A garífunas no los raptaron por tierras ni por patronato, concluye Policía

Las autoridades policiales han informado que, tras extensas investigaciones, el caso de la desaparición de cinco personas en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida, ha sido resuelto. Según los datos presentados, 18 individuos habrían participado en este crimen.

Los desaparecidos son Alberth Sneider Centeno Thomas, presidente del patronato de la comunidad, junto a Milton Joel Martínez, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Róchez Cálix y Junior Rafael Juárez.

El grupo fue privado de su libertad la madrugada del 18 de julio de 2020, cuando un comando armado, vestido con uniformes similares a los policiales, irrumpió en sus hogares en el barrio El Tigre, los detuvo y los trasladó a un destino que, hasta la fecha, sigue siendo desconocido.

La Policía asegura contar con pruebas técnico-científicas y testimonios que ubican a los implicados en el lugar de los hechos.

Estas evidencias también detallan el rol que cada uno desempeñó durante el crimen y los vehículos utilizados en la operación.

No obstante, las autoridades descartan que el móvil esté relacionado con disputas por tierras o con las funciones de liderazgo de las víctimas dentro de la comunidad, atribuyendo el caso a actividades de criminalidad organizada.

El expediente ya fue entregado al Ministerio Público, que deberá presentar la acusación formal en los tribunales. Según la Policía, el caso fue manejado por una unidad especializada que nunca interrumpió las investigaciones, lo que permitió este avance.

El 2 de agosto de este año, la Sala Constitucional del Poder Judicial admitió un recurso de amparo que ordenó la reactivación de las investigaciones sobre la desaparición forzada.

Esta medida fue interpuesta contra el exfiscal general Óscar Fernando Chinchilla Banegas y obliga al Ministerio Público a actuar de manera inmediata para esclarecer lo sucedido.

Líderes y defensores de la comunidad garífuna consideran que la desaparición de estos dirigentes fue una represalia. Antes del incidente, habían presionado al Estado hondureño para que cumpliera con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenaba devolver tierras ancestrales a la comunidad de Triunfo de la Cruz y otorgar una indemnización.

Por su parte, organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han mantenido el caso en la palestra pública. La CIDH solicitó al gobierno hondureño establecer el paradero de los desaparecidos y fijó plazos para informar sobre los avances en la búsqueda.

Aunque las autoridades policiales aseguran que el caso está resuelto, la comunidad y los organismos internacionales esperan que los responsables sean capturados y se esclarezca completamente lo sucedido con los líderes garífunas.

El fallo del Poder Judicial destaca la urgencia de cumplir con estas medidas y dar justicia a las víctimas y sus familias.