De por vida cancelan licencia a mujer que atropelló a municipal

Ayer, una conductora aceleró su vehículo y atropelló a un agente de la Policía Municipal en Tegucigalpa.

El incidente tuvo lugar frente a la colonia Las Palmas, en el bulevar Centroamérica.

La víctima, identificado como Josué Caleb Smith, un miembro del cuerpo municipal encargado de regular el tráfico en la zona, se encontraba cumpliendo con sus deberes asignados cuando fue embestido.

Mientras que la conductora responsable del accidente fue identificada como Andrea Josefina Sánchez Sandoval, quien andaba un vehículo tipo turismo con placas HDJ0505.

Al consultarle a la Policía Municipal si iban a proceder penalmente contra la fémina, el ente informó que “ambas partes llegaron a un acuerdo de conciliación conforme a lo permitido en la ley. La conductora se comprometió a velar por los daños ocasionados y a hacerse cargo de los gastos médicos del policía municipal”.

No obstante, LA PRENSA obtuvo información de que a la mujer le suspenderán de por vida la licencia de conducir para marcar un precedente, debido a los constantes abusos de conductores contras los municipales.

Tras este lamentable hecho, la pregunta sobre el proceso legal que enfrentará la conductora fue buscada por el rotativo y para responder a esta interrogante, LA PRENSA consultó los artículos del Código Penal y dialogó con un experto en la materia del derecho.

Según lo establecido en el artículo 323 del Código Penal vigente, el delito de conducción temeraria puede ser castigado con una pena que va desde los 6 meses hasta los 3 años de reclusión, y en casos más graves, se podría privar al infractor del derecho de conducir vehículos por un período que oscila entre 1 y 6 años.

El abogado en derecho penal, Juan Cerrito, explicó que “para determinar si se trata de un intento de homicidio, era necesario analizar diversos elementos”.

Pero, resaltó que “el delito de conducción temeraria es considerado un delito de orden público, lo que implica que el Ministerio Público podría haber iniciado una investigación de oficio sin necesidad de autorización externa”.

Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público, señaló que “el policía municipal había decidido no proceder con la denuncia, lo que limitaba nuestra capacidad para continuar con el proceso legal”.

Agregó que “aunque existían circunstancias que podrían haber dado lugar a un proceso penal, la decisión del agraviado impedía que el Ministerio Público actuara”.

El alcalde de la ciudad, Jorge Aldana, expresó su consternación ante el suceso: “Es una situación verdaderamente lamentable. Nuestros agentes de movilidad urbana, a quienes cariñosamente llamamos ‘minions’, son atropellados con demasiada frecuencia”.