Boa Vista, Brasil.
Apenas los vehículos se detienen en los semáforos de las avenidas de Boa Vista, en el norte de Brasil, un enjambre de jóvenes venezolanos armados con esponjas y jabón en botellas plásticas se abalanza para limpiar los vidrios a cambio de monedas.
Otros ofrecen su mano de obra en las esquinas con carteles de cartón. Mujeres, de forma menos explícita y durante la noche, aguardan por clientes en un barrio en el oeste de la capital del fronterizo estado de Roraima.
Miles de migrantes ocupan plazas y parques. Quienes tienen más recursos se agrupan para alquilar algo. La alcaldía de Boa Vista estima que hay 40,000 venezolanos en esta ciudad de 330,000 habitantes, pero nadie sabe realmente cuántos son.
“La crisis humanitaria está instalada”, dice la alcaldesa Teresa Surita, quien afirma que Brasilia demoró en actuar para atender la masiva migración de venezolanos que desde hace tres años llegan por tierra, huyendo de su país por la falta de comida, de medicinas y de trabajo.
“Son muchas reuniones y pocas acciones... estamos trabajando siempre en la emergencia por la falta de planificación”, explica.
Aunque el Ejecutivo nacional anunció recientemente medidas para atender la crisis, la presencia gubernamental no se siente en las calles de Boa Vista, donde es difícil andar sin notar la cara de una migración que busca cómo sobrevivir. Tres refugios se improvisaron en 2017, pero apenas albergan a unas 1,500 personas, un tercio de ellas en condiciones muy precarias.
Abusos
Las alarmas sobre casos de explotación laboral se encendieron en el norte de Brasil con la llegada masiva de refugiados venezolanos al estado fronterizo de Roraima, en busca de trabajo, dinero y comida.Las historias transcurren en silencio y en aparente normalidad, como la de E., una mujer de 27 años, periodista de formación. Junto a su marido, viajó en 2017 desde Caracas a Boa Vista, la capital de Roraima, huyendo de la crisis económica. Con estudios universitarios, residencia temporal y documentación al día, E. consiguió en enero empleo en un restaurante. Contratada por un salario mínimo, fue informada de que sólo recibiría las propinas. Dos meses después ni eso ha cobrado. Trabaja apenas por comida.
“No quiero denunciarlos, por lo menos ahora estoy comiendo. Ojalá me pagaran también”, dice E. que vive con cuatro familiares en un anexo. “Hay mucha vulnerabilidad en esa ola migratoria, especialmente por la inseguridad alimenticia”, explica Cleyton Abreu, coordinador del
Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados en Boa Vista. Informes de instancias internacionales revelan casos de acoso y violencia sexual en el ambiente de trabajo, violencia física y verbal, condiciones de trabajo análogas a la esclavitud, explotación sexual e indicio de tráfico de personas.
Así como E., otros venezolanos en Boa Vista están insatisfechos con las condiciones pero aceptan impulsados por la necesidad.
José Santaella, de 58 años, pedía trabajo en una esquina céntrica de la ciudad cuando una camioneta se detuvo a ofrecerle empleo en una hacienda. La promesa inicial era de 600 reales (unos 190 dólares) por jornadas de sol a sol. Al cabo del primer mes, le fue descontada una quinta parte para pagar su alimentación, compuesta básicamente de “frijoles, cuscús y huesos”.
Santaella consiguió huir y regresó a Boa Vista, donde divide un cuarto con su hija y diez personas. ¿Volvería a ir a una hacienda? “Si me garantizan el pago sí, necesito ayudar a la familia en Venezuela y aquí no hay trabajo ¿qué más puedo hacer?”.
Apenas los vehículos se detienen en los semáforos de las avenidas de Boa Vista, en el norte de Brasil, un enjambre de jóvenes venezolanos armados con esponjas y jabón en botellas plásticas se abalanza para limpiar los vidrios a cambio de monedas.
Otros ofrecen su mano de obra en las esquinas con carteles de cartón. Mujeres, de forma menos explícita y durante la noche, aguardan por clientes en un barrio en el oeste de la capital del fronterizo estado de Roraima.
Miles de migrantes ocupan plazas y parques. Quienes tienen más recursos se agrupan para alquilar algo. La alcaldía de Boa Vista estima que hay 40,000 venezolanos en esta ciudad de 330,000 habitantes, pero nadie sabe realmente cuántos son.
“La crisis humanitaria está instalada”, dice la alcaldesa Teresa Surita, quien afirma que Brasilia demoró en actuar para atender la masiva migración de venezolanos que desde hace tres años llegan por tierra, huyendo de su país por la falta de comida, de medicinas y de trabajo.
| Personas de buen corazón les ofrencen ropa y alimentación.
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Aunque el Ejecutivo nacional anunció recientemente medidas para atender la crisis, la presencia gubernamental no se siente en las calles de Boa Vista, donde es difícil andar sin notar la cara de una migración que busca cómo sobrevivir. Tres refugios se improvisaron en 2017, pero apenas albergan a unas 1,500 personas, un tercio de ellas en condiciones muy precarias.
Abusos
Las alarmas sobre casos de explotación laboral se encendieron en el norte de Brasil con la llegada masiva de refugiados venezolanos al estado fronterizo de Roraima, en busca de trabajo, dinero y comida.Las historias transcurren en silencio y en aparente normalidad, como la de E., una mujer de 27 años, periodista de formación. Junto a su marido, viajó en 2017 desde Caracas a Boa Vista, la capital de Roraima, huyendo de la crisis económica. Con estudios universitarios, residencia temporal y documentación al día, E. consiguió en enero empleo en un restaurante. Contratada por un salario mínimo, fue informada de que sólo recibiría las propinas. Dos meses después ni eso ha cobrado. Trabaja apenas por comida.
| Según estimaciones oficiales de Brasil, entre 500 y 1,200 venezolanos cruzan a diario la frontera hacia Brasil, a 215 km de Boa Vista. Muchos se legalizan a través de pedidos de refugio o residencia temporal.
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Así como E., otros venezolanos en Boa Vista están insatisfechos con las condiciones pero aceptan impulsados por la necesidad.
José Santaella, de 58 años, pedía trabajo en una esquina céntrica de la ciudad cuando una camioneta se detuvo a ofrecerle empleo en una hacienda. La promesa inicial era de 600 reales (unos 190 dólares) por jornadas de sol a sol. Al cabo del primer mes, le fue descontada una quinta parte para pagar su alimentación, compuesta básicamente de “frijoles, cuscús y huesos”.
Santaella consiguió huir y regresó a Boa Vista, donde divide un cuarto con su hija y diez personas. ¿Volvería a ir a una hacienda? “Si me garantizan el pago sí, necesito ayudar a la familia en Venezuela y aquí no hay trabajo ¿qué más puedo hacer?”.
