Francisco Oropeza se declara culpable del crimen de cinco hondureños en Texas

Un hombre que disparó y mató a cinco integrantes de una familia hondureña en el condado de San Jacinto en Texas en 2023 ha sido sentenciado.

Francisco Oropeza, el hombre acusado de un tiroteo mortal ocurrido en abril de 2023, renunció a sus derechos a un juicio con jurado y a la posibilidad de apelar, al declararse culpable de asesinato capital.

Como parte de un acuerdo, Oropeza evitará la pena de muerte y, en su lugar, cumplirá una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Oropeza fue responsable de la muerte de cinco personas: Daniel Enrique Lazo, de 9 años, Jonathan Cáceres, de 18, Diana Velásquez, de 21, Sonia Guzmán, de 28, y Obdulia Molina, de 31, todos de nacionalidad hondureña.

El crimen tuvo lugar el 28 de abril de 2023, alrededor de las 11:30 p.m., cuando los agentes del condado de San Jacinto recibieron una llamada sobre un incidente de acoso en una casa ubicada en Walter Drive, dentro de la subdivisión Trails End.

Según los investigadores, Oropeza estaba disparando armas en su propiedad cuando fue confrontado por vecinos que le pidieron que cesara debido a que un niño pequeño intentaba dormir. Uno de esos vecinos, Wilson García, decidió llamar a la policía después de que Oropeza se negó a detenerse. Veinte minutos después, el atacante comenzó una serie de disparos que terminaron con la vida de cinco personas, entre ellas, la esposa de García, Sonia Guzmán, quien fue la primera en ser asesinada.

Con la declaración de culpabilidad de Oropeza, el caso llegó a su resolución, y el condenado pasará el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional, evitando la pena capital.

De acuerdo con una declaración del fiscal de distrito del condado de San Jacinto, B. Todd Dillon, el acuerdo de culpabilidad de Francisco Oropeza fue alcanzado después de “varias reuniones” entre su abogado defensor, las familias de las víctimas y el equipo de la fiscalía.

Dillon indicó que las familias de las víctimas consideraron que la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional “evitaría el sufrimiento” y el trauma de un juicio, al mismo tiempo que garantizaría que Oropeza enfrente las consecuencias de sus actos durante el resto de su vida.

“Oropeza nunca volverá a respirar aire libre por el resto de su vida, y el condado de San Jacinto nunca tendrá que preocuparse de que sea una amenaza para cualquiera de sus ciudadanos”, dijo Dillion en el comunicado.