Unos 20 mil policías contra la extorsión en Honduras

San Pedro Sula

Con unos 20,000 policías en las calles durante este fin de año, la Secretaría de Seguridad comienza una nueva estrategia para atacar y desarticular las organizaciones criminales que se dedican a extorsionar negocios y el sistema de transporte público.

La Policía Nacional mantendrá la mayor parte de ese contingente en 112 barrios y colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula (56 en cada ciudad) donde maras y pandillas y bandas integradas por ciudadanos de otro perfil delictivo ejecutan acciones extorsivas contra la población.

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Esta ofensiva policial es parte del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, presentado ayer en Tegucigalpa por la presidenta Xiomara Castro; el secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, y Héctor Gustavo Sánchez, director general de la Policía Nacional, con el cual el Gobierno librará la guerra contra las estructuras organizadas que, como durante la década pasada, también son, en parte, dirigidas desde los centros penales, incluidas las cárceles con módulos de máxima seguridad.

Al presentar el plan, Sánchez explicó que la Secretaría de Seguridad ya “tiene en las calles a 20,000 funcionarios trabajando” y, además, las diferentes entidades policiales han ejecutado en la última semana 15 allanamientos contra estructuras criminales, como la MS y Pandilla 18, mediante procesos “totalmente judicializados”.

“En el plan de Navidad y de cierre de año, a los funcionarios policiales que ya están trabajando se sumaron 1,500 policías que están haciendo su práctica policial supervisada, por lo tanto para cierre de año estaríamos implementando casi 20,000 funcionarios policiales en la calle enfrentando la problemática de la extorsión”, dijo Sánchez al presentar el plan en Casa Presidencial.

Sin embargo, las puntas de lanza del plan (2022-2026) son las unidades especializadas: la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el crimen Organizado (Dipampco), el Comando de Operaciones Especiales (Cobra) y Dirección de Inteligencia Policial, que serán fortalecidas con nueva tecnología.

Las autoridades han detectado que los delincuentes extorsionan mediante notas que contienen amenazas, mensajes por redes sociales, llamadas telefónicas y servicios disfrazados que las organizaciones criminales obligan a utilizar a cambio de una cantidad de dinero.

“Han surgido nuevas modalidades de extorsión, algunos servicios que las maras y pandillas obligan a que la población o empresarios del transporte consuman... hablamos de “car wash”, rifas apuntadas, préstamos gota a gota. Esto se da mucho en el mercado, donde se establece un préstamo con un interés diario de un 50% o más; la venta de comida, repuestos, entre otros”, dijo.

“Nosotros estamos atacando las estructuras criminales, no al joven o menor de edad que es obligado a ir a recoger la renta o el dinero”, dijo Sánchez.

De acuerdo con las autoridades policiales, las víctimas pagan la extorsión en efectivo, depositan en cuentas de banco y por medio de billeteras electrónicas. Para neutralizar este modo de operación, la Secretaría de Seguridad ha instado a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y a la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) a tomar medidas que obliguen a los ciudadanos a presentar dos documentos de identificación al momento de comprar un teléfono celular o realizar una transferencia electrónica.

“Ordeno a Conatel controlar la venta de los chips para teléfonos, no se va a comercializar chip sin el número de identidad. Ordeno a la Comisión Nacional de Banca y Seguros establecer las medidas necesarias para que toda transacción económica en las diferentes modalidades sea a través de la identificación del responsable”, dijo la Presidenta.

La mandataria le declaró la guerra abierta a los extorsionadores ayer como lo ha hecho, expresó, “a la corrupción, impunidad y narcotráfico” para “retornarle a la población la dignidad perdida en el régimen anterior”.

Al mismo tiempo, el ministro Ramón Sabillón ha llamado a diferentes sectores de la sociedad, “concernientes al tema y a este plan para que compartan (...) la corresponsabilidad”.

“Tenemos el deber de enfrentar como colectivo este problema”, dijo al presentar la estrategia, que conlleva reformas a diferentes leyes.

Las autoridades del Ejecutivo esperan que el Congreso Nacional modifique en las próximas semanas el Código Penal, Ley de Intervención de las Comunicaciones, Ley y Reglamento del Sistema Penitenciario, Ley de Lavado de Activos, Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional y el Código de la Niñez y la Adolescencia.

La Secretaría de Seguridad solicita al Congreso Nacional aumentar por lo menos a seis años de prisión el uso de uniformes, insignias, equipo policial o militar de los grupos delincuenciales organizados (GDO) “para que no sea un delito fiable, ya que su pena es menor a 5 años”.

El plan antiextorsión conlleva la instauración de un nuevo sistema de pago (con tarjeta) para los usuarios del transporte urbano y un censo en el cual estarán registrados los trabajadores y dueños de autobuses.