Tegucigalpa, Honduras.
Los informes de la supuesta participación de miembros de la carrera policial en crímenes de alto impacto en el país llevó al presidente Juan Orlando Hernández a pedir al Congreso Nacional que se decrete una emergencia en depuración por un año.
El asesinato a sangre fría del titular de la Dirección de Lucha Contra el Crimen Organizado (DLCN), Julián Arístides Gonzales en 2009, del experto en seguridad Alfredo Landaverde en 2011 y del fiscal contra el lavado de activos, Orlan Chávez en 2013, a manos de policías según informes, orilló al Poder Ejecutivo a agilizar el proceso de depuración.
El decreto de emergencia establece amplios poderes al Poder Ejecutivo para que pueda separar de las filas policiales a los miembros que han incumplido con los mandatos de confianza en los que recae la seguridad de los hondureños.
Desde su publicación en el diario oficial La Gaceta, la ley especial permitirá que el presidente Hernández pueda terminar la relación laboral con cualquiera de los policías relacionados del proceso de depuración “sin más responsabilidad que la de garantizar el pago de los derechos que conforme a la legislación nacional corresponda”.
Otro de los aspectos de importancia del decreto, es que por la duración de la emergencia, el encargado de la depuración policial será el secretario de Seguridad y una comisión especial que nombre el Consejo de Defensa y Seguridad del Estado.
“El trámite de depuración será expedito y lo que se busca es fortalecer la Policía Nacional tal y como lo solicitó el presidente Hernández”, explicó el presidente de la comisión de seguridad del Legislativo, Tomás Zambrano. Por otra parte, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, indicó que toda la Cámara Legislativa debe apoyar esta emergencia que ahora es nacional y que impulsa la depuración policial.
LA PRENSA conoció que más de 1,500 policías serán separados de la institución en los próximos días.
Rescate de la Policía
El presidente Hernández expresó ayer en una comparecencia ante los medios de comunicación que ha encontrado ciudadanos que quieren rescatar la Policía Nacional, por lo que sería injusto tratar de la misma manera a todos los policías.
“No vamos a tolerar que ningún policía sea obstáculo en recuperar la paz y tranquilidad del país. Esta ley especial tiene que ver con declarar prioridad nacional, emergencia la depuración policial. Estoy comprometido a construir una Policía Nacional efectiva, confiable, que con resultados se gane no solo el respeto, sino la admiración de la ciudadanía”, dijo el mandatario. Antes de enviar el decreto de emergencia al Congreso Nacional, pidió a los diputados realizar un intenso debate, pero rápido para agilizar la depuración policial.
La emergencia fue dictaminada y aprobada favorablemente anoche por la mayoría de diputados. La depuración durará un año, según el decreto.
Los informes de la supuesta participación de miembros de la carrera policial en crímenes de alto impacto en el país llevó al presidente Juan Orlando Hernández a pedir al Congreso Nacional que se decrete una emergencia en depuración por un año.
El asesinato a sangre fría del titular de la Dirección de Lucha Contra el Crimen Organizado (DLCN), Julián Arístides Gonzales en 2009, del experto en seguridad Alfredo Landaverde en 2011 y del fiscal contra el lavado de activos, Orlan Chávez en 2013, a manos de policías según informes, orilló al Poder Ejecutivo a agilizar el proceso de depuración.
El decreto de emergencia establece amplios poderes al Poder Ejecutivo para que pueda separar de las filas policiales a los miembros que han incumplido con los mandatos de confianza en los que recae la seguridad de los hondureños.
Desde su publicación en el diario oficial La Gaceta, la ley especial permitirá que el presidente Hernández pueda terminar la relación laboral con cualquiera de los policías relacionados del proceso de depuración “sin más responsabilidad que la de garantizar el pago de los derechos que conforme a la legislación nacional corresponda”.
 Hernández enfatizó que el policía que no es diligente debe ser separado.
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“El trámite de depuración será expedito y lo que se busca es fortalecer la Policía Nacional tal y como lo solicitó el presidente Hernández”, explicó el presidente de la comisión de seguridad del Legislativo, Tomás Zambrano. Por otra parte, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, indicó que toda la Cámara Legislativa debe apoyar esta emergencia que ahora es nacional y que impulsa la depuración policial.
LA PRENSA conoció que más de 1,500 policías serán separados de la institución en los próximos días.
Rescate de la Policía
El presidente Hernández expresó ayer en una comparecencia ante los medios de comunicación que ha encontrado ciudadanos que quieren rescatar la Policía Nacional, por lo que sería injusto tratar de la misma manera a todos los policías.
“No vamos a tolerar que ningún policía sea obstáculo en recuperar la paz y tranquilidad del país. Esta ley especial tiene que ver con declarar prioridad nacional, emergencia la depuración policial. Estoy comprometido a construir una Policía Nacional efectiva, confiable, que con resultados se gane no solo el respeto, sino la admiración de la ciudadanía”, dijo el mandatario. Antes de enviar el decreto de emergencia al Congreso Nacional, pidió a los diputados realizar un intenso debate, pero rápido para agilizar la depuración policial.
La emergencia fue dictaminada y aprobada favorablemente anoche por la mayoría de diputados. La depuración durará un año, según el decreto.
