EEUU le quita la visa a otros políticos hondureños por corrupción

Revuelo en los círculos políticos y opinión pública generó ayer miércoles la inclusión de nuevos funcionarios y exfuncionarios hondureños en la Lista Engel, conocida por su poder de sancionar a individuos involucrados en corrupción y violaciones a derechos humanos.

Un total de nueve hombres y una mujer de parte de Honduras figuran entre las 41 personas de Centroamérica señaladas de ser “actores corruptos y antidemocráticos” por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Los hondureños enlistados en esta ocasión son Jorge Alberto Moraes, exgerente administrativo de Inversión Estratégica Honduras (Invest-H); Alexander López, alcalde de El Progreso, Yoro; Yani Rosenthal, expresidenciable y presidente del Partido Liberal; Yolany Batres, exministra de la Secretaría de Salud; Jesús Mejía, exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), y Marcelo Chimirri, exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).

Del mismo modo fueron mencionados Miguel Pastor, exdirector de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi); Roberto Ordóñez, exministro de Infraestructura, de Energía y exasesor presidencial; Samuel García, diputado del Partido Liberal, y Víctor Bendeck, empresario y exdiputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

En el listado hay miembros del Partido Nacional (Batres, Pastor, Ordóñez y Mejía), del Liberal (Rosenthal, García, López y Bendeck) y de Libre (Chimirri). Las imputaciones en la Lista Engel contra los hondureños incluyen corrupción, manipulación, fraude y blanqueo de dinero.

La primera consecuencia para nombrados en la Lista Engel es la cancelación de visas de EUA. En consultas hechas por este medio de comunicación a abogados constitucionalistas se indicó que automáticamente el Departamento de Estado les revoca las visas a quienes incluye en esta lista, tal y como lo ha hecho con los anteriores.

Uno de ellos, Juan Carlos Barrientos, explicó que “el Departamento de Estado es el que trabaja de cerca con los visados y a los que añade a esta lista les notifica sobre la revocación de la visa vía correo electrónico, antes de su publicación no lo hacen porque sería ponerlos en preaviso”. La ley establece también que el presidente de Estados Unidos impondrá sanciones a involucrados en actos significativos de corrupción en cualquier país del Triángulo Norte de Centroamérica con bloqueo de propiedades.

Las reacciones de algunos personajes que aparecen con nombre y apellido en el listado no se hicieron esperar y en sus declaraciones externaron su extrañeza por ser incluidos, al tiempo que desmintieron tales aseveraciones en su contra y rechazaron la legitimidad de la lista.

El empresario Yani Rosenthal rechazó las acusaciones en sus redes sociales: “Yo no voto en las elecciones del Congreso. No soy diputado y por tanto no elijo magistrados. Rechazo categóricamente las infundadas acusaciones vertidas en la Lista Engel.

En cuanto a las empresas mencionadas, no guardo relación comercial con ellas”, aseguró Rosenthal.

Por su parte, el congresista Samuel García dijo sentirse impactado por la noticia, puesto que nunca imaginó salir en una lista de corrupción. El diputado afirmó que su conciencia está tranquila porque “no tengo la capacidad de estar con grupos de poder. Me causa impresión porque dicen que manipulé los resultados de la elección de la Corte Suprema de Justicia, pero lo único que hice fue votar”. Tanto Rosenthal como García son sindicados de participar en una “manipulación de resultados de la elección de la Corte para beneficios personales y políticos”.

Honduras eligió a los actuales magistrados el 16 de febrero de este año, donde fueron escogidos seis afines al Partido Libre, cinco al Nacional y cuatro al Liberal.

El juez magistrado Wálter Miranda Sabio, como representante del Poder Judicial, sostuvo que este fue un proceso “transparente” y recordó que organismos internacionales lo validaron. “Si ellos (EE UU) tienen pruebas, que lo demuestren, pero la Junta Nominadora y Congreso hicieron un extraordinario trabajo en la selección de los miembros. Si nos llegara uno de estos casos no duden que defenderemos la Constitución y las leyes”, sentenció.

Horas después de conocerse la publicación, el alcalde progreseño Alexander López lamentó que se haya mencionado en actos por los cuales no está siendo investigado por órganos estatales. “Reitero mi compromiso de continuar fortaleciendo los procesos de transparencia, como lo he hecho y seguiré haciendo hasta mi último día de administración”, reflexionó el jefe edilicio.

Más allá de las tensiones diplomáticas y controversias en los cimientos políticos, la lista puso a la sociedad civil en el centro de la escena, exigiendo justicia y rendición de cuentas.

El consultor anticorrupción Alex Navas cuestionó que sea otro país el que interfiera en señalamientos cuando en Honduras existe un Ministerio Público cuyo deber es indagar los delitos. “Se deben investigar a fondo las acusaciones y deducir responsabilidades, ahora más que nunca se siente necesario traer un organismo anticorrupción al país”, apuntó.

Mientras tanto, Kenneth Madrid, director legal de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), pormenorizó que los señalados se convierten en personas de especial interés para Estados Unidos y que en un futuro se podrían incluir cargos. Otra de las consecuencias, a su parecer, es el corte comercial que pudieran tener empresas vinculadas a Estados Unidos, evitando transacciones de todo tipo.

Luis Urbina, jefe de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), insistió en que autoridades hondureñas deben investigar a involucrados, sustentar los casos y judicializarlos.

“La población necesita justicia y pedimos que esto no quede en la impunidad”, subrayó.

A la petición de investigar a quienes salieron en el listado se sumó Rafael Canales, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH).