“Esto es un conflicto de poder interno de criminales”: Marisa Burgos

San Pedro Sula

Como un conflicto de poder cataloga la coordinadora del Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, la abogada Marisa Burgos, los amotinamientos que se han dando en las cárceles en el país. La togada habló con LA PRENSA sobre la situación de las cárceles y aconsejó que para intervenir los centros penales se deben crear comisiones y que se debe cumplir con la Ley del Sistema Penitenciario.

¿Qué opina sobre la intervención que ha hecho el Gobierno en los centros penales?

Con relación a la situación con el Gobierno actual, hay una intervención donde se hizo un traspaso de mando de militar a policial. Hay que destacar aspectos buenos, por más de 12 años se ha solicitado de parte de organismos internacionales, en este caso por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), la creación de una unidad de derechos humanos. La actual intervención lo hizo, la cual está dando una excelente respuesta, también se ha fortalecido y se ha iniciado con la depuración del Instituto Nacional Penitenciario (INP), personal que de cierto modo podemos decir que ha estado coludido con organizaciones criminales. En los últimos meses, la Policía hizo una depuración a nivel interno en Tegucigalpa, donde se ha despedido a unas 20 personas.

Como jueces de Ejecución, ¿qué han solicitado a las autoridades penitenciarias?

Hemos solicitado una Unidad de Inspectoría, y su función es investigar el actuar de las autoridades penitenciarias. Ellos lo investigan y hacen la recomendación al director del INP para que estas personas sean sancionadas de acuerdo con el régimen disciplinario o sean canceladas. En este caso se está haciendo una reestructuración de esa unidad, cosa que jamás hasta el día de hoy había funcionado.

¿Como coordinadora del Juzgado de Ejecución por qué cree que han ocurrido los amotinamientos en los centros penales?

Esta es una situación que se ha dado por años, no lo tenemos que ver de manera normal porque no es normal, pero no es nuevo, lo que llama la atención es el hecho de que ellos no están pidiendo ni reclamando por cuestiones de derechos humanos, me parece que esto es como un conflicto de poder a nivel interno entre organizaciones criminales. He escuchado a familiares que se deben destinar centros penales para determinada estructura, no comparto ese criterio porque se crearía una anarquía y nosotros como jueces de ejecución exigimos que se haga una verdadera clasificación, si no nos vamos a Ilama, tiene 1,250 privados de libertad, unos pertenecen a una estructura, otros a otra, y así hay personas que no pertenecen a estructuras, y entonces si no hacen una verdadera clasificación va a seguir sucediendo lo mismo. Esto es un problema de raíz, no es un problema que con el cambio de cabezas se va a mejorar, esto es un problema que como juez de Ejecución le puedo decir a la persona que actualmente está asumiendo la intervención, que es la doctora Julissa Villanueva, que debe ir interviniendo cada centro penal y que debe crear comisiones.

¿Se ejecuta la Ley del Sistema Penitenciario?

Tenemos una ley hermosa, hasta más completa a nivel de Latinoamérica, pero qué es lo que pasa, no la ejecutamos a cabalidad porque tenemos personal que no es capacitado.

¿Cómo ingresan las armas a las cárceles de máxima seguridad?

Es lo mismo que nosotros nos preguntamos como operadores de justicia, si nosotros al momento de ingresar a un centro de máxima seguridad hasta los zapatos nos quitan como jueces, nos pasan por un escáner, nos hacen la requisa del tacto físico y luego ingresamos. ¿En qué concluimos? En que hay una colusión. Soy del criterio de que en los centros penitenciarios debe haber una dinámica en que los agentes penitenciarios deben estar en constante monitoreo y deben rotarlos porque así se va cortando el vínculo de crear simpatía. Esas armas están desde que estaban los militares, eso no es novedoso, se debe crear una estructura a nivel superior para supervisar ese actuar.

¿A qué se enfrentan como jueces de Ejecución?

Siempre nos hemos encontrado preocupados porque no contamos con la seguridad, pero el mismo privado de libertad sabe que el juez de Ejecución está en constante contacto con ellos y viendo que no se le vulneren sus derechos.