Exigen que nueva Ley de Contratación del Estado evite abusos de poder

Tegucigalpa

La falta de medidas claras respecto a las compras directas a través de la Ley de Contratación del Estado ha causado preocupación entre diversos sectores y expertos, quienes temen que estos vacíos no sean abordados en la nueva ley que será discutida en el Congreso Nacional.

Esta omisión, alertan expertos, podría abrir la puerta a abusos de poder y actos de corrupción por parte de funcionarios.

Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), destacó la urgencia de reformar la ley vigente, a pesar de reconocer que “no es una ley mala”.

Aguilar apuntó que “el problema radica en las excepciones y en la aplicabilidad de la normativa”. Explicó que la ley actual a menudo favorece las contrataciones directas en lugar de la licitación pública, “lo que revela un problema de aplicabilidad más que un defecto en el instrumento legal mismo”.

Para que la nueva ley sea efectiva se requiere la implementación de estándares rigurosos de transparencia y rendición de cuentas. “Es esencial evitar la mala utilización de los procedimientos de emergencia, que a menudo permiten contrataciones directas sin la debida supervisión. Además, esperamos que el Congreso Nacional respete la integridad del borrador de ley”, señaló.

El abogado y analista político Henry Salinas coincidió en la necesidad de una regulación más estricta y una modernización más profunda para prevenir la corrupción y mejorar la eficiencia de los procesos de contratación. “Lo más importante es que se necesita regular las compras directas, que se dan bajo la modalidad de emergencias usualmente, que, bueno, sabemos para qué han sido utilizadas. No lo digo yo, lo dicen los múltiples casos de corrupción que hemos identificado”, señaló Salinas.

“La gente asocia que es como un libre albedrío el que existe, y pues no, tienen la tendencia de buscar hacerlo, lo que sea, menos atender la emergencia”, agregó.

Para Silvio Larios, de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), es urgente que la nueva ley contenga una normativa que defina el tema de las emergencias porque “en la actualidad hacen abuso las autoridades de ese tema de emergencia cuando se puede ejecutar de manera planificada un montón de obras”. Las voces expertas coincidieron en que una reforma integral y efectiva es crucial para asegurar la transparencia y eficiencia en las contrataciones públicas, evitando así la perpetuación de prácticas corruptas.

La nueva Ley de Contratación del Estado introducirá modificaciones significativas en al menos seis áreas fundamentales. Entre las reformas propuestas se incluye una mayor simplificación de los procedimientos, mayor transparencia y la integración de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia en las contrataciones públicas. No obstante, persiste la incertidumbre sobre si el tema de las contrataciones directas, especialmente en situaciones de emergencia, será abordado en estas reformas.

Al respecto, José Manuel Zelaya, secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, expresó que “las compras directas avaladas en esta misma ley son una figura legal que, lastimosamente, está mal vista; pero sí agiliza los procesos, especialmente aquellos que por carácter de operaciones deben ser secretas por seguridad nacional o por proveedores que no están en el país, -por eso- hacemos uso de esa figura”.

Aparte de este apartado, la actual ley permite las compras directas en diversas situaciones, como emergencias, acuñación de moneda, trabajos científicos, entre otros.

Para Octavio Pineda, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), la ley necesita ser reformada para mejorar la eficacia de los procesos de contratación, ya que actualmente varios puntos afectan la gestión administrativa.

“El marco legal es disperso, no hay definición de tiempos ni mecanismos que permitan la realización de procesos electrónicos para ahorrar tiempo. Tiene mucha burocracia y conlleva que una licitación pública tarde, en algunos casos, hasta seis meses”, lamentó.

Los sectores involucrados y los expertos están atentos a la evolución de esta legislación, esperando que las reformas modernicen el sistema y garanticen una gestión más transparente y equitativa de los recursos públicos.