Nicaragüenses votan en unos comicios que aferran a Ortega al poder

Un total de 3,160 centros de votación abrieron sus puertas este domingo.
Los votantes llegaron a los diferentes centros desde horas tempranas de este domingo.

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Managua, Nicaragua.

Los nicaragüenses comenzaron a votar este domingo en unos comicios con una predecible victoria del presidente Daniel Ortega para asumir un nuevo mandato tras 14 años en el poder, sin mayor competencia, con siete aspirantes opositores encarcelados.

Las urnas fueron abiertas hacia las 06.38 hora local (12.38 GMT), con 22 minutos de anticipación respecto a lo programado, y uno de los primeros nicaragüenses en votar fue el canciller Denis Moncada, según imágenes de la televisión local.

Simpatizantes sandinístas en un evento político.

Un total de 3,160 centros de votación abrieron sus puertas este domingo para las elecciones generales, en las que los ciudadanos elegirán al presidente y vicepresidente de Nicaragua, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.

En algunos centros de votación se formaban filas, pero muchas calles estaban vacías. El FSLN se movilizó casa por casa para llamar a votar, mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha denunciado que existe temor y un control social sobre la población que intimida a la gente para votar.

Crisis política.

Unos 4,4 millones de nicaragüenses están llamados a acudir a las urnas para elegir al presidente y vicepresidente de la República, 90 diputados ante la Asamblea Nacional, y 20 ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Esos comicios se desarrollarán en medio del arresto de cerca de cuarenta líderes opositores, empresariales, campesinos, estudiantes y profesionales independientes, incluido siete que querían competir con Ortega por la jefatura de Estado.

Además, sin la participación de tres partidos políticos opositores, la ilegalización de más de 50 ONG, con más de 150 “presos políticos”, con decenas de miles de nicaragüenses que se han marchado al exilio por razones de seguridad o económicas, y con la ocupación policial del influyente diario La Prensa que dejó de circular en su versión impresa.

El candidato presidencial del partido Alianza por la República, Gerson Gasparin en un evento político.

El proceso ha sido cuestionado por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), y organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como por la oposición nicaragüense excluida de la competencia.

Se trata de los primeros comicios generales desde la revuelta popular que estalló en 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega, debido a que respondió con la fuerza.

Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007 y el jueves cumplirá 76 años, se apresta a iniciar otros cinco años como presidente, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y junto a su poderosa esposa Rosario Murillo (70), candidata a la vicepresidencia por segunda vez.

Su permanencia en la presidencia no se duda. El exguerrillero sandinista, quien también gobernó en los años 1980 luego de que el FSLN derrocara en 1979 al dictador Anastasio Somoza, enfrenta a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de colaboradores del gobierno.

“Voté porque es un derecho y porque siga el progreso del país”, dijo a la AFP Carlos Reyes, de 39 años, en un centro electoral del barrio Larreynaga, en el este de Managua.

La oposición en el exilio llamó a la abstención. “No hay por quien votar. Esto es un circo electoral. Si ellos están tan seguros de que el pueblo los quiere ¿por qué echaron presos a los aspirantes presidenciales?”, dijo a la AFP una secretaria de 51 años, que prefirió no revelar su nombre.

Acercándose los comicios, en junio comenzó una ofensiva contra la oposición: fueron ilegalizados tres partidos, detenidos siete aspirantes presidenciales y otros 32 activistas políticos y sociales, empresarios y periodistas, que se sumaron a unos 120 opositores que aún están presos desde las protestas de 2018.

Los más recientes detenidos están acusados, según leyes aprobadas a fines de 2020, de atentar contra la soberanía, promover sanciones internacionales, “traición a la patria” o “lavado de dinero”, como es el caso de la aspirante opositora favorita, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y quien se encuentra en arresto domiciliario.

Ortega es señalado por sus críticos de “nepotismo” y de instaurar una “dictadura”. Él acusa a los opositores de “golpistas” apadrinados por Washington.

Desde el exilio, en Costa Rica y otros países, la oposición preparó para este domingo marchas contra lo que califican de “farsa electoral”.

En vísperas de la votación, Murillo, única portavoz del gobierno, llamó a participar de la “fiesta electoral” que, dijo, será una “ratificación de la paz”.

El gobierno planea convocar a un diálogo, pero analistas críticos estiman que es una estrategia para ganar legitimidad y que no será real con los opositores presos o exiliados.

“No hay que dejarse engañar con cantos de sirena”, dijo a AFP la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.

La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), descalificó previamente los comicios, lo que Ortega calificó de “injerencia inaceptable”.

El presidente estadounidense Joe Biden, cuyo país al igual que la UE adoptó sanciones contra el círculo íntimo de Ortega, se alista para firmar un arsenal de medidas bajo la Ley RENACER, para aumentar la presión.

La situación en Nicaragua se debatirá esta semana en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde podría plantearse la suspensión de la participación del país en el bloque regional.

Analistas advierten que un aislamiento empeorará la situación socioeconómica y dispará la migración, aunque el gobierno augura un crecimiento del PIB del 6% con la inyección de remesas -1.400 millones de dólares de enero a agosto-, créditos internacionales y la no imposición de restricciones pese al avance de la pandemia.

El gobierno acreditó el sábado a unos 200 “acompañantes electorales” y periodistas extranjeros que el gobierno considera “amigos”. Según el observatorio independiente Urnas Abiertas son “militantes sandinistas” que reemplazan la observación internacional de la OEA o la UE y a medios internacionales.

Unos 30,000 policías y militares resguardan las mesas electorales que cerrarán a las 18H00 locales (00H00 GMT). Según el Consejo Supremo Electoral (CSE), habrá resultados hacia la medianoche.

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