Dueños de fincas invadidas piden reunión con Xiomara Castro

Los propietarios de las empresas afectadas por las invasiones de fincas de palma africana en el Bajo Aguán solicitarán una reunión con la presidenta Xiomara Castro para encontrarle una salida al problema.

Los inversionistas del rubro preparan una nota y la harán llegar a la mandataria a través de Edilberto Ibarra, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), organización a la cual la mayoría de ellos pertenecen.

A la fecha hay un poco más de 12,000 hectáreas de plantaciones de palma en producción tomadas por supuestos campesinos. La invasión más reciente fue la del pasado fin de semana en donde grupos de personas invadieron 2,300 hectáreas.

Héctor Castro, presidente de la Asociación de Industriales de Palma Aceitera de Honduras (Aipah), ha denunciado que detrás de la usurpación de tierras están grupos delincuenciales.

“Las fincas están tomadas por delincuentes armados. Se posesionan a vista y paciencia de todos a robarse la fruta. Esto atenta contra la seguridad jurídica”, aseguró Castro.Hay cinco empresas afectadas por las invasiones en Colón: Corporación Dinant, Salamá, Aceidesa, Agropalma y Aproba.

Estas compañías se dedican a la extracción de aceite de la fruta de palma para comercializarlo a nivel nacional y para exportación.Algunas de las fincas invadidas son: Paso Aguán, San Isidro, Occidental, Tramvio, Tumbador de Corporación Dinant.Guanchías, Buenos Amigos, Suyapa, Bolero, Trinidad, Despertar y la Brea de Agropalma.Asimismo, Punta Rieles (Salamá), Remolino (Aceidesa) y Chapagua (Aproba).

Hay otras propiedades invadidas de productores independientes. Todas estas fincas están ubicadas entre los municipios de Trujillo y Tocoa.

“Los presidentes de las juntas directivas de las empresas afectadas estamos solicitando una reunión con la presidenta Xiomara Castro”, manifestó Jorge Bulnes, gerente de Agropalma.

Las invasiones están dejando pérdidas económicas a las empresas que rondan unos 7 millones de lempiras diarios.

Asimismo, alrededor de 1,500 empleos se han perdido. Solo Agropalma ha tenido que despedir a unos 450 trabajadores permanentes y ha dejado de contratar a unos 150 temporales.

Cada semana las empresas despiden entre cuatro a seis personas. Las invasiones se vienen dando desde 2017, sin embargo, en los últimos años se habían parado.

Fue a finales de noviembre pasado que volvieron aprovechando que el país estaba a las puertas de un cambio de gobierno.Los dueños de las empresas afectadas interpusieron las denuncias en la Fiscalía a través de sus apoderados legales.

Un juez aprobó los desalojos, los cuales se ejecutaron por la Policía Nacional y el Ejército.Aunque se recuperaron un poco más de 2,000 hectáreas, estas fueron nuevamente invadidas días después.

El 29 de diciembre pasado, dos guardias de seguridad fueron asesinados cuando grupos armados llegaron de nuevo a invadir una finca que se había desalojado días antes.