Tegucigalpa, Honduras.
En los últimos siete años, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió al Ministerio Público 132 informes con indicios de responsabilidad penal.
Estos fueron por la supuesta comisión de delitos encontrados en auditorías aplicadas en instituciones del sector público. Esta baja cifra anima a los nuevos magistrados a fortalecer la institución promoviendo reformas en su ley orgánica para hacer más expeditas las auditorías e investigaciones de los funcionarios.
De esta totalidad, 62 eran expedientes del delito de enriquecimiento ilícito, de los cuales solo en 39 se encontraron indicios de la comisión de este delito; sin embargo, solo 30 fueron remitidos al Ministerio Público. El perjuicio económico para el Estado hondureño asciende a más de 133.3 millones de lempiras.
Un documento detalla que en 2010 se remitió un solo expediente a la Fiscalía, mientras que en 2011 no se reportaron este tipo de denuncias.
En 2012 fueron enviadas cuatro, y en 2013 se remitieron 13 por supuesto enriquecimiento ilícito. En 2014 se envió una, en 2015 se registraron siete y en este año cuatro. Sobre el enriquecimiento ilícito de policías fueron 29 los remitidos por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, pero solamente ocho fueron finalizados.
De 6,382 resoluciones de responsabilidad que fueron notificadas en siete años, el perjuicio económico fue de L5,000 millones y $9,700. Además hizo 468 auditorías a alcaldías de 2009 a 2016.
En los últimos siete años, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió al Ministerio Público 132 informes con indicios de responsabilidad penal.
Estos fueron por la supuesta comisión de delitos encontrados en auditorías aplicadas en instituciones del sector público. Esta baja cifra anima a los nuevos magistrados a fortalecer la institución promoviendo reformas en su ley orgánica para hacer más expeditas las auditorías e investigaciones de los funcionarios.
De esta totalidad, 62 eran expedientes del delito de enriquecimiento ilícito, de los cuales solo en 39 se encontraron indicios de la comisión de este delito; sin embargo, solo 30 fueron remitidos al Ministerio Público. El perjuicio económico para el Estado hondureño asciende a más de 133.3 millones de lempiras.
Un documento detalla que en 2010 se remitió un solo expediente a la Fiscalía, mientras que en 2011 no se reportaron este tipo de denuncias.
En 2012 fueron enviadas cuatro, y en 2013 se remitieron 13 por supuesto enriquecimiento ilícito. En 2014 se envió una, en 2015 se registraron siete y en este año cuatro. Sobre el enriquecimiento ilícito de policías fueron 29 los remitidos por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, pero solamente ocho fueron finalizados.
De 6,382 resoluciones de responsabilidad que fueron notificadas en siete años, el perjuicio económico fue de L5,000 millones y $9,700. Además hizo 468 auditorías a alcaldías de 2009 a 2016.
