Presentan pruebas contra JOH por presunto desvío de L62 millones para campaña política

A las nueve de la mañana de este miércoles, el expresidente Juan Orlando Hernández e integrantes de su defensa técnica ingresaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para hacer frente a la audiencia inicial en el marco del expediente judicial conocido como Pandora II.

En el desarrollo de la audiencia inicial, la Fiscalía ha ratificado la acusación por el presunto desvío de fondos públicos destinados originalmente a proyectos de beneficio social.

Según la ratificación de los hechos, "había hecho el traslado de más de 62 millones de lempiras de varias secretarías del Estado a varias cuentas (...) que fueron utilizados estos fondos para una campaña política", expuso el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.

Hasta el momento, a las 11:15 a. m. Silva informó que "la Fiscalía ya ha ofertado 19 medios de prueba, dos de ellos testificales y 17 medios de prueba documentales".

De acuerdo con las declaraciones de Silva, "estos documentos, entre otros, son las gacetas con acuerdos de nombramiento para la acreditación de presuntos convenios de beneficios sociales, convenios suscritos con secretarías de Estado, auditorías de ONG y los que no se llevaron a cabo logros con esas ayudas sociales, constancias de patronatos y municipalidades para la no ejecución de programas y convenios".

Asimismo, se busca demostrar la desviación de los recursos públicos. "Además, se quiere acreditar con estos medios de prueba documentales que el destino de los fondos fue diferente de cuando se llevó la Secretaría del Estado y lo utilizado en esas cuentas, que también se ha dado como medios de prueba documentales, y se estaría a la espera de que presenten algún tema de auditorías que, dado el uso de presupuesto, pudieran estarse evacuando dentro de esta audiencia inicial", añadió Silva.

Silva recalcó que "la fiscalía ha ratificado la acusación y ha estado ofertando los medios de prueba. Esta ha sido la estrategia que ellos tienen, es decir, que posiblemente no presenten etapa incidental. Después de que termine, la fiscalía será la Procuraduría General de la República la que oferte los medios de prueba que ellos consideren oportunos. Cuando termine ese ente acusador, entonces será el momento para que la defensa técnica evalúe los medios de prueba ofertados y pueda presentar las objeciones ante el juez de criminalidad organizada, medioambiente y corrupción".

Antes de comenzar la audiencia, Silva detalló las etapas que marcarán el desarrollo de la jornada procesal. El juez de la causa en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción dio la apertura a esta audiencia inicial. Lo primero que se va a conocer en este caso es la ratificación de la acusación y de los delitos que le va a imputar la Fiscalía al expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado”.

Silva señaló además que la calificación delictiva podría sufrir modificaciones según la tesis acusatoria del ente fiscal. “Siempre será primero la Fiscalía la que ratificará los hechos y presentará los delitos. Si ellos lo tienen a bien, también pueden presentar incidentes, nulidades y algún tipo de excepciones; posteriormente, la Procuraduría General de la República actuará en esos mismos términos”, indicó.

Posteriormente, corresponderá el turno a la representación legal del exmandatario. “Finalmente, será la defensa técnica del expresidente Hernández Alvarado la que estaría presentando sus medios de prueba y, además, algún tipo de incidentes, nulidades y excepciones. Todo eso es lo primero que se presenta”, agregó el vocero, puntualizando que, tras resolver estos recursos y admitir las pruebas presentadas, se dará paso a la evacuación del debate, las conclusiones y luego la convocatoria para emitir la resolución de la audiencia inicial.

El desarrollo del proceso cuenta con la vigilancia de organismos de sociedad civil y derechos humanos. Representantes del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se hicieron presentes en la sala para observar el desarrollo del trámite, tal como lo hicieron durante la primera audiencia. De igual manera, delegados del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) dan seguimiento al proceso legal.

En cuanto al desenlace de esta audiencia inicial, el juez que conoce el caso podría dictar un sobreseimiento definitivo o provisional si considera insuficiente la carga probatoria, emitir un auto de formal procesamiento manteniendo las medidas sustitutivas a la prisión, o determinar el auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva, lo que implicaría su remisión inmediata a un centro penal.

El caso, en el que el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) obtuvo un sobreseimiento definitivo, investiga el presunto desvío de unos 10.8 millones de dólares hacia dos fundaciones entre 2010 y 2013, cuando Hernández presidía el Parlamento, fondos que supuestamente habrían sido utilizados para financiar su campaña electoral de 2013.