Observadores urgen sentencia en caso de la ambientalista Berta Cáceres

La Misión de Observación Calificada que da seguimiento al juicio por el asesinato en marzo de 2016 de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, urgió este miércoles a un tribunal de Honduras a emitir la sentencia contra el coautor del crimen para garantizar “justicia” para las víctimas.

En un comunicado de prensa, las organizaciones que integran la Misión de Observación hacieron un llamado al Tribunal de Sentencia con competencia territorial nacional a que “emita la sentencia conforme al fallo condenatorio dictado” en junio pasado contra el hondureño Roberto David Castillo.

Señalaron que el fallo “histórico” contra Castillo, quien era presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (Desa), confirmó que él jugó “un papel decisivo como coautor del asesinato” de la ambientalista de la etnia Lenca y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) en 1993.

Además, Castillo formó parte de “una estructura de poder” de Desa, encargada de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, a la que se oponía Berta Cáceres por considerar que causaba daños al medioambiente.

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“Aún no se han imputado ni procesado actores claves de esta estructura a pesar de estar abiertas investigaciones desde hace más de cuatro años. El fallo debería impulsar una investigación con debida diligencia de todos los autores de este crimen para que sean debidamente llevados a la justicia”, indicó la Misión de Observación.

Pese a que tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para protegerla de las constantes amenazas que recibía, Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 a tiros en su casa, en La Esperanza, occidente del país.

Los abogados de la familia de Cáceres han solicitado la pena máxima de cárcel, 25 años, para Castillo, la misma que ha pedido el Ministerio Público de Honduras, mientras que la defensa pide la mínima, 20 años.

Los observadores indican que los recursos de casación presentados por siete hondureños condenados en diciembre de 2019 por este asesinato “aún no han sido resueltos” por la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, por lo que el caso sigue “sin firmeza jurídica”.

Cuatro de ocho acusados fueron condenados a 34 años de prisión por el asesinato de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro. Otros tres fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del crimen.

Esta inseguridad jurídica “pone en riesgo el debido proceso y a las garantías de las víctimas a la reparación digna y a la no repetición, dejándolas en una situación de vulnerabilidad y sin acceso a una justicia plena”, destacan.

El asesinato de Berta Cáceres representa “una herida no sólo para su familia, el Copinh y las comunidades indígenas de Río Blanco, sino para todo el país y la comunidad internacional”, afirmó la Misión de Observación.

“Las lecciones aprendidas durante estos cinco años de procesos judiciales deben servir para proteger los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades en defensa de sus territorios”, enfatizó.

El Estado de Honduras debe “garantizar una justicia integral” para “avanzar hacia la construcción de una sociedad basada en el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos”, señaló el comunicado.

“Aún no se han imputado ni procesado actores claves de esta estructura a pesar de estar abiertas investigaciones desde hace más de cuatro años. El fallo debería impulsar una investigación con debida diligencia de todos los autores de este crimen para que sean debidamente llevados a la justicia”, indicó la Misión de Observación.

Pese a que tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para protegerla de las constantes amenazas que recibía, Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 a tiros en su casa, en La Esperanza, occidente del país.

Los abogados de la familia de Cáceres han solicitado la pena máxima de cárcel, 25 años, para Castillo, la misma que ha pedido el Ministerio Público de Honduras, mientras que la defensa pide la mínima, 20 años.

Los observadores indican que los recursos de casación presentados por siete hondureños condenados en diciembre de 2019 por este asesinato “aún no han sido resueltos” por la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, por lo que el caso sigue “sin firmeza jurídica”.

Cuatro de ocho acusados fueron condenados a 34 años de prisión por el asesinato de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro. Otros tres fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del crimen.

Esta inseguridad jurídica “pone en riesgo el debido proceso y a las garantías de las víctimas a la reparación digna y a la no repetición, dejándolas en una situación de vulnerabilidad y sin acceso a una justicia plena”, destacan.

El asesinato de Berta Cáceres representa “una herida no sólo para su familia, el Copinh y las comunidades indígenas de Río Blanco, sino para todo el país y la comunidad internacional”, afirmó la Misión de Observación.

“Las lecciones aprendidas durante estos cinco años de procesos judiciales deben servir para proteger los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades en defensa de sus territorios”, enfatizó.

El Estado de Honduras debe “garantizar una justicia integral” para “avanzar hacia la construcción de una sociedad basada en el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos”, señaló el comunicado.