Próspera advierte de riesgos legales ante inminente derogación de las Zede

Ejecutivos de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico, Honduras Próspera, anunciaron a través de un documento público, estar anuentes a dialogar con las nuevas autoridades gubernamentales para evitar que miles de millones de dólares en inversión y empleos queden a la deriva y el Estado en un inminente conflicto legal internacional.

Esto, debido a la intención del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo de derogar el decreto de creación de las Zede, que permitió a la fecha la instalación de tres de estas zonas en el país, siendo la de mayor inversión y generación de empleo Próspera. En la sesión del pasado martes 01 de febrero se introdujo al Congreso Nacional un proyecto de decreto que en parte contiene la intención d derogar el decreto que contiene la Ley Zede.

Según la misiva de Próspera, la derogación de la ley afectaría la situación jurídica de los inversionistas, violaría el Tratado de Libre comercio con Estados Unidos y daría paso a demandas internacionales por más de 1,300 millones d dólares por parte de los inversionistas.

“Estas inversiones y empleos, así como la reputación internacional de Honduras y las finanzas públicas del Estado, están en riesgo debido a un intento procesal y constitucionalmente incorrecto, que busca derogar decretos generadores de empleo e inversión como el régimen de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede)”, señala parte del documento.

Honduras Próspera considera que cualquier derogación de leyes que no garanticen las condiciones de estabilidad jurídica previstas en la propia legislación hondureña, así como los derechos adquiridos de todos los residentes e inversionistas en Próspera Zede, equivale a una expropiación indirecta e ilegal. Esto contraviene la propia Constitución de Honduras, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y otros socios comerciales de Honduras.

Acciones que no respeten las disposiciones legales aplicables, incluyendo tratados internacionales, pueden generar daños y perjuicios por encima de $1,300 millones de dólares al Estado de Honduras, ocasionar una controversia internacional, perjudicar a miles de familias hondureñas, y ahuyentar inversiones esenciales para un futuro próspero en Honduras.