Diputada de Libre pide que la Cicih solo dure cinco años

La diputada de Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Hortensia Zelaya, retomó el tema de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih) al sugerir que una vez instalado este mecanismos internacional solo 5 años de durabilidad.

Lo anterior es una iniciativa de ley que la congresista presentó la noche de este miércoles orientada a dar figura jurídica a la Cicih como querellante autónomo y facultades de acusador privado.

“La instalación de la Cicih, requiere la dotación de una figura jurídica que autorice, legitime y dé personalidad jurídica al mecanismo para que pueda investigar y combatir con independencia y autonomía, las redes de corrupción público privada de alto impacto que son responsables del saqueo y la entrega del territorio nacional, y se han mantenido en la impunidad”, dice parte del escrito que la congresista Castro leyó ante pleno del Congreso Nacional.

Entre tanto, también pidió que este mecanismos internacional sólo tenga 5 años de durabilidad una vez instalado.

La Ley Especial que presentó esta noche sólo requiere de 65 votos para que se pueda aprobar.

A la congresista se le dijo que la Cicih investigará el gobierno de su mamá y presidenta Xiomara Castro, pero respondió que no se puede limitar a este organismos internacional.

El Gobierno de Honduras y la ONU anunciaron en diciembre pasado la ampliación hasta junio de 2024 del memorándum de entendimiento para instalar la Cicih, una promesa de la campaña electoral de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, que lo ratificó cuando asumió el poder el 27 de enero de 2022.

La Secretaría General de la ONU y el Gobierno hondureño negociarán los términos del acuerdo bilateral requerido para el establecimiento del eventual mecanismo.

Según la ONU, el mecanismo internacional contra la corrupción entrará en vigor cuando ese acuerdo esté vigente, haya un acuerdo por escrito sobre las garantías legales mínimas y los requisitos para el funcionamiento de la comisión y un órgano intergubernamental de Naciones Unidas haya otorgado el mandato correspondiente.