La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) expresó este lunes su preocupación por el desalojo previsto de centenares de campesinos que exigen tierras en el sector del Bajo Aguán, departamento de Colón, en el Caribe del país.
Las personas a ser desalojadas pertenecen a la Empresa Asociativa Campesina de Isleta (EACI), una reconocida organización “firmante del acuerdo con el Gobierno el 22 de febrero de 2022, orientado al abordaje de las causas estructurales del conflicto en esa región”, indicó la OACNUDH en un comunicado.
Según versiones de medios locales de prensa, centenares de campesinos ocupan tierras que son privadas y el desalojo previsto obedece a una orden judicial.
La OACNUDH señaló que el pasado viernes recibió información sobre un intento de desalojo de los campesinos, en el que resultó una persona herida de bala, y que aunque la acción se detuvo, se ha retomado hoy.
En el lugar permanecen aproximadamente 300 familias, incluidos niños, niñas, mujeres y personas ancianas que pertenecen a la EACI, afirmó la Oficina de las Naciones Unidas en Tegucigalpa.
La OACNUDH también ha conocido de la EACI que, en su proceso de reivindicación del derecho a la tierra en cuestión, ha interpuesto dos demandas civiles ante el Juzgado de Letras de Tocoa (Colón), entre febrero de 2011 y agosto de 2012, que a más de una década están pendientes de fallos judiciales.
La EACI, además, tiene un procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “por la sistemática violación a los derechos humanos de sus integrantes”.
“En ese sentido, la OACNUDH condena la situación de violencia e inseguridad y la falta de acceso a la tierra de las personas que pertenecen a las empresas campesinas del Bajo Aguán”, enfatizó el ente de las Naciones Unidas.
La OACNUDH hizo un llamamiento al Estado de Honduras para que, “conforme a sus obligaciones internacionales de derechos humanos, utilice los desalojos únicamente como una medida de última ratio, sujeta a un análisis profundo, valorando las circunstancias específicas de cada caso, incluyendo la situación de todos los actores y la falta de certeza jurídica sobre la titularidad de la tierra”.
El mismo organismo reiteró la necesidad de adoptar las medidas necesarias para asegurar la integridad física y psíquica de las personas, evitar el uso de la fuerza y la criminalización y establecer un plan de reubicación.
