Interactivo: ¿Quién es quién en el caso de extorsión del juez Marco Vallecillo?

Tegucigalpa, Honduras.-

El escándalo que rodea al juez Marco Antonio Vallecillo ha desnudado una red de corrupción y extorsión que desmorona la credibilidad del sistema judicial hondureño, poniendo en el ojo del huracán a diversos actores de diferente escala en el mismo contexto.

El principal implicado es Marco Antonio Vallecillo. A sus 34 años, pasó en abril pasado de ser juez en el Juzgado de Letras Penal a coordinar el Juzgado de Letras en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, una posición de gran poder y responsabilidad.

Sin embargo, su carrera ha sido oscurecida por acusaciones de extorsión. Según la Fiscalía, Vallecillo exigió tres millones de lempiras a un supuesto investigado por un proyecto de borda que nunca se ejecutó en río Claro, en Colón, denominado caso Sysco.

La promesa era liberar al ahora testigo protegido del requerimiento fiscal y dar cierre administrativo a su causa.

El arresto de Vallecillo ha desatado cuestionamientos sobre la integridad del sistema judicial.

Una fuente de confianza reveló a LA PRENSA Premium que el togado, quien previamente colaboraba con organizaciones internacionales, fue suspendido de sus actividades de consultoría tras su captura. Además, está en riesgo de que las autoridades estadounidenses le revoquen su visa.

Igualmente, según la información obtenida por este medio, Lisseth Vallecillo, hermana del juez Marco Vallecillo, también fue destituida de su cargo como jueza nacional debido a acusaciones de recibir sobornos de una organización criminal en el Litoral Atlántico. En tanto, su esposa, Alejandra Colindres, actualmente, ocupa el cargo de jefa del Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE) del Ministerio Público (MP).

Este medio conversó con algunos de sus amigos y conocidos, quienes creen que este caso se trata de un problema personal en contra del togado.

Por su parte, expertos en derecho penal sugieren que la acusación contra Vallecillo debería centrarse en el delito de cohecho, que se refiere a la oferta o aceptación de beneficios económicos u otras ventajas para influir indebidamente en la actuación de un funcionario o empleado público.

Esto contrasta con el delito de extorsión por el que fue acusado, el cual implica el uso de violencia o intimidación para obligar a alguien a realizar u omitir un acto jurídico, con el fin de obtener un beneficio o causar un perjuicio patrimonial. La pena por cohecho es de 5 a 7 años, significativamente menor que la pena por extorsión, que oscila entre 11 y 14 años.

En el otro extremo de esta historia se encuentra Nelson Omar Sierra, un hombre de 43 años, cuyo nombre ahora está ligado a la corrupción de alto perfil. Sierra, que inicialmente actuó como intermediario en la extorsión, fue capturado en flagrancia junto a Vallecillo.

Su papel en la operación de la ATIC reveló la crudeza del esquema, pues la captura ocurrió mientras se realizaba la entrega de los tres millones de lempiras. Su implicación ha puesto en la mira la red de corrupción que aparentemente se extendía más allá del propio Vallecillo.

Sierra es originario de Santa Rosa de Copán, Copán.

El tercer integrante del polémico caso es Reinaldo Leiva Suazo, el abogado de 60 años que supuestamente introdujo al ahora testigo protegido a los sobornos y amenazas. Él ocupa un lugar crucial en el caso, ya que fue quien, según la acusación, asesoró al ahora testigo y facilitó las comunicaciones con Vallecillo, orquestando una trama que prometía una resolución favorable a cambio de un soborno millonario.

Actualmente, el hombre originario de San Pedro Sula, Cortés, y residente en Francisco Morazán, se encuentra prófugo de la justicia.

El testigo protegido es la pieza central del caso. Su búsqueda por asesoramiento legal lo llevó a Reinaldo Leiva, desatando una cadena de eventos que finalmente desmanteló el esquema de extorsión.

El fiscal general Johel Zelaya también ha sido arrastrado al ojo del huracán. Mencionado en las comunicaciones entre los imputados, Zelaya enfrenta ahora la presión pública y judicial sobre su rol en la supuesta red de extorsión. Su participación, si se confirma, podría amplificar aún más el escándalo.

Finalmente, Rebeca Ráquel Obando, la máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia, ha sido otra de las implicadas en el polémico caso, luego de que Vallecillo revelara que el dinero era para el esposo de una alta funcionaria.

Fuentes no oficiales dijeron que se trataría del esposo de Obando, el abogado José Luis Melara, pero durante una conferencia de prensa, la funcionaria negó las acusaciones, explicó que su esposo está fuera del país tratándose una enfermedad y dijo estar firme para ser investigada.

Cada uno de estos actores —desde el acusado hasta el defensor, pasando por el testigo y los implicados—desempeña un papel en un drama judicial que revela las profundas grietas de un sistema de justicia que amenaza con colapsar bajo su propio peso.

Ahora, corresponde a las autoridades del Ministerio Público y el Poder Judicial avanzar en las investigaciones del caso y extender las intervenciones a los demás circuitos involucrados.