Tegucigalpa, Honduras.
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (Maccih) firmaron un acuerdo que para que no se otorgue el beneficio de la conciliación por los delitos de corrupción contra el Estado.
El procurador Abraham Alvarenga resaltó que con la firma del documento queda reflejada la voluntad por parte de la institución en combatir el flagelo de corrupción. El vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, indicó que este es un compromiso entre ambas instituciones que implica que “no habrá más medidas desjudicializadoras a las personas que cometen actos de corrupción”; asimismo, se hará la recuperación de activos que estén dentro y fuera del país y que hayan sido robados por los corruptos.
“Debemos encontrar las posibilidades de resarcir los daños que los corruptos están haciendo al país, deberán cumplir una pena de prisión; pero también los corruptos tendrán que devolver el dinero robado y deberán indemnizar al Estado por los daños ocasionados y este es un trabajo que también está a cargo la Procuraduría”.
La conciliación es parte de las medidas alternas contenidas en el Código Procesal Penal, y que se utilizan para descongestionar el sistema penal.
Esta figura se aplica cuando la Procuraduría y la Fiscalía acuerdan con el acusado resarcir el daño causado.
“Desde la competencia que tiene la Procuraduría se acabó la posibilidad de una conciliación o de archivar un proceso penal en función de temas económicos”, aclaró Jiménez.
El representante de la Misión hizo alusión al caso del periodista Henry Gómez, que se declaró culpable y debió pagar una multa salir libre.
“Entiendo que la indemnización por el daño ocasionado al Estado no se ha cumplido y es labor de la Procuraduría exigir ese cumplimiento”. Expresó que esperan que la PGR reciba la indemnización.
El funcionario de la Organización de Estados Americanos dijo que la única salvedad para conciliar será cuando se apruebe una legislación para la colaboración eficaz.
Capacitación
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (Maccih) firmaron un acuerdo que para que no se otorgue el beneficio de la conciliación por los delitos de corrupción contra el Estado.
El procurador Abraham Alvarenga resaltó que con la firma del documento queda reflejada la voluntad por parte de la institución en combatir el flagelo de corrupción. El vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, indicó que este es un compromiso entre ambas instituciones que implica que “no habrá más medidas desjudicializadoras a las personas que cometen actos de corrupción”; asimismo, se hará la recuperación de activos que estén dentro y fuera del país y que hayan sido robados por los corruptos.
“Debemos encontrar las posibilidades de resarcir los daños que los corruptos están haciendo al país, deberán cumplir una pena de prisión; pero también los corruptos tendrán que devolver el dinero robado y deberán indemnizar al Estado por los daños ocasionados y este es un trabajo que también está a cargo la Procuraduría”.
La conciliación es parte de las medidas alternas contenidas en el Código Procesal Penal, y que se utilizan para descongestionar el sistema penal.
Esta figura se aplica cuando la Procuraduría y la Fiscalía acuerdan con el acusado resarcir el daño causado.
“Desde la competencia que tiene la Procuraduría se acabó la posibilidad de una conciliación o de archivar un proceso penal en función de temas económicos”, aclaró Jiménez.
El representante de la Misión hizo alusión al caso del periodista Henry Gómez, que se declaró culpable y debió pagar una multa salir libre.
“Entiendo que la indemnización por el daño ocasionado al Estado no se ha cumplido y es labor de la Procuraduría exigir ese cumplimiento”. Expresó que esperan que la PGR reciba la indemnización.
El funcionario de la Organización de Estados Americanos dijo que la única salvedad para conciliar será cuando se apruebe una legislación para la colaboración eficaz.
Capacitación
El inicio de un programa orientado a mejorar las capacidades de los abogados y profesionales encargados de defender los intereses de la nación es otro de los puntos que el compromiso establece. La colaboración estará enfocada en mejorar las competencias del personal de la PGR y así recuperar los fondos que de manera ilícita fueron sustraídos de las arcas del Estado.
