Más de medio millón de niños sometidos al trabajo infantil

No todos los niños están en las aulas de clases, en Honduras más de medio millón de menores de entre los cinco y 17 años están sometidos a la explotación infantil.

Así lo desnuda una encuesta especializada hecha por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en conjunto con otras instituciones estatales y no gubernamentales, la cual revela que un total de 549,568 niños realizan trabajo infantil.

El reciente informe, que se basa en una indagación y recolección de datos en los 18 departamentos realizada entre marzo y noviembre de 2023, detalló que 342,180 infantes hacen actividades económicas diversas, mientras que 207,388 se dedican a labores domésticas, lo cual deja claro que el trabajo infantil en el país es una manifestación de profundas injusticias sociales y económicas arraigadas en la historia de la nación.

Entre los factores destacados por el informe para que esta problemática persista y crezca en Honduras están la pobreza, la desigualdad social, la falta de acceso a una educación de calidad, normas culturales y sociales opresivas, políticas gubernamentales insuficientes y la corrupción sistemática.

“El trabajo infantil es uno de los principales obstáculos para el acceso a la educación”, enfatizó Jorge Valladares, director del proyecto Futuros Brillantes de la organización Visión Mundial, una de las entidades participantes en la encuesta de trabajo infantil.

Según proyecciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y Visión Mundial, más de 1.5 millones de niños “se encuentran fuera del sistema educativo” en Honduras.

Muchos niños y niñas, según el experto, se sumaron a las actividades de sobrevivencia familiar en diferentes modalidades de trabajo debido al impacto de la pandemia de covid-19, enfermedad que también obligó a los menores a abandonar las aulas de clases.

Para los expertos en el tema, en esta situación se requiere un enfoque integral que incluye el sector público y privado, así como la sociedad civil. Es vital asegurar una educación gratuita, fortalecer las políticas públicas y la legislación para proteger a los niños.