trabajando para crear una estrategia que en su momento darán a conocer.

La nueva estrategia de la Dipampco está tejida con ocho ejes en el combate a la extorsión, entre los cuales está la parte operativa que comprende las actuaciones de todos los operadores de justicia.

En cuanto a la educación está planeado capacitar, especializar y certificar al personal. Dentro de ese programa tienen planeado mandar a agentes para que conozcan las referencias de otras países en el combate al crimen organizado como Colombia y México que son más cercanos en cuanto a la realidad que se vive en el país en esa materia.

Otro de los ejes es las reformas en la parte legal con las que se busca que las acciones de todos los operadores de justicia se hagan de una manera más expedita y que la lucha en la parte operativa sea más efectiva. En la parte tecnológica se fortalecerá el aspecto operativo para el seguimiento y persecución del delito y contrarrestar las actividades de las estructuras criminales.

En el caso de las cárceles se contempla el control de las comunicaciones en los centros penitenciarios. Esa función en los centros penales ahora le toca a la Policía Militar porque ellos asumieron ese rol y lo que falta que hacer en esa materia lo debe realizar la institución castrense.

Dentro de los ejes también está establecer convenios con otras instituciones del Estado para integrar bases de datos y hacer más fácil el trabajo a los investigadores y a los operadores de justicia para dar una respuesta rápida y lo otro es el rol de Estado de otorgar el presupuesto necesario.

Las autoridades señalaron que en el caso de Conatel está muy pobre la ley por lo que está pendiente las reformas en el marco legal de las comunicaciones.

En ese caso tiene que haber sanciones más fuertes contra las compañías telefónicas para que haya un mejor control para cerrarle los espacios a los criminales. La falta de control de las telefonías es tal que hay personas que por puños llevan los chips y los compran como confites.

Además en materia de telefonía se buscará con Conatel y las empresas de ese sector que los privados de libertad no tengan medios para comunicarse al exterior de los centros de reclusión. También buscan cerrarle los espacios a los facilitadores del accionar delictivo de las maras como los que les venden municiones porque sin las municiones no hay armas y los que les proveen combustible porque sin combustible no hay vehículos.

Para las autoridades de la Dimpapco hay dos aspectos claves para combatir a las maras y pandillas, uno es golpearlas con sus activos porque al quitarles el dinero no hacen nada y fortalecer la parte legal. Las autoridades de la Dipampco enfatizaron que con las reformas legales buscan atacar a los grupos delictivos en sus modalidades de delinquir como son la extorsión, tráfico de drogas, lavado de activos y trata de personas.

Indicaron que las debilidades legales en algunos casos no les ha permitido que condenen a los imputados y lograr su objetivo que es dejarlos en la cárcel.

Según las autoridades antimaras, una vez que reformen la ley van a tener la oportunidad de contar con una normativa legal a favor de todos los operadores de justicia para condenar a las personas que sean encausadas.

Refirieron que para identificar cuales son los capitales de una estructura criminal por lo menos son dos años y por eso la ley en ese sentido no es expedita.