Con tecnología ubicarán y atacarán al extorsionador

SAN PEDRO SULA

La Secretaría de Seguridad fortalecerá la Policía Nacional con nueva tecnología para rastrear transacciones financieras, llamadas y ubicar, por medio del sistema de posicionamiento global (GPS), de manera exacta a los individuos que se dedican a la extorsión en barrios y colonias de las grandes ciudades.

Para enfrentar a los criminales, el Gobierno pondrá en marcha el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión con un presupuesto superior a los L1,095 millones, y de esa suma destinará L618 millones para comprar tecnología.

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La estrategia del plan se basará en la tecnología (“hardware” y “software” de última generación), que absorberá el 56% del presupuesto; sin embargo, la Secretaría de Seguridad contratará a 500 nuevos policías, a los que les pagará en suma L134,134,818.84 (12% del presupuesto) y arrendará 200 automóviles por un monto de L135 millones (12.3%).

El fortalecimiento tecnológico de la Policía Nacional, según el plan, responde al “modus operandi” de las organizaciones delictivas. Estas exigen dinero efectivo, depósitos y transferencias a cuentas bancarias, y también envíos de dinero a través de las billeteras electrónicas que ofrecen empresas.

“Es una buena decisión que tomará el Gobierno. Invertir en tecnología es importante porque por medio de los teléfonos cometen las extorsiones. Nosotros pagamos la extorsión en efectivo y también lo hemos hecho por transferencia electrónica”, dijo un dirigente del transporte de San Pedro Sula que solicitó el anonimato.

Según el transportista, actualmente por cada unidad de transporte de pasajeros les pagan a los delincuentes en promedio L1,000 cada semana, L4,000 al mes.

Estimó que por unos 1,530 buses (de todas las capacidades) les desembolsan a las organizaciones criminales alrededor de L6,120,000 al mes, más de L73 millones en un año.

“Acabar con la extorsión no es difícil. Recuerdo que cuando trasladaron el centro penal de San Pedro Sula a Ilama, Santa Bárbara, durante seis meses estuvimos tranquilos, sin pagar extorsión. Pero a los reos les meten teléfonos y ahora estamos en la misma situación. Es por ese motivo que es importante la tecnología.También deben bloquear las llamadas en los presidios”, manifestó.

Este nuevo plan contra la extorsión incluye la “adquisición de tecnología para el bloqueo de señales y redes de comunicación utilizadas por los privados de libertad”, cuya población es de 19,617 reos, distribuidos en 25 centros y 1 anexo en el Primer Batallón de Infantería.En el sistema penitenciario, de esa cantidad, 2,368 pertenecen a la Pandilla 18 y 1,289 a la MS-13.

La Secretaría de Seguridad estima que por cada pandillero recluido en un presidio hay tres en las calles, unos 11,500 ejecutando delitos, como la extorsión.

“Las personas que trabajamos honradamente nos sentimos alegres porque van atacar a los extorsionadores, ojalá sea cierto. Este problema tiene solución, pero no es fácil porque uno no sabe si un compañero de trabajo puede ser extorsionador”, dijo un chofer de un bus que aseguró llamarse José solamente y cubre la ruta Centro-Rivera Hernández en San Pedro Sula.

El presupuesto del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión incluye una inversión de L24 millones (equivalente al 2.2%) para compra de información durante las labores de inteligencia que realicen los policías en los barrios y colonias.

Con el objetivo de “mejorar la respuesta institucional ante el fenómeno criminal de la extorsión y delitos conexos al disponer de un estamento legal que dinamice la iniciativa procesal y respuesta investigativa”, el plan propone “reformas a las leyes y reglamentos que persiguen y penalizan la extorsión y los delitos conexos”.

Las reformas abarcarán el Código Penal, Ley de Intervención de las Comunicaciones, Ley y Reglamento Sistema Penitenciario, Ley de Lavado de Activos, Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional, inclusive el Código de la Niñez y la Adolescencia, porque las organizaciones criminales utilizan a menores de edad para intimidar y recaudar el dinero que entregan las víctimas.

El plan propone que en el artículo 11 del Código de la Niñez “deberá incorporarse tácitamente que los menores infractores internados en los diferentes centros correccionales del país, al cumplir la edad adulta (18 años), deben ser transferidos a los centros penales destinados para ese tipo de población”.

Bajo el nuevo plan, si logran reformar el artículo 374 del Código Penal, cometerá “el delito de extorsión quien recolecte de forma personal, por medio de transferencias electrónicas o a través de cuentas de instituciones financieras y bancarias, billeteras electrónicas, cobros forzados de venta de alimentos, servicios de car wash y venta en insumos de combustibles, carburantes y repuestos”.

“Deben hacer esas reformas porque los extorsionadores han utilizado una y mil formas de disfrazar el cobro. Hubo un tiempo que nos vendían rifas para no despertar sospechas de que se trataba de extorsión”, dijo otro transportista.

Con el plan, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) tendrá que exigir a los oferentes de tarjetas SIM que cada vez que le vendan una a un cliente exijan una copia de la identidad o pasaporte.

A la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) le piden regular las empresas de billeteras electrónicas.

Ayer, el secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, quien visitó Roatán, informó que ha tenido reuniones con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y alcaldes para plantearles la nueva estrategia de combate de la extorsión, un delito que no solo es cometido por mareros, sino por otros ciudadanos.

SAN PEDRO SULA. La Secretaría de Seguridad espera que el Congreso Nacional modifique la Ley Especial sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas, aprobada en 2011 para combatir los delitos, como la extorsión y el secuestro.

Esta no será la primera vez que la ley será sometida a una modificación. Hasta ahora, según esa ley, los órganos jurisdiccionales en material penal son los únicos facultados para autorizar la intervención de llamadas telefónicas.

En 2013, el Congreso Nacional modificó el artículo 24 de esta ley para que el Órgano Jurisdiccional, al ordenar la intervención de una comunicación privada, envíe un oficio a la Unidad de Intervención de Comunicaciones (UIC) del Ministerio Público “para que proceda a su ejecución”.