Sin debate y con mayoría absoluta: aprueban cadena perpetua en El Salvador

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó ayer martes una reforma constitucional que permite las penas perpetuas de prisión para “homicidas, violadores y terroristas”, propuesta por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, y que posteriormente debe ser ratificada.

“Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, dice la reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución aprobada en sesión plenaria por 59 diputados de NI, sus aliados e incluyendo dos de la oposición, de los 60 que forman este órgano.

Tras su aprobación, que se dio sin estudio ni debate previo, el Congreso debe ratificar la reforma, en otra sesión plenaria, para que entre en vigencia y se cambie el texto de la Constitución.

En enero de 2025, la Asamblea Legislativa de ese país ratificó una polémica reforma que permite cambios exprés a la Constitución en una misma legislatura, cuando anteriormente estas enmiendas necesitaban la votación de dos legislaturas diferentes.

Con esta enmienda, eran necesarios 45 de los 60 diputados para aprobar y ratificar, en un mismo día, reformas, y con esta el partido gobernante ha avalado la elección presidencial indefinida, entre otros cambios a la Constitución.

La propuesta y aprobación del Gobierno de Bukele para permitir las penas perpetuas llega a unos días de que El Salvador cumpla cuatro años bajo el régimen de excepción que se aprobó en marzo de 2022 para combatir a las pandillas, acusadas de cometer la mayoría de homicidios en el país centroamericano que por años fue considerado como uno de los más violentos del mundo.

Bajo el régimen de excepción se han encarcelado a más de 91.300 personas acusadas de ser pandilleros o tener vínculos con esos grupos, y han muerto bajo custodia de agentes del Estado al menos 500 detenidos, lo que ha encendido las alarmas de los defensores de derechos humanos.