Transportistas: “No hemos dejado de pagar a las maras”

Expertos en seguridad indican que el estado de excepción no ha dado los resultados esperados para la población hondureña, pues el comercio y el transporte siguen pagando el “impuesto de guerra” a las maras y pandillas.

Entre el viernes y el domingo se registraron al menos 20 muertes violentas a nivel nacional en pleno estado de excepción que inició el 6 de diciembre de 2022 y el cual fue ampliado desde el 6 de enero hasta el 20 de febrero de este año, como una estrategia del Gobierno para frenar la extorsión.

Ayer por la tarde en el bulevar del este en el sector Satélite de San Pedro Sula fue ultimado a balazos un transportista.

La víctima fue identificada como Juan Erazo y el crimen fue por el cobro de extorsión. Con Erazo suman nueve personas ligadas al transporte que han sido asesinadas en enero.

Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-Unah), indicó que cuando se suspenden garantías constitucionales a un sector de la población o a municipios específicos se espera que se reduzca la criminalidad.

“Vemos muchas muertes violentas en el país que en promedio son diez diarias, la violencia contra la mujer está afectando, los empresarios y los transportistas han dicho que todavía siguen pagando la extorsión. Ya van ocho trabajadores del transporte público víctimas de la violencia delictiva y que se establece que es por la extorsión. Es muy corto el tiempo que ha pasado, un mes y medio para poder establecer un balance”, expresó.

LA PRENSA publicó que al cierre de enero las autoridades de Seguridad reportaron que 8,155 fueron detenidas por distintas faltas y delitos, de los cuales 8,050 fueron dejados en libertad.

Respecto a lo anterior, Ayestas opinó que se deben tener pruebas contra los capturados para que los vinculen con el delito específico, “pero al final el juez establece que no hay méritos y deben dejarlos en libertad. El punto de esto es que hay estado de excepción para un tema específico que es la extorsión, hay trabajadores del transporte público que han perdido la vida, probablemente se está avanzando en capturar a personas de pandilla de baja monta, pero cuántos de los extorsionadores que son jefes están siendo capturados, eso sería un certero mensaje que sí se está trabajando para eso”, manifestó Ayestas.

El transportista Jorge Lanza aseguró que siguen pagando el impuesto de guerra a los grupos delictivos. Detalló que mensualmente pagan 250 millones de lempiras.

“Este mal está bastante arraigado, no hemos dejado de pagar el impuesto a las maras que ya están instituidas, estamos esperando la segunda etapa, lo que nos ha favorecido es que en diciembre no pagamos el aguinaldo y las nuevas estructuras ya no están molestando”, dijo.

El dirigente del transporte recomendó a las autoridades policiales que no deben bajar la guardia, “deben dar con la gente que maneja esto, a quienes le llega el dinero porque aún no llegan y eso nos perjudica”.

“Hemos estado viendo repetidos episodios de crímenes en Tegucigalpa y el valle de Sula, la estamos pasando mal. Hay operativos, pero siempre hay lugares desprotegidos”, lamentó Lanza.