El lunes 15 de junio quedó marcado para siempre en la memoria de una maestra de primaria de la escuela General Francisco Morazán de El Progreso, Yoro, zona norte de Honduras.
Un padre de familia trató de asfixiarla tras reclamarle un supuesto caso de acoso escolar del que, según él, era víctima su hija.
El caso de la docente, cuyo nombre se omite por razones de seguridad, forma parte de las múltiples historias de maestros que han sido víctimas de amenazas o agresiones por parte de padres de familia debido a medidas disciplinarias impuestas a sus hijos o por conflictos entre estudiantes.
El episodio vivido por la educadora ocurrió a las 1:55 pm. Diario LA PRENSA visitó el centro educativo progreseño para hablar con la docente y escuchar su testimonio. En una llamada dijo no estar en condiciones de brindar declaraciones debido al impacto emocional que le dejó la agresión. Sin embargo, una compañera que presenció lo ocurrido relató los hechos.
"Fue una situación complicada para el centro. Vino la Policía, la compañera estaba descontrolada y los alumnos estaban alterados por lo que veían", empezó diciendo.
Y agregó, "el problema empezó cuando este hombre, quien es el padre biológico, pero no el responsable de una de nuestras alumnas, vino a la escuela para verla. Él estuvo con la maestra de la niña y después de hablar con ella, le entregó cien lempiras a su hija, se despidió y luego fue a sentarse a las jardineras que están cerca de la dirección".
Según el testimonio, la docente agredida se acercó al padre de familia para preguntarle el motivo de su presencia en el centro educativo. Él respondió que esperaba a su hija.
"Cuando la profesora iba para la Dirección e la escuela, el padre se fue atrás de ella. Según nos contó, ahí él le preguntó si se permitían castigos en la institución, a lo que ella le dijo que era totalmente prohibidos.
Al parecer le dijo sobre una situación que de acoso que sufría su hija, pero él dio un nombre ficticio de la niña. Cuando la profesora empezó a consultarle por teléfono a los compañeros sobre la alumna, los otros maestros le dijeron que no la conocían, pero esto era porque no era el nombre real".
La compañera continuó: "Ella nos dijo que cuando se disponía a sentarse en el escritorio, él se le aproximó viendo los cuadros de promoción y sin motivo la agarró del cuello con las dos manos y la trató de estrangular. Nos contó que el hombre le decía 'callate, callate', ya que como podía gritaba y pedía auxilio. Dijo también que forcejeó con el hombre hasta que por fin la soltó y cayó al suelo; después él salió corriendo".
De acuerdo con el relato, varias docentes escucharon los gritos de auxilio que provenían de la dirección, por lo que de inmediato salieron corriendo a ver qué ocurría.
"Al ver el agresor que las dos maestras se acercaban a la dirección, fue cuando soltó a la 'profe' y huyó. Solo vieron cuando salió corriendo y después saltó el muro de la escuela", manifestó. El muro perimetral de la Escuela General Francisco Morazán mide aproximadamente dos metros de altura y está protegido con serpentina.
"Realmente no hay un motivo para que este padre agrediera a la compañera. Él la estuvo observando y analizando. Todo indica que es violento. Gracias a Dios que no lo hizo con un alumno. Ella tiene miedo ahora y no es para menos, incluso nosotros. Esperamos que la Policía investigue y actúe por seguridad de todos", finalizó.
Investigación y proceso judicial
Tras conocer el caso, LA PRENSA consultó el jueves 18 de junio a fuentes policiales sobre las investigaciones. En ese momento dijeron que realizaban diligencias para identificar al atacante, establecer las circunstancias del hecho y remitir el caso al Ministerio Público.
Este martes 23 de junio, agentes asignados a la investigación informaron que entrevistaron formalmente a la maestra para documentar la denuncia.
Asimismo, indicaron que ubicaron al supuesto agresor, identificado como Cristian Omar Reyes Martínez, y que ambos fueron citados para comparecer este viernes 26 ante el Juzgado de Paz de El Progreso, Yoro, a una audiencia de conciliación. El hombre es investigado por agresiones físicas.
"Lo que sabemos es que el hecho se dio porque, al parecer, el acusado reclamó que a su hija la agredía una compañerita. Luego de hablar con la maestra agredida, logramos dar con el acusado. Por ahora, ambos están citados en el juzgado de paz para una audiencia de conciliación", explicó una fuente policial.
La misma fuente indicó que, mientras se desarrolla el proceso, al acusado se le prohibió acercarse tanto a la víctima como al centro educativo. "El día de la audiencia, seguramente el juez que conozca el caso y escuche ambas partes, interpondrá estas mismas medidas".
Trabajo integral
Laura Manzanares, directora Municipal de Educación de El Progreso, Yoro, informó que la institución mantiene acompañamiento a la maestra agredida. Ante la gravedad de lo ocurrido en la escuela General Francisco Morazán, señaló que prevenir ese tipo de episodios requiere un trabajo conjunto entre los centros educativos y los padres de familia.
"Vivimos una situación en la que los padres de familia se molestan porque el portón de los centros se mantenga con candado. Como ellos sufragan muchos gastos de los centros, se creen con el derecho de ingresar como si estuvieran en su casa y cuando uno les dice que no es posible, por seguridad de los niños, se molestan", lamentó.
Manzanares explicó que los padres de familia acordaron contratar un vigilante para cubrir las jornadas matutina y vespertina, con el objetivo de reforzar la seguridad de docentes y estudiantes.
Sobre la situación de la docente agredida, manifestó que, como ella está en un proceso judicial, por ahora la reubicaron en otro centro, pero una vez culmine el proceso, será trasladada si ella así lo considera necesario.
"Haremos todo para que ella se sienta segura, ya que sabemos que no es fácil lo que pasó. De igual forma, pedimos a la Policía que manden patrullas a dar seguridad a los centros educativos", culminó.
Una labor amenazada
Honduras registró el pasado 29 de mayo la muerte violenta de un maestro. Se trata de Víctor Fiallos Paz (de 63 años), quien además era el director del Instituto Polivalente Brisas del Valle, en el sector de Cofradía, San Pedro Sula.
Su muerte conmocionó al sector educativo, ya que fue hallado sin vida dentro de su oficina dentro del centro escolar un día después de que una alumna se quitara la vida en su vivienda.
El caso ha causado preocupación en el gremio, ya que, según las investigaciones de la Policía, el asesinato de Fiallos habría sido producto de una represalia por parte de allegados de la estudiante fallecida, quien presuntamente se suicidó después de haber sido suspendida por tres días luego de que una maestra le encontrara un cigarrillo electrónico.
Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), afirmó que la labor de los decentes en el país se desarrolla en condiciones de alta vulnerabilidad. Esto debido a la exposición ante alumnos rebeldes y a padres intolerantes a que sus hijos sean sometidos a castigos por sus malas conductas.
"La labor de los maestros es muy vulnerable en el área de violencia. Esta se genera no solo por llamar la atención a alumnos, sino también porque padres de familias de algunos de ellos quieren imponerse en autoridad. Todos sabemos que hay alumnos y padres de familia que son conflictivos en el sistema educativo y hemos recibido casos de maestros que han recibido carteles amenazantes en los que les han dicho que si seguían en los centros, no respondían, todo por llamar la atención", dijo.
Añadió que algunos maestros que laboran en sectores conflictivos del país y más que todo en el sistema público, hoy en día optan por renunciar a sus plazas debido a las amenazas.
"Existen zonas donde no se debe llamar la atención a determinados alumnos porque como respuesta reciben amenazas o agresiones", aseguró.
Otra de las situaciones de violencia de las que son víctimas los maestros es que "todos sabemos que hay estructuras criminales coludidas en el sistema educativo debido a que ven a los alumnos como el mejor colchón de reclutamiento. Todo eso repercute en la seguridad de los docentes".
Para el defensor de derechos humanos, esta problemática "no cambiará hasta que las autoridades de Educación pongan orden y apoyen con los traslados a aquellos maestros que denuncian amenazas". Tampoco mientras los padres sigan el juego a sus hijos que están coludidos en los grupos antisociales y que, en su afán de imponer sus reglas, vulneran la seguridad de los maestros. Debe primar el interés por proteger la vida y la seguridad de los docentes; lamentablemente, poco a poco se está haciendo".
Asimismo, consideró que la Policía debería reforzar la seguridad en los centros educativos a sabiendas de que son asediados por grupos delictivos.
Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), entre 2016 y 2025 la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno registró 9,401 quejas de personas afectadas por desplazamiento forzado, de las cuales 550 corresponden a docentes.
Según las quejas atendidas por el Conadeh, el 71% de los docentes reportó amenazas. Otros casos incluyen tentativas de homicidio, violencia de género, asesinato de familiares y extorsión, lo que los coloca en una situación de alta vulnerabilidad y los convierte en uno de los sectores más afectados por la violencia.
