Tegucigalpa, Honduras.
El Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional una propuesta de ley denominada “Plan financiero de rescate solidario” con el objetivo de beneficiar a las personas y empresas que tienen dificultades para pagar sus deudas al haber sido afectadas por la pandemia del covid-19.
Sin embargo, la iniciativa dispara las alarmas, puesto que aunque da expectativas para los deudores, también ha generado temores y polémica por la forma en que se busca regular el sistema financiero.
LEA: Puntos de atención de la banca hondureña crecen en un 22%
Economistas y empresarios consideran que el proyecto estaría yendo contra la economía de mercado y piden prudencia para evitar un riesgo sistémico e instan a velar por la estabilidad del sistema financiero, debido a que el dinero que manejan es de todos los ahorrantes.
De aprobarse las reformas, se les prohibiría a los bancos o financieras la capitalización de intereses de los pagos no realizados desde marzo 2020 a diciembre de 2021.
También se prohibiría, por el mismo periodo, la aplicación de cargos moratorios, cargos por servicios, o cualquier otro costo o cargo adicional a la tasa de interés, incluyendo el de las tarjetas de crédito.
La propuesta establece tasas máximas mensuales de 2% para tarjetas de crédito y 1% para créditos otorgados por instituciones financieras (bajando de 30% a 12% anual la tasa promedio), según una presentación hecha por la Secretaría de Estado de la Presidencia.
Además, la ley permitirá otorgar moratoria de créditos sin constituir reservas para los créditos por morosidad y sin cambio en la categoría de riesgo de los deudores.
Empresarios advierten que varios bancos no podrían sobrevivir al impacto que tendrían estas reformas en sus activos.
La ley estaría en contra de la economía de libre mercado, explicó el economista y docente Claudio Salgado, quien agregó que hay muchos criterios que serían de injerencia del Estado en el sistema financiero.
