Ciudad de México.
La fiscalía general de México anunció ayer una investigación sobre el presunto espionaje en contra de periodistas y activistas, quienes acusan al gobierno de haber intervenido sus teléfonos celulares.
La carpeta de investigación por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática estará a cargo de la fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión (Feadle), informó la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal), en un comunicado. Detalló además que “investigará los posibles proveedores de tecnología utilizada para realizar este tipo de actos” y les pedirá que informen a qué dependencias federales y estatales y, de ser el caso, a qué empresas privadas les han facilitado equipos de intervención.
La denuncia, que fue rechazada por la presidencia de México argumentando que no existen pruebas del delito, apunta al presunto uso de un software de espionaje fabricado por la empresa israelí NSO Group que se vende exclusivamente a gobiernos para combatir a terroristas y criminales.
Según un reportaje divulgado el lunes por The New York Times, el espionaje contra defensores de derechos humanos, periodistas de investigación y activistas anticorrupción, se efectuó utilizando un tipo de malware provisto por la empresa, que cuenta entre sus clientes al Ministerio de Defensa Nacional de México y a la misma fiscalía general.
Entre los agraviados está la periodista Carmen Aristegui, reconocida por haber revelado sonados casos de posible corrupción que involucran al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, y el defensor de derechos humanos Mario Patrón, que abogó por los familiares de 43 estudiantes desaparecidos en 2014.
La fiscalía general de México anunció ayer una investigación sobre el presunto espionaje en contra de periodistas y activistas, quienes acusan al gobierno de haber intervenido sus teléfonos celulares.
La carpeta de investigación por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática estará a cargo de la fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión (Feadle), informó la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal), en un comunicado. Detalló además que “investigará los posibles proveedores de tecnología utilizada para realizar este tipo de actos” y les pedirá que informen a qué dependencias federales y estatales y, de ser el caso, a qué empresas privadas les han facilitado equipos de intervención.
La denuncia, que fue rechazada por la presidencia de México argumentando que no existen pruebas del delito, apunta al presunto uso de un software de espionaje fabricado por la empresa israelí NSO Group que se vende exclusivamente a gobiernos para combatir a terroristas y criminales.
Según un reportaje divulgado el lunes por The New York Times, el espionaje contra defensores de derechos humanos, periodistas de investigación y activistas anticorrupción, se efectuó utilizando un tipo de malware provisto por la empresa, que cuenta entre sus clientes al Ministerio de Defensa Nacional de México y a la misma fiscalía general.
Entre los agraviados está la periodista Carmen Aristegui, reconocida por haber revelado sonados casos de posible corrupción que involucran al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, y el defensor de derechos humanos Mario Patrón, que abogó por los familiares de 43 estudiantes desaparecidos en 2014.
