Preso alcalde de Talanga por no justificar L321 millones

Aunque la defensa del alcalde Roosevelt Avilez López alegó que tenía arraigo para defenderse en libertad, un juez lo envió a prisión, al igual que a sus familiares.
El funcionario enfrenta junto a familiares el delito de lavado de activos.

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TEGUCIGALPA

Dos ferreterías, una gasolinera, así como extensas propiedades y vehículos, es la inversión de más de 160 millones de lempiras que le cuestiona el Ministerio Público al alcalde de Talanga, Roosevelt Eduardo Avilez López, quien ayer quedó en prisión por lavado de activos.

Al igual que el alcalde, su esposa, candidata suplente, Nancy Santos Ríos, un juez con jurisdicción nacional le decretó la detención judicial por lavado de activos de más de 150 millones de lempiras. Juntos tienen 321 millones de lempiras en bienes.También seguirán en prisión César Leiva Ríos, Fadde Avilez López y Bella Ríos Zúniga, miembros de su núcleo familiar.

Al alcalde y a su familia les aseguraron 131 bienes inmuebles, 43 vehículos y tres empresas mercantiles, que según la Fiscalía contra el Crimen Organizado no tienen origen lícito.

En el informe financiero patrimonial que tiene como prueba la Fiscalía afirman que las dos empresas del alcalde de Talanga Roosevelt Avilez así como sus ingresos personales no son congruentes con las inversiones en lujosas residencias, extensiones de terrenos y viviendas en varias ciudades del país.

Ayer en la audiencia de imputado, la Fiscalía presentó la acusación mientras que los abogados defensores rechazaron los cargos imputados y se dedicaron a demostrar que sus representados tenían arraigo para defenderse en libertad.

La comparecencia ante el juez con jurisdicción nacional fue en el Fuerte Cabañas en Tegucigalpa. En su resolución, el juez negó medidas sustitutivas a los cinco imputados y fijó la audiencia inicial para el viernes 22 de octubre.

En esa audiencia, los fiscales llevarán al analista que hizo el informe financiero y darán a conocer de forma detallada las inversiones que había hecho el alcalde en los últimos años.

Con ese informe la Fiscalía pretende aportar los indicios mínimos para que el juez decrete el auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva para los encausados.La defensa de los cinco acusados también podrá aportar pruebas para justificar la compra de cada uno de los bienes que tienen y demostrar su rigen lícito.

Algunos defensores luego de haber conocido la resolución se quejaron porque el juez solo dio dos días para que se prepararan con las pruebas.

Según el Ministerio Público, desde 2013 recibieron denuncias en contra de Roosevelt Avilez, por supuesta participación en una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas y producto de eso había incrementado su patrimonio familiar.

La finca La Esmeralda es una de las propiedades aseguradas donde solía pasar el alcalde.

En el aumento en el patrimonio, indica el Ministerio Público, está su esposa y otros tres miembros de su núcleo familia que poseen bienes a sus nombres y que no logran justificar.

Entre 2014 y 2015, la Fiscalía recibió otras denuncias relacionadas al tráfico de drogas.Pero después de ocho años de la primer denuncia, según el Ministerio Público, concluyeron las investigaciones y lograron obtener las pruebas y acusar al alcalde nacionalista y a su núcleo familiar.

Lujos

Una de las más grandes mansiones que es parte de los 131 bienes que tienen medidas de aseguramiento es propiedad de la hermana del alcalde, Fadde Avilez López, ubicada en Las Casitas en Comayagüela.

Otra es una extensa finca llamada La Esmeralda, ubicada a uno kilómetros del centro de Talanga, que era donde solía pasar el alcalde, pero ayer ya estaba rodeada de militares y agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) que realizaron las acciones de la operación Real.

Algunos de los 43 carros que tienen medida de aseguramiento, según se conoció, fueron escondidos en predios de amigos de la familia del alcalde, pero los agentes indicaron que siempre terminan siendo ubicados.

Lavado de activos
Prisión
Roosevelt Eduardo Aviléz López
Ministerio Público
Oabi