Tegucigalpa, Honduras.
La criminalización de la protesta pública y los alcances de la reforma al delito de terrorismo sigue siendo el meollo en el Congreso Nacional para la aprobación del paquete de enmiendas en materia de seguridad promovidas por el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, el titular de la comisión especial nombrada para realizar el dictamen de la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad, Tomás Zambrano, aseguró que la versión final sufrió modificaciones y se omitió este extremo que sostienen los partidos de la oposición política.
“Se descarta que este decreto busque criminalizar las marchas o las protestas de diferentes sectores políticos o grupos sociales”, enfatizó. El también presidente de la comisión legislativa de seguridad explicó que “se reforma el artículo 335 del Código Penal en el cual establece que una o más personas que sean integrantes o formen parte de asociaciones ilícitas, desde ahí estamos hablando de delincuentes de altos vuelos, no de dos o tres políticos, estudiantes o un grupo social que se manifiesten, desarrollen de forma sistemática acciones”.
La quema de unidades de transporte o de establecimientos comerciales tales como restaurantes son un ejemplo de esos actos que se tipificarían como terrorismo, ya que afectan a la población, indicó Zambrano.
El conjunto de enmiendas a ocho normativas vigentes buscan endurecer las penas para los delitos de extorsión de 15 a 20 años y de 40 a 50 años en el caso del terrorismo. La imposición de sanciones pecuniarias que van de 50 hasta cinco mil salarios mínimos se contempla para estas figuras delictivas estipuladas en el Código Penal.
Sesgadas
Zambrano manifestó que “hay posiciones sesgadas políticas, pero tenemos la confianza que los compañeros diputados cuando estemos discutiendo en el pleno, que se explique bien, que miren bien la redacción que lo lean van a quedar claras y despejadas cualquier duda”.
Previo a la culminación de la tercera legislatura, el dictamen del paquete de reformas penales pasó en primer debate y el pasado 26 de enero se le dio su segunda lectura, quedando pendiente la discusión y a su vez aprobación en tercer y último debate.
A 25 días para que culmine el período de campaña y propaganda electoral, los diputados andan en proselitismo político en sus lugares de origen, pero podrían ser convocados el próximo 14 de febrero para que se admita de una vez por todas esta iniciativa.
El partido Libertad y Refundación (Libre) emitirá un voto particular mediante el parlamentario Rasel Tomé, quien fue el representante de este instituto en la comitiva legislativa y todos los sufragios de la bancada serán contra. Mientras el Partido Anticorrupción (PAC) brindaría su respaldo en ciertos puntos y el Partido Liberal sostiene su postura de que se haga un cambio completo a la enmienda al artículo 335 del Código Penal, ya que como se encuentra les genera suspicacia y no lo avalarían.
La criminalización de la protesta pública y los alcances de la reforma al delito de terrorismo sigue siendo el meollo en el Congreso Nacional para la aprobación del paquete de enmiendas en materia de seguridad promovidas por el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, el titular de la comisión especial nombrada para realizar el dictamen de la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad, Tomás Zambrano, aseguró que la versión final sufrió modificaciones y se omitió este extremo que sostienen los partidos de la oposición política.
“Se descarta que este decreto busque criminalizar las marchas o las protestas de diferentes sectores políticos o grupos sociales”, enfatizó. El también presidente de la comisión legislativa de seguridad explicó que “se reforma el artículo 335 del Código Penal en el cual establece que una o más personas que sean integrantes o formen parte de asociaciones ilícitas, desde ahí estamos hablando de delincuentes de altos vuelos, no de dos o tres políticos, estudiantes o un grupo social que se manifiesten, desarrollen de forma sistemática acciones”.
La quema de unidades de transporte o de establecimientos comerciales tales como restaurantes son un ejemplo de esos actos que se tipificarían como terrorismo, ya que afectan a la población, indicó Zambrano.
El conjunto de enmiendas a ocho normativas vigentes buscan endurecer las penas para los delitos de extorsión de 15 a 20 años y de 40 a 50 años en el caso del terrorismo. La imposición de sanciones pecuniarias que van de 50 hasta cinco mil salarios mínimos se contempla para estas figuras delictivas estipuladas en el Código Penal.
Sesgadas
Zambrano manifestó que “hay posiciones sesgadas políticas, pero tenemos la confianza que los compañeros diputados cuando estemos discutiendo en el pleno, que se explique bien, que miren bien la redacción que lo lean van a quedar claras y despejadas cualquier duda”.
Previo a la culminación de la tercera legislatura, el dictamen del paquete de reformas penales pasó en primer debate y el pasado 26 de enero se le dio su segunda lectura, quedando pendiente la discusión y a su vez aprobación en tercer y último debate.
A 25 días para que culmine el período de campaña y propaganda electoral, los diputados andan en proselitismo político en sus lugares de origen, pero podrían ser convocados el próximo 14 de febrero para que se admita de una vez por todas esta iniciativa.
El partido Libertad y Refundación (Libre) emitirá un voto particular mediante el parlamentario Rasel Tomé, quien fue el representante de este instituto en la comitiva legislativa y todos los sufragios de la bancada serán contra. Mientras el Partido Anticorrupción (PAC) brindaría su respaldo en ciertos puntos y el Partido Liberal sostiene su postura de que se haga un cambio completo a la enmienda al artículo 335 del Código Penal, ya que como se encuentra les genera suspicacia y no lo avalarían.
