Gráficos: ¿Cómo ha sido el rendimiento del gobierno de Xiomara Castro?

Tegucigalpa, Honduras.

Honduras atraviesa desafíos económicos, sociales y de gobernabilidad. Las secretarías del gobierno son clave para ejecutar políticas públicas que transformen el país, pero a pesar de promesas y esfuerzos, los avances en la resolución de problemas urgentes son lentos y, en muchos casos, insuficientes.

Así lo consideran diversos analistas consultados por LA PRENSA Premium, quienes opinan que la falta de coordinación, la burocracia excesiva y el enfoque político en lugar del enfoque técnico son algunos de los frenos más evidentes que siguen limitando la capacidad de las secretarías para cumplir con sus objetivos.

”El desempeño del gobierno en materia económica ha sido deficiente porque no ha encontrado el timing (momento) para aplicar las políticas adecuadamente. Para eso se necesita priorizar la agenda económica, en vez de la agenda política”, opinó Alejandro Kaffati, oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

A su juicio, a lo largo de los años, las secretarías del gobierno han estado atrapadas en una agenda política que prioriza intereses partidarios sobre los intereses reales de la ciudadanía. Este enfoque ha distorsionado la funcionalidad de las instituciones, obstaculizando el progreso y desviando los recursos hacia acciones que no siempre corresponden con las necesidades más urgentes.

“Lo que necesitamos son soluciones reales, no más promesas políticas. La gente ya está cansada de la retórica vacía. El gobierno ya pasó la etapa de la sorpresa, la etapa del aprendizaje, la etapa de la consolidación, deberían estar recogiendo frutos y dejar de culpar a otros por los problemas que tienen”, afirmó Miguel Calix, analista político.

Calix consideró que, a pesar de los problemas, el gobierno ha tenido tiempo para acumular experiencia, y para el cuarto año, se esperaría una ejecución más eficiente.

A su criterio, el gobierno heredó estructuras funcionales, pero la agenda ambiciosa y la falta de coherencia en la toma de decisiones han generado tensiones, especialmente en la relación con el sector privado y en la política fiscal.

En cuanto a las secretarías, Calix opinó que, si bien algunas continúan con proyectos previos, otras, como la de Justicia, Gobernación y Relaciones Exteriores, han tenido que lidiar con la polarización política y la falta de consenso.

En el caso de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, aunque hay voluntad para implementar planes, la tardanza en su ejecución ha generado quejas dentro del sector.

Otras secretarías, como el Instituto Nacional de la Mujer y el Ministerio de Niñez, han mantenido continuidad en sus programas, pero sin grandes cambios o avances importantes, explicó el experto.

LA PRENSA Premium revisó el informe de gestión de los principales resultados institucionales de 2023 (el de 2024 no ha sido publicado), elaborado por la Dirección de Gestión de Resultados (Diger), en el que se evaluaron a 93 instituciones en base a cuatro indicadores principales: metas presidenciales, metas institucionales, metas de transparencia y metas de ejecución presupuestaria.

Sin embargo, para este reportaje, se centró exclusivamente en el cumplimiento de las metas institucionales, dejando al descubierto tanto los aciertos como los fracasos de la administración pública.

Según el informe, una meta se considera cumplida si se supera el 90% de ejecución, mientras que un desempeño medio se sitúa entre el 70% y 89%, y por debajo del 70% se clasifica como incumplimiento.

Al promediar los resultados de las metas, encontramos que el gobierno cerró el 2023 con un rendimiento del 75%, es decir, tuvo un desempeño medio, según sus propios indicadores.

De las 449 metas evaluadas, solo el 34.74% fue catalogado como “cumplido”, mientras que un 34.08% alcanzó un “desempeño medio”, y el 31.18% restante se clasificó como “incumplido”.

”Podríamos decir que este es un gobierno promedio. Siendo justos, no considero que pueda catalogarse como el mejor en la historia del país, pero tampoco como el peor. Yo le otorgaría una calificación del 40%, quizás el 50%,” expresó Calix.

El experto señaló que las expectativas hacia el actual gobierno son altas debido a su ambiciosa agenda, que incluye numerosas propuestas a ejecutarse en un corto plazo, algunas de las cuales resultan inviables. “Se trata, en muchos casos, de promesas populistas, poco realistas y que no se ajustan al contexto actual,” afirmó.

El cumplimiento de metas para el año 2023 tuvo un panorama desigual en los distintos ejes de desarrollo. De acuerdo con los datos, el mejor desempeño se registra en el eje de Derechos Fundamentales, Gobernabilidad Participativa e Institucionalidad, donde más de la mitad de las metas (56.5%) fueron cumplidas.

Por otro lado, los ejes de Crecimiento Inclusivo y Sostenible y Equidad de Género, Ciencia, Tecnología y Cultura presentan un bajo rendimiento, cumpliendo apenas 3 de cada 10 metas planteadas.

Aunque el 30.5% de las metas fue alcanzado, un 33.6% quedó sin cumplir, lo que, tal como lo mencionan especialistas, representa un desafío para el desarrollo económico sostenible del país.

Asimismo, el eje de Equidad de Género, Ciencia, Tecnología y Cultura reflejó un desempeño similar, con solo el 30.4% de las metas cumplidas y un 33.9% incumplido.

En tanto, el eje de Paz y Seguridad también enfrentó retos importantes. Aunque logró cumplir el 44.2% de sus metas, un 26.9% no se alcanzó.

En tanto, el rendimiento de las instituciones evaluadas durante 2023 evidencia una amplia brecha en la efectividad del cumplimiento de metas. De las 93 instituciones analizadas, únicamente 18 lograron superar el 90% de cumplimiento promedio, lo que representa un 19.3% del total.

La mayor concentración de instituciones se encuentra en el rango del 70% al 79%, con 26 entidades (27.9%), seguidas de aquellas con un desempeño entre el 80% y el 89%, que agrupan a 24 instituciones (25.8%).

Estos resultados indican que casi la mitad de las instituciones (51.6%) se ubica en niveles intermedios de cumplimiento, es decir, un desempeño aceptable, pero con margen para mejoras a futuro, opinaron expertos.

Por otro lado, 25 instituciones se encuentran por debajo del 70% de cumplimiento, de las cuales 10 no lograron alcanzar ni el 60%.

Entre las instituciones con un desempeño destacado, cuatro lograron un cumplimiento perfecto del 100%, que son la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica (CREE) y el Banco Central de Honduras (BCH).

En el caso del BCH, las metas principales de 2023 incluyeron el control del porcentaje de variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el mantenimiento de las reservas internacionales expresadas en meses de importación.

Otras entidades con buenos resultados fueron la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, con un cumplimiento del 98.9%, y la Dirección de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos, que alcanzó el 98.4%.

También la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), con un 95.9%, al cumplir las dos metas principales del número de establecimientos de interés sanitario bajo regulación (97%) y el número de productos de interés sanitario bajo regulación (98%).

Por su parte, el Instituto Nacional de Migración (INM) destacó con un 95.8%, alcanzando objetivos como la emisión de pasaportes bajo estándares de seguridad nacional e internacional (95%) y el manejo de solicitudes de refugio (92.5%) y atención de migrantes en situación irregular (90.9%).

”Todo eso ya estaba, al final podemos ver que lo que herederon no era tan malo como ellos decían, parte del trabajo ya estaba realizado, muchas secretarías solo le dieron continuidad”, apuntó Cálix.

Sin embargo, en el lado opuesto, los resultados de algunas instituciones fueron preocupantes. La Comisión Nacional de Vivienda mostró un desempeño crítico con un 0% de cumplimiento, dejando en evidencia una desconexión total entre sus funciones y su ejecución.

Hondutel también presentó un bajo rendimiento, con apenas un 35.6%, fallando en metas como el aumento de usuarios con servicio de internet (55.17%) y la mejora en tiempos de instalación y reparación de servicios (1.67%).

El Centro de la Cultura Garífuna tampoco logró buenos resultados, alcanzando solo un 39.5%. De forma similar, la Dirección de Cinematografía y la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales tuvieron desempeños deficientes, con un 44.5% y un 50.4%, respectivamente.

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), a cargo de Marcio Sierra, titular del mismo Gestión por Resultados, incumplió metas relacionadas con el acceso al crédito, la educación financiera y la atención a reclamos de usuarios financieros.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), bajo la dirección de Octavio Pineda, solo logró cumplir dos de las nueve metas establecidas, destacando el bajo avance en la pavimentación de carreteras primarias (15%) y las canalizaciones y bordos desplazados en el Valle de Sula (23.9% y 39.3%).

Especialmente preocupante también fue el desempeño de la Secretaría de Salud, durante la gestión de José Manuel Mateu, apenas alcanzó un 55.9%, dejando en evidencia una gestión insuficiente en un sector crítico para el bienestar de la población.

Resultados similares se observaron en el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social (PNPRRS) (56.9%) y la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) (57.2%).

Kaffati resaltó que, aunque en este gobierno se han logrado avances positivos como la priorización de programas sociales y subsidios, aún es necesario realizar evaluaciones rigurosas para medir su impacto real en la economía y en los hogares hondureños. “Es importante saber si los fondos destinados están dando los resultados esperados”, señaló.

”Tuvimos más de 30 meses y una devaluación programada de la moneda, y esto además de no generar incertidumbre entre los inversionistas, hoy estamos pagando las consecuencias de una devaluación apresurada. Mantuvimos alrededor de cuatro años la Tasa de Política Monetaria (TPM), sin cambios y los incrementos drásticos están presionando las tasas de interés en la economía, encareciendo no solo el financiamiento para el sector empresarial, sino que también los préstamos a la población. Todas estas medidas están pasando una factura realmente grande”, mencionó.

Sobre la Secretaría de Infraestructura y Transporte, destacó los esfuerzos para mejorar la red vial del país, especialmente en zonas turísticas, pero subrayó los problemas de ejecución desigual, atrasos en proyectos y la falta de pagos oportunos a las empresas constructoras.

“Es crucial coordinar con la Secretaría de Finanzas para asegurar los pagos necesarios y avanzar en la ejecución de las obras”, recomendó.

En el ámbito financiero, reconoció la estabilidad del sistema financiero, a pesar de los desafíos globales y la inflación. Sin embargo, advirtió sobre la inclusión financiera y el acceso al crédito para sectores productivos, sugiriendo políticas para expandir la bancarización en zonas rurales y mejorar el acceso a créditos para micro, pequeñas y medianas empresas.

En cuanto al control de la inflación y el crecimiento económico, Kaffati mencionó que el gobierno ha priorizado políticas de subsidio, pero subrayó que estas son costosas y no se ha evaluado su efectividad.

“Es recomendable no mantener subsidios permanentes, sino temporales con evaluaciones periódicas de su impacto”, afirmó. También sugirió que los fondos liberados de los subsidios deberían invertirse en sectores clave y en la reducción de la deuda con proveedores del Estado.

En una conferencia de prensa el lunes, el Consejo Cívico Fiscal (CCF), compuesto por organizaciones de la sociedad civil, analizó los retos económicos y fiscales de Honduras a tres años del actual gobierno.

A pesar de un crecimiento económico proyectado del 3.5% al 4.5%, el impacto en la calidad de vida ha sido limitado, debido a problemas estructurales como la pobreza, el desempleo y una institucionalidad débil, agudizados por factores externos como la política de Estados Unidos.

El CCF reportó una inflación interanual del 3.88% y una caída del 3% en exportaciones, además de que el 62.9% de los hogares vive en pobreza y el 40.1% en pobreza extrema. Más de 2 millones de personas enfrentan desempleo o subempleo.

Sobre la ejecución presupuestaria, señalaron que, aunque se priorizaron áreas clave como infraestructura, educación y salud, la ejecución fue baja, con solo el 55.9% en inversión pública productiva. Además, al cierre de 2024, solo se había recibido el 73% de los desembolsos presupuestados.

”Para 2025, es clave priorizar acciones estratégicas para impulsar sectores productivos, y toma de decisiones en materia de política monetaria coherentes y de acuerdo con el comportamiento de la dinámica de la economía”, expresó la economista Liliam Rivera.

En materia presupuestaria, la experta afirmó que es fundamental la aprobación y priorización adecuada del presupuesto general de la república 2025, priorizando salud, educación, seguridad, justicia, así como recursos para garantizar el proceso electoral. “Al mismo tiempo debe fortalecerse la transparencia y rendición de cuentas, para que cada lempira gastado se traslade en mejorar la calidad de vida de los hondureños”, agregó.

LA PRENSA Premium conversó con Marcio Sierra, titular de la Dirección de Gestión por Resultados (Diger), quien informó que el tercer Informe de Gestión Institucional está listo, pero que todavía no ha sido publicado porque no ha sido aprobado por la presidenta y el Consejo de Ministros, como lo establece la ley.

“El informe es para la toma de decisiones de la presidenta y -el año pasado- hubo mejoría en todos los indicadores y en la inversión pública”, informó

El pasado sábado, durante la cuarta legislatura, el designado presidencial Renato Florentino presentó un informe en nombre de la presidenta Xiomara Castro sobre la gestión del gobierno en 2024.

El funcionario destacó que, en los tres años de su administración, se alcanzaron logros sin precedentes en comparación con otros gobiernos, tanto en términos de inversión como en áreas clave como salud, educación, seguridad, infraestructura vial, defensa y energía.

”Tenemos los caminos productivos, los cuales se trabajan en los 298 alcaldes, y la reparación de más de 5,000 escuelas de los 12 mil que recibimos destruidos. La inversión regreso al campo a beneficiado a 1.2 millones de productores en con bono tecnológico y productivo”, puntualizó.

No obstante, expertos cuestionaron sus declaraciones. Señalaron que, en la realidad, persisten problemas graves como la escasez de medicamentos en los centros hospitalarios, el aumento de la mora quirúrgica, los elevados índices de homicidios y femicidios, así como el hecho de que Honduras sigue pagando la energía más cara de Centroamérica.