Senador de EEUU pide revocar visa y sancionar como “importante narcotraficante extranjero” a Juan Orlando Hernández

El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez envió este jueves una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, y a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, solicitando formalmente que la administración del presidente Joe Biden revoque de inmediato la visa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y lo sancione como “importante narcotraficante extranjero” en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico.

En la carta enviada, el influyente senador insta a la administración a asegurarse de que Hernández rinda cuentas por sus acciones como “co-conspirador”.

Fiscales estadounidenses dan credibilidad a testimonios que implican a Hernández en delitos de narcotráfico y lo designan como “co-conspirador”, aunque no existe una acusación formal contra el exmandatario, que afirma que se trata de una venganza.

“Las alegaciones en los casos judiciales federales citados anteriormente sugieren fuertemente que Juan Orlando Hernández está involucrado en actividades delictivas y narcotráfico, que han puesto en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos, la prosperidad del pueblo hondureño y por las cuales no se le ha hecho responsable. Al sancionar al expresidente Hernández en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico y revocar su visa, el Gobierno de Biden puede afirmar su compromiso de promover el Estado de derecho en Centroamérica y emitir una declaración inequívoca de que la impunidad del gobierno no será tolerada en ningún lugar”, agrega la misiva.

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“Según el Departamento de Justicia, la impunidad entre los funcionarios gubernamentales de alto rango involucrados en actividades de tráfico de drogas en Honduras ha contribuido a que el país se convierta en uno de los principales puntos de transbordo de cocaína con destino a Estados Unidos y en un narcoestado en ruinas”, añade la petición.

“A pesar de la evidencia creíble, profundamente alarmante y creciente de la participación directa del expresidente Hernández en el narcotráfico, Estados Unidos aún tiene que responsabilizar públicamente a Juan Orlando Hernández por sus acciones. Me temo que la omisión de Juan Orlando Hernández en estas listas está enviando un mensaje equivocado al pueblo hondureño en un momento de transición de su democracia, así como a los funcionarios públicos de toda la región”, expresa por escrito el senador.

“Pido que se tomen medidas para promover la rendición de cuentas en nombre del pueblo hondureño y defender el Estado de derecho en todo el continente americano, identificando al expresidente Hernández como un ´narcotraficante extranjero importante´ en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico y revocando su visa. Esto garantizaría que a Juan Orlando Hernández se le niegue la entrada a los Estados Unidos, el acceso a los sistemas financieros de los Estados Unidos y la capacidad de realizar transacciones con empresas e individuos estadounidenses, también permitiría al Departamento del Tesoro apuntar a la red de tráfico de Juan Orlando Hernández al sancionar a cualquier negocio y operativo relacionado”, añade la solicitud.

Bob Menéndez recordó que cuando el exvicepresidente venezolano Tareck El Aissami estuvo implicado en actividades de narcotráfico en 2017, el Gobierno de los Estados Unidos lo responsabilizó correctamente al sancionarlo en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico. De manera similar, cuando el expresidente colombiano Ernesto Samper fue implicado en conexiones con el narcotráfico en 1996, el Gobierno de los Estados Unidos denunció públicamente sus acciones y revocó su visa, enviando un mensaje al “pueblo colombiano, al Gobierno de Colombia y a todos los demás en nuestro hemisferio que hablamos en serio; las acciones del Gobierno de los Estados Unidos en ese entonces deberían guiar sus acciones ahora”.

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El presidente Menéndez continuó criticando la exclusión del exmandatario Hernández de la lista del Departamento de Estado de actores corruptos y antidemocráticos en el Triángulo Norte.

En ocasiones anteriores y de forma categórica Juan Orlando Hernández rechazó las acusaciones que le han hecho en Estados Unidos narcotraficantes hondureños que afrontan juicios en ese país, algunos de ellos ya condenados y otros a espera de sentencia.

Hernández aseguró en su momento que los criminales y narcotraficantes encontraron la “llave mágica”, refiriéndose a las acusaciones en su contra desde Estados Unidos. El expresidente sostuvo durante el último año de gobierno que “las armas más efectivas para la lucha contra el narcotráfico han sido la extradición y la colaboración con el gobierno de los Estados Unidos. Tomé la iniciativa en la lucha para aprobar la extradición, lo hicimos a pesar de muchas voces opositoras, nadie involucrado con el narcotráfico lucharía por aprobar la extradición”.

Carta enviada por el senador traducida al español:

“Estimado secretario Blinken y secretaria Yellen, le escribo para instarle a que tome medidas adicionales para responsabilizar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández por su importante participación en el narcotráfico internacional. Aunque Hernández no ha sido acusado formalmente, las pruebas presentadas en varios casos judiciales federales de Estados Unidos desde 2019 lo han implicado de manera creíble como co-conspirador en delitos de narcotráfico.

En febrero de 2021, los documentos judiciales mostraron que los fiscales estadounidenses estaban investigando a Hernández y a otros funcionarios gubernamentales de alto rango por presunta participación en planes de tráfico de drogas. Ya es hora de que el Gobierno de los Estados Unidos busque medidas de rendición de cuentas contra Juan Orlando Hernández, comenzando con una revocación pública de su visa y designación en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico.

Es imperativo que la administración de Biden tome una posición firme en nombre del Estado de derecho en Honduras al hacer que los líderes del país rindan cuentas. La rendición de cuentas es uno de los cimientos de la democracia y el Estado de derecho.

Según el Departamento de Justicia, la impunidad entre los funcionarios gubernamentales de alto rango involucrados en actividades de narcotráfico en Honduras ha contribuido a que el país se convierta en ´uno de los principales puntos de transbordo de cocaína con destino a Estados Unidos´ y en un ´narcoestado en ruinas´. La Presentación de sentencia del Gobierno de los Estados Unidos en el caso de Estados Unidos v. Juan Antonio Hernández Alvarado se refiere directamente al expresidente Hernández como uno de estos funcionarios, alegando que desempeñó un papel de liderazgo en una conspiración de tráfico de drogas violenta y patrocinada por el Estado.

Aunque Juan Orlando Hernández ha negado estas acusaciones, los materiales presentados en tres casos de la Corte Federal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York que involucran a familiares y exsocios, han presentado evidencia incriminatoria de su participación directa en actividades de narcotráfico.

El 30 de marzo de 2021, un juez de distrito de los Estados Unidos condenó al hermano de Juan Orlando Hernández, Tony Hernández, a cadena perpetua luego de que fuera declarado culpable de conspiración para traficar al menos 185,000 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. Las pruebas presentadas en los procedimientos judiciales en el caso de Estados Unidos v. Juan Antonio Hernández Alvarado demostraron que entre 2004 y 2019 Tony Hernández aseguró y distribuyó millones de dólares en sobornos derivados de las drogas a Juan Orlando Hernández, quien actuó como su co-conspirador.

En 2013, por ejemplo, Tony Hernández, bajo la dirección de Juan Orlando Hernández, aceptó $1millón del exlíder del Cártel de Sinaloa, El Chapo, para apoyar la campaña presidencial de su hermano. Los procedimientos judiciales indicaron que Juan Orlando Hernández no negó haber recibido el pago.

También revelaron que Juan Orlando Hernández en 2013 solicitó $1.6 millones en ganancias de drogas al narcotraficante Ardón Soriano para financiar su campaña electoral y las campañas de su partido político. Una última prueba relevante presentada en el juicio fue un libro de ganancias de drogas incautado por las fuerzas del orden hondureñas en junio de 2018 que contenía las iniciales de Juan Orlando Hernández.

El 22 de marzo de 2021, un jurado condenó a Geovanny Fuentes Ramírez, exsocio de Juan Orlando Hernández, por cargos de narcotráfico por su participación en una conspiración criminal que involucra a altos funcionarios del gobierno hondureño. Uno de esos funcionarios identificado por los fiscales como cómplice era Juan Orlando Hernández. Como se alega en la Moción in Limine del Gobierno, Juan Orlando Hernández en 2013 y 2014 recibió “decenas de miles de dólares (de Fuentes Ramírez) a cambio de una promesa continua de protección... del escrutinio de las fuerzas del orden público y apoyo militar a sus actividades de narcotráfico”.

La Moción in Limine también alegó que Juan Orlando Hernández hizo varias declaraciones incriminatorias, incluida la admisión de ´malversar la ayuda de los Estados Unidos a través de organizaciones no gubernamentales´ y querer hacer que la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) pensara que Honduras estaba luchando contra el narcotráfico´ cuando en cambio estaba interesado en inundar Estados Unidos con cocaína”.

Los datos del teléfono de Fuentes Ramírez, entre otras pruebas, sugerían que Fuentes Ramírez se reunió con Juan Orlando Hernández luego de dos presentaciones de la fiscalía en el caso contra Tony Hernández.

El 30 de abril de 2020, el Departamento de Justicia acusó a Juan Carlos Bonilla Valladares, exjefe de la Policía Nacional de Honduras, de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos en el caso de Estados Unidos v. Juan Carlos Bonilla Valladares. La denuncia penal federal alegaba que Bonilla Valladares usó su cargo para proteger las actividades de narcotráfico de sus cómplices Juan Orlando Hernández y Tony Hernández, también alegó que los hermanos Hernández ordenaron a Bonilla Valladares asesinar a un narcotraficante rival”.