Reubicación de maras y pandillas: ¿La clave para reducir el caos en las cárceles de Honduras?

Los expertos consideran que la separación de maras y pandillas en los centros penales de Honduras es un acierto, siempre y cuando exista vigilancia y control por parte de las autoridades penitenciarias a nivel nacional

Con operaciones de extraccion, traslado y reubicación de privados de libertad, la Policía Militar comenzó su gestión frente a los centros penales de Honduras en julio pasado.

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Sistema carcelario

Tegucigalpa, Honduras.

Una de las primeras medidas implementadas por la Policía Militar del Orden Público (Pmop), desde que tomó el mando de los 25 centros penitenciarios de Honduras el pasado 1 de julio, fue dividir a las dos pandillas más peligrosas, la Mara Salvatrucha (MS 13) y la Pandilla conocida como Barrio 18, en cárceles separadas.

En el caso de la Mara Salvatrucha (MS-13), sus integrantes fueron trasladados a la cárcel de La Tolva, en Morocelí, departamento de El Paraíso. En ese reclusorio de máxima seguridad guarda prisión este grupo criminal, mientras que su histórico rival, la Pandilla 18, fue reubicada en la cárcel de El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara.

La separación de las estructuras criminales ha causado un torbellino de opiniones y expectativas en la población, pues mientras algunos expertos consideran que es una estrategia acertada, otros argumentan que para que esta medida funcione no basta con una separación general, sino que son necesarios esfuerzos internos.

”La medida va a ser funcional dependiendo de las decisiones que se tomen en el interior de las cárceles, es decir, yo considero que se debe realizar una segregación interna donde los cabecillas de cada organización también estén separados del resto”, dijo en conversación con LA PRENSA Premium Luis Maldonado Galeas, general en condición de retiro.

Los privados de libertad de estructuras criminales fueron trasladados a los centros penitenciarios de máxima seguridad en Santa Bárbara y El Paraíso.

Para Galeas, otra de las medidas importantes que debe priorizar la Policía Militar para garantizar la gobernabilidad es el control total de todo tipo de comunicación externa de los reclusos. Esto para evitar acciones criminales dentro y fuera del recinto. “Si se logran estos objetivos estaríamos hablando de una medida eficaz”, opinó el experto.

Sin embargo, desde la Policía Militar aseguran que con la implementación de esta estrategia evitará que sucedan conflictos entre bandas rivales, además de que mantendrán el control de los centros penitenciarios a nivel nacional.

“Claro que sí (va a funcionar) porque anteriormente cuando llegaban familiares había temor de que hubiera una riña entre bandas rivales y hoy cada centro penal tiene sus estructuras. No se apoderarán de las cárceles porque nosotros tenemos el control, lo retomamos. Sabíamos que iba a ser una misión difícil, pero no imposible”, explicó a este rotativo José Coello, portavoz de la Policía Militar.

La macabra matanza de 46 mujeres en la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) fue el motivo por el que la presidenta Xiomara Castro determinó retirar el mando de los centros penales a la Policía Nacional y regresarlo a la Policía Militar.

No obstante, la crisis carcelaria estaba en auge desde semanas anteriores, cuando se reportaron intercambio de disparos entre bandas rivales recluidas en las cárceles de máxima seguridad, muertos en el interior de las celdas y hasta fiestas prohibidas en los módulos carcelarios.

Desde esta perspectiva, podríamos decir que la división de las maras y pandillas en los centros penales podría evitar los enfrentamientos de este tipo al no tener bandas rivales dentro de un mismo circuito, aunque se desconoce su sostenibilidad a largo plazo, según los expertos.

En agosto de 2023, el capitán Coello informó que habían sido reubicados más de 2 mil reos a nivel nacional. Este medio de comunicación volvió a consultar la cifra al cierre de esta edición, pero la información no fue otorgada.

Por su parte, Leandro Osorio, comisionado policial en condición de retiro, consideró acertada la medida que nombró como un “experimento”, pues argumentó que la mejor prueba será quizás a fin de año, cuando no se encuentren reportes de incidentes dentro de los recintos carcelarios.

”Yo considero que es una medida importante siempre y cuando funcione. Estas acciones han bajado la intensidad de estructuras criminales en las cárceles porque cuando han estado juntas las reyertas están a la hora del día, entonces mejor esperemos los resultados a final de 2023”, expresó.

El especialista, quien de una escala del 1 al 10 (donde uno es desfavorable y diez favorable), calificó con siete puntos la gestión de la Policía Militar frente a las cárceles del país, explicó que los riesgos serán permanentes con la cuestionada medida, pero que, por lo pronto, aplaude la vigilancia permanente de las autoridades a las estructuras criminales.

De la misma forma opinó el criminólogo Gonzalo Sánchez, quien consideró que la medida debió haberse tomado desde hace mucho tiempo. “Yo creo que la medida es correcta porque así se evitan enfrentamientos entre grupos criminales, ya que entre ellos (la misma mara o pandilla) no se van a matar”, argumentó el experto.

La medida ha sido aplicada en las cárceles de máxima seguridad, sin embargo, algunos expertos como Sánchez consideran que debe ser aplicada también en Pnfas, donde además de que maras y pandillas están juntas el recinto está sobrepoblado.

”Es un hecho que se necesita una nueva cárcel para mujeres en Honduras. Cefas, como se llamaba antes, ha sido un centro de adaptación moderno donde las personas realmente se reinsertaban a la sociedad, pero con el último acontecimiento solo quedan dos opciones: tomar medidas extremas como en máxima seguridad o separar las maras y pandillas ahí también”, agregó Sánchez.

De acuerdo a registros de LA PRENSA Premium, Pnfas tiene capacidad para 500 privadas de libertad, pero en la actualidad están recluidas casi mil mujeres condenadas y procesadas.

Uno de los riesgos que los expertos también mencionan respecto a que las maras y pandillas estén divididas en centros penitenciarios es que cada grupo intente dominar o apoderarse de un recinto en particular.

Ante ello, consideran que es fundamental mantener una vigilancia constante y control efectivo por parte de las autoridades para prevenir cualquier eventualidad que intenten los grupos criminales.

Para Hugo Maldonado, presidente del Codeh (Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras), la nueva implementación de la Policía Militar es un acierto para recuperar el control de los centros penales, sin embargo, reconoció que esta medida debe estar en el marco de los derechos humanos.

”Nosotros vemos con buenos ojos que se haya dividido las estructuras criminales en las cárceles, esto nos puede ayudar a mejorar la situación de violencia de los movimientos antagónicos y que no sigan reportándose muertos ni reyertas”, expresó.

En ese sentido, Maldonado enfatizó en que más allá del lugar donde estén reubicados los privados de libertad es clave la forma que utilicen las autoridades para recuperar el control.

”Le hemos dado seguimiento a algunas denuncias, donde los privados de libertad se quejan por todas las instancias de la violación de los derechos humanos. A algunas damas las desnudan, las ponen a hacer cuclillas y luego una persona palma sus partes íntimas, eso es degradante”, agregó.

Ante la problemática, una fuente oficial de la Policía Militar reveló a este medio que esta práctica se realiza porque luego de varios minutos en cuclillas cualquier objeto que se tenga en las partes íntimas cae por sí solo debido a la presión y movimiento del ejercicio en mención.

En un panorama donde las maras y pandillas han tejido una red de caos en las entrañas del sistema carcelario hondureño, la división de estas organizaciones en distintas prisiones plantea una vía para recuperar el control. Sin embargo, como todo en la vida, la solución no es tan sencilla como partir de golpe el nudo que ha estado apretándose durante años.

La eficacia de esta medida radica en la sabia administración de los múltiples puntos críticos que la acompañan, coincidieron los expertos.

Apilados uno tras otro y con la cabeza agachada, los miembros de estructuras criminales fueron extraídos de su celda y clasificados para trasladarlos a la cárcel de “El Pozo”, en Santa Bárbara, y en “La Tolva”, en El Paraíso.

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