Cohep pide respetar acuerdo sobre el salario mínimo

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) recordó este lunes que los ajustes al salario mínimo, pactados a inicios de 2024, entrarán en vigor el 1 de enero de 2025.

Este aumento se deriva de un acuerdo tripartito entre empleadores, trabajadores y el gobierno, describió en un comunicado la entidad empresarial.

Los incrementos salariales, que varían según el tamaño de las empresas basado en el número de empleados, buscan equilibrar el poder adquisitivo de los trabajadores y las capacidades económicas de los empleadores.

El Cohep destacó que los parámetros técnicos utilizados para determinar los ajustes incluyeron el costo de vida y la productividad.

Armando Urtecho, director ejecutivo del COHEP, instó a todas las empresas a respetar lo acordado.

“Hacemos un llamado a las empresas formales a cumplir con lo establecido por las comisiones de salario mínimo o por el gobierno”, señaló.

El ajuste salarial fue publicado oficialmente el 21 de marzo de 2024 en el Acuerdo Ejecutivo No. SETRASS-109-2024. Según este documento, el salario mínimo promedio en Honduras se sitúa actualmente en 13,156.53 lempiras, cifra que podría aumentar si la inflación interanual al cierre de 2024 supera las expectativas.

El Cohep subrayó que este tipo de acuerdos plurianuales garantizan estabilidad y equilibrio en el mercado laboral. “Continuaremos apoyando estos ajustes basados en parámetros técnicos, buscando proteger a los trabajadores sin comprometer la sostenibilidad de las empresas”, expresó la organización.

Además, el acuerdo establece lineamientos específicos para diferentes sectores económicos y tamaños de empresa, con el objetivo de promover un balance justo entre las necesidades de los trabajadores y las capacidades productivas de las organizaciones.

Si bien los incrementos buscan contrarrestar el impacto de la inflación, el Cohep también destacó que estos acuerdos fomentan el desarrollo económico y la formalización del empleo en el país.

Con este ajuste, el gobierno y los sectores involucrados esperan brindar mayor protección al poder adquisitivo de los trabajadores hondureños, mientras se busca mitigar el impacto económico para las empresas.