Tegucigalpa, Honduras.
En menos de una década han sido asesinadas en Honduras más de mil personas vinculadas al transporte y la mayoría de estos homicidios fueron en represalia por no pagar las extorsiones exigidas por grupos criminales.
En menos de una década han sido asesinadas en Honduras más de mil personas vinculadas al transporte y la mayoría de estos homicidios fueron en represalia por no pagar las extorsiones exigidas por grupos criminales.
Solo en los últimos tres años ya se cuentan más de 400 homicidios contra miembros del sector transporte, según los reportes de los órganos de seguridad del país.
Esto refleja de la manera más cruel los alcances y la gravedad del problema de la extorsión en el territorio hondureño, pues son miles las vidas que se pierden como consecuencia directamente vinculada con este delito.
Un homicidio de alto impacto en el sector transporte se dio el 10 de marzo de 2015, cuando sicarios en moto asesinaron a tiros al empresario del transporte Carlos Andonie, uno de los dirigentes que más había denunciado las extorsiones contra el transporte.
Quema de buses
Otro de los métodos usados por los extorsionadores para tratar de obligar a los transportistas a pagar el “impuesto de guerra” es quemar sus buses, rapiditos o taxis.
Solo en lo que va de este año, los dirigentes del transporte reportan más de 30 buses incendiados por criminales.
Al referirse al tema de la quema de buses, Roberto Herrera Cáceres, comisionado nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), señaló que “la quema de buses es un tema que se debe atacar y prevenir, en toda su intensidad, con el esfuerzo asociado de todos los sectores involucrados”.
La práctica de quemar buses para presionar a pagar extorsiones también se ha usado en El Salvador y con menor medida en Guatemala, demostrando las similitudes que hay en la forma de operar de los grupos criminales que hay en el Triángulo Norte de Centroamérica.
Golpe a las finanzas
El transporte es el más afectado por el “impuesto de guerra” en Honduras, pues según la Secretaría de Seguridad solo entre Tegucigalpa y San Pedro Sula hay unas 15,000 unidades de transporte por las que los dueños o conductores pagan extorsión a grupos criminales del país.
Además dichos estudios calculan que solo entre los transportistas de Tegucigalpa y San Pedro Sula pagan al año unos 24.1 millones de dólares (unos 554 millones de lempiras) a las pandillas y otros grupos del crimen organizado.
