El ‘modus operandi’ de Abigail y su padre para quitar propiedades a cárteles enemigos

Más revelaciones de la causa contra José Francis Flores Aguirre y Francia Abigaíl Flores Ramírez.

La Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) ha revelado una presunta red de actividades ilícitas vinculadas al secuestro, sicariato y tráfico de drogas, en la que estarían implicados José Francis Flores Aguirre (47 años) y su hija Francia Abigaíl Flores Ramírez (23 años).

Ambos fueron capturados la noche del 27 de noviembre en el sector de Baracoa, cuando regresaban de Puerto Cortés con dos kilos de cocaína, según las autoridades.

Tras su detención, se realizaron allanamientos en San Pedro Sula a varias propiedades vinculadas a los acusados.

En una residencia de lujo ubicada en Bugambilia, sector noroeste de la ciudad, se encontraron 16 kilos de cocaína.

Además, se inspeccionaron un autolote en Jardines del Valle, otro en la colonia San Carlos de Sula, y un taller de mecánica rápida.

Según los informes, los acusados habrían adquirido al menos 15 bienes inmuebles a través de extorsión y desplazamiento forzado a personas vinculadas a carteles rivales.

Estas propiedades les habrían permitido expandir su control territorial para el tráfico de drogas.

En total, las autoridades aseguraron 60 bienes inmuebles, 20 vehículos y 10 sociedades mercantiles, cuyos titulares incluyen, además de Flores Aguirre y su hija, a un familiar identificado como Yuri Alfonso Flores Vindel.

Se estima que la red acumuló un patrimonio de 240 millones de lempiras.

El expediente de la DLCN detalla que la estructura criminal también se dedicaba a secuestrar personas de alto poder adquisitivo, especialmente vinculadas a carteles contrarios, con el fin de apropiarse de sus bienes.

“Delegaban a sus subordinados secuestrar a personas con alto poder adquisitivo de carteles contrarios para luego adueñarse de sus propiedades”, establece la investigación.

Las acciones de privación de dominio se extendieron a varias localidades, incluyendo San Pedro Sula, Omoa, y Quimistán, Santa Bárbara.

Durante los aseguramientos, las autoridades también procedieron al congelamiento de cuentas financieras, que superan los cuatro millones de lempiras.

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