Monumento a la corrupción: así luce el primer y fallido hospital móvil de Honduras

Dos años y medio después, los nombres de los presuntos responsables del fiasco del hospital y clínica móvil de Villanueva, Cortés, comienzan a resonar en casos judiciales. El equipo modular fue instalado con el objetivo de contener la pandemia del coronavirus.

En principio, las instalaciones llamaron la atención por lucir rudimentarias y no aptas para la atención de pacientes. El caso alcanzó su auge cuando se conoció la elevada cifra de su instalación.

El Ministerio Público (MP) presentó requerimiento fiscal contra Gabriel Alfredo Rubí Paredes, exministro de Copeco, Nery Conrado Cerrato Ramírez, ex viceministro de Salud, Cristian Elías Santeli Chavarría, exadministrador de Copeco, y la representante legal en Honduras de la empresa DLX Enterprises LLC, Mirna Luz Romero Majano.

“Lo que se instaló nada más fue una carpa que no cumplía ni los requisitos básicos o mínimos para atender pacientes en momentos críticos de la pandemia”, dijo el MP.

La Fiscalía considera que los encausados se coludieron para defraudar las arcas públicas y beneficiar a la empresa que entregó fueron toldos y camillas de campamento.

Según el MP, el 28 de febrero de 2020, el viceministro Nery Cerrato, actuando como Coordinador del Comité Técnico Científico del Sinager, comenzó con Gabriel Rubí la solicitud de la adquisición del hospital y salas de aislamiento móviles, alterando documentación y violentando una serie de procedimientos y protocolos legales, “todo eso en un tiempo récord de dos días”.

El equipo sanitario del centro quedó sin funciones. El caso fue el preámbulo de otro fiasco del gobierno hondureño en materia de coronavirus: los siete hospitales móviles comprados a través de Invest-H a una empresa en Turquía, por 47 millones de dólares.

Además, con las inspecciones de campo y pericias de expertos de Ingeniería Civil y Biomédica, se acreditó que el proyecto fallido se instaló en un predio de tierra (campo de fútbol) inundable y sin estudios topógráficos.

A Gabriel Alfredo Rubí Paredes y a Cristian Elías Santeli Chavarría los acusan de violación de los deberes de los funcionarios y fraude, mientras que a Nery Conrado Cerrato Ramírez se le presume responsable de falsificación de documentos públicos y a Mirna Luz Romero Majano se le señala como cooperador necesario de fraude.

Villanueva fue uno de los municipios más golpeados por casos de muertes relacionadas al covid-19 en Honduras.