Tegucigalpa, Honduras.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia nombró ayer a un juez natural que conocerá el caso de extradición del hondureño Roberto de Jesús Soto García, quien fue solicitado por Estados Unidos.
Soto García es acusado por la Fiscalía Federal del distrito sur de Nueva York de ser el facilitador para que los sobrinos del presidente venezolano Nicolás Maduro transportaran drogas por tierras hondureñas.
El presidente de ese Poder del Estado, Rolando Argueta, explicó que el expediente será entregado al juez nombrado, cuya identidad fue omitida por seguridad, y será quien resolverá a favor o en contra del hondureño, que habría sido aliado para que los sobrinos de Maduro trasladaran droga a Estados Unidos.
De igual forma, el pleno de la Corte que se trasladó ayer a la ciudad de Gracias, Lempira, por la celebración del Mes de la Identidad Nacional, entre otras acciones, designó un juez de Letras y una Corte de Apelaciones atendiendo el requerimiento fiscal del Ministerio Público relacionado con la presunta comisión de un delito de malversación de caudales, fraude, abuso de autoridad, en el que se vincula a un diputado suplente de Atlántida.
En ese sentido, se explicó que los sospechosos de haber cometido los referidos delitos son Pedro Rigoberto Fernández, diputado suplente, el exalcalde de Tela David Zaccaro y algunos miembros de la excorporación municipal.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia nombró ayer a un juez natural que conocerá el caso de extradición del hondureño Roberto de Jesús Soto García, quien fue solicitado por Estados Unidos.
Soto García es acusado por la Fiscalía Federal del distrito sur de Nueva York de ser el facilitador para que los sobrinos del presidente venezolano Nicolás Maduro transportaran drogas por tierras hondureñas.
El presidente de ese Poder del Estado, Rolando Argueta, explicó que el expediente será entregado al juez nombrado, cuya identidad fue omitida por seguridad, y será quien resolverá a favor o en contra del hondureño, que habría sido aliado para que los sobrinos de Maduro trasladaran droga a Estados Unidos.
De igual forma, el pleno de la Corte que se trasladó ayer a la ciudad de Gracias, Lempira, por la celebración del Mes de la Identidad Nacional, entre otras acciones, designó un juez de Letras y una Corte de Apelaciones atendiendo el requerimiento fiscal del Ministerio Público relacionado con la presunta comisión de un delito de malversación de caudales, fraude, abuso de autoridad, en el que se vincula a un diputado suplente de Atlántida.
En ese sentido, se explicó que los sospechosos de haber cometido los referidos delitos son Pedro Rigoberto Fernández, diputado suplente, el exalcalde de Tela David Zaccaro y algunos miembros de la excorporación municipal.
Este expediente lo conocerá como juez natural de primera instancia el magistrado presidente Rolando Argueta y como corte de apelaciones el magistrado Miguel Pineda, la magistrada María Fernanda Castro y el magistrado Edwin Ortez.
Esta causa será conocida bajo el procedimiento especial contemplado en el Código Procesal Penal para altos funcionarios del Estado dada la condición de diputado suplente del señor Pedro Fernández.
Asimismo, los magistrados del Poder Judicial conocieron el expediente de una querella promovida por el abogado Jaime Rodríguez en su condición de abogado defensor del señor Vicente Carrión, contra la diputada Beatriz Valle, en virtud de la supuesta comisión de delitos de injurias constitutivas de difamación.
En este caso, el tribunal de sentencia quedó conformado por los magistrados Abilio Serrano, Rolando Argueta, Rina Alvarado y Reynaldo Hernández
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia trataron al menos 20 puntos, entre los cuales se dio resolución a temas sobre la partida en los Juzgados de Paz que pasará de 50,000 a 100,000 lempiras.
El pleno además decidió la conformación de los Juzgados de Lepaera, Lempira, en los que se ventilarán casos de los municipios de La Unión, San Rafael y Las Flores, con los que se cubrirá a unos 80,000 habitantes de ese departamento.
Inauguración
Este día por la tarde, las máximas autoridades del Poder Judicial inaugurarán la oficina de antecedentes penales. “Nuestra intención es que entren en funcionamiento en los 18 departamentos del país oficinas de antecedentes penales. La oficina en Lempira será de beneficio para que los pobladores no se trasladen a Santa Rosa”, aseguró Argueta.
