San Pedro Sula, Honduras.
La exjueza con jurisdicción nacional Wendy Vanessa Caballero Reyes, recluida en la cárcel de mujeres de Támara, Francisco Morazán, venía colaborando con miembros del crimen organizado y delincuencia común, según las acusaciones del Ministerio Público.
La exjueza está acusada por la Fiscalía por violación de los deberes de los funcionarios, cohecho y prevaricato al haber otorgado medidas cautelares de arresto domiciliario al presunto narcotraficante y pandillero de la 18 Alexander Montes Aguilar, procesado por asociación ilícita, tráfico de drogas y portación ilegal de armas.
Caballero Reyes, según investigación, recibió un millón de lempiras de parte de Aguilar Montes para no ser recluido en el presidio; es por ello que la Fiscalía lo acusó por el delito de soborno doméstico.
Por este caso también está acusado Wilmer Geovany Caballero Reyes, hermano de la exfuncionaria judicial, quien fungía como secretario del Juzgado.
El juicio contra los hermanos Caballero Reyes fue suspendido el 8 de septiembre debido a que el Ministerio Público recusó a los jueces de la sala 5 del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula. Se está a la espera que la Corte resuelva para que inicie.
Expediente
La exadministradora de justicia fue nuevamente acusada por el Ministerio Público por abuso de autoridad en concurso ideal con el delito de colaboración para la evasión. La entonces jueza habría cometido el delito el 16 de agosto de 2012, cuando agentes de la desaparecida Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) capturaron a José Adalid Hernández Iriarte en posesión de un arma de fuego, de la cual no portaba sus documentos.
Al momento en que los agentes verificaban en los archivos policiales constataron que el detenido gozaba de medidas sustitutivas por portación ilegal de armas y que tenía una orden de captura pendiente por el asesinato del abogado Héctor Javier Padilla, ocurrido el 6 de junio de 2012.
Al siguiente día, la Fiscalía de El Progreso, Yoro, lugar de los hechos, le presentó requerimiento fiscal por portación ilegal de armas y lo puso a la orden de los juzgados para que se continuara el proceso por el delito de asesinato.
El expediente judicial establece que Hernández Iriarte al ser capturado por portación ilegal de armas fue presentado en audiencia de declaración de imputado y la otrora jueza lo dejó en libertad, observando la extraña resolución y sabiendo que el acusado tenía orden de captura por asesinato procedieron a detenerlo nuevamente en ejecución a la orden de aprehensión; sin embargo, Caballero dijo a los policías que “no podían capturar al imputado, que no lo iba ha permitir, ya que la Fiscalía no le había comunicado nada sobre esa nueva orden de captura, esa orden de captura la tienen que ejecutar otro día”, cita el expediente.
En la declaración se establece que Caballero amenazó a los agentes manifestándoles “que si le daban captura al imputado, ella los iba a enrollar a ellos”. Asimismo, la ahora acusada se aseguró de que Hernández Iriarte saliera del juzgado de El Progreso junto a su defensor privado, ya que lo acompañó hasta la entrada del edificio, evitando con esa acción que los agentes pudieran ejecutar la orden de captura, según lo establece el requerimiento fiscal. Por este caso tiene detención judicial.
La exjueza con jurisdicción nacional Wendy Vanessa Caballero Reyes, recluida en la cárcel de mujeres de Támara, Francisco Morazán, venía colaborando con miembros del crimen organizado y delincuencia común, según las acusaciones del Ministerio Público.
La exjueza está acusada por la Fiscalía por violación de los deberes de los funcionarios, cohecho y prevaricato al haber otorgado medidas cautelares de arresto domiciliario al presunto narcotraficante y pandillero de la 18 Alexander Montes Aguilar, procesado por asociación ilícita, tráfico de drogas y portación ilegal de armas.
Caballero Reyes, según investigación, recibió un millón de lempiras de parte de Aguilar Montes para no ser recluido en el presidio; es por ello que la Fiscalía lo acusó por el delito de soborno doméstico.
Por este caso también está acusado Wilmer Geovany Caballero Reyes, hermano de la exfuncionaria judicial, quien fungía como secretario del Juzgado.
El juicio contra los hermanos Caballero Reyes fue suspendido el 8 de septiembre debido a que el Ministerio Público recusó a los jueces de la sala 5 del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula. Se está a la espera que la Corte resuelva para que inicie.
Expediente
La exadministradora de justicia fue nuevamente acusada por el Ministerio Público por abuso de autoridad en concurso ideal con el delito de colaboración para la evasión. La entonces jueza habría cometido el delito el 16 de agosto de 2012, cuando agentes de la desaparecida Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) capturaron a José Adalid Hernández Iriarte en posesión de un arma de fuego, de la cual no portaba sus documentos.
Al momento en que los agentes verificaban en los archivos policiales constataron que el detenido gozaba de medidas sustitutivas por portación ilegal de armas y que tenía una orden de captura pendiente por el asesinato del abogado Héctor Javier Padilla, ocurrido el 6 de junio de 2012.
Al siguiente día, la Fiscalía de El Progreso, Yoro, lugar de los hechos, le presentó requerimiento fiscal por portación ilegal de armas y lo puso a la orden de los juzgados para que se continuara el proceso por el delito de asesinato.
El expediente judicial establece que Hernández Iriarte al ser capturado por portación ilegal de armas fue presentado en audiencia de declaración de imputado y la otrora jueza lo dejó en libertad, observando la extraña resolución y sabiendo que el acusado tenía orden de captura por asesinato procedieron a detenerlo nuevamente en ejecución a la orden de aprehensión; sin embargo, Caballero dijo a los policías que “no podían capturar al imputado, que no lo iba ha permitir, ya que la Fiscalía no le había comunicado nada sobre esa nueva orden de captura, esa orden de captura la tienen que ejecutar otro día”, cita el expediente.
En la declaración se establece que Caballero amenazó a los agentes manifestándoles “que si le daban captura al imputado, ella los iba a enrollar a ellos”. Asimismo, la ahora acusada se aseguró de que Hernández Iriarte saliera del juzgado de El Progreso junto a su defensor privado, ya que lo acompañó hasta la entrada del edificio, evitando con esa acción que los agentes pudieran ejecutar la orden de captura, según lo establece el requerimiento fiscal. Por este caso tiene detención judicial.
