Tegucigalpa, Honduras.
La crisis que se ha desatado en los últimos días en el Poder Judicial tienen su origen en la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial publicada en La Gaceta de fecha 15 de abril de 2016 por parte del pleno de la Corte Suprema de Justicia.
“La sentencia que declare la inconstitucionalidad de un precepto legal podrá declarar también aquellos preceptos de la misma ley, de otra u otras con las que tenga una relación directa y necesaria”, manifiesta la disposición del Poder Judicial.
Asimismo, explica que el nombramiento de los dos titulares de la Inspectoría General de los Órganos Judiciales también es abarcado por el efecto extensivo de la declaratoria de inconstitucionalidad y, por lo tanto, este órgano debe ser expulsado del ordenamiento jurídico por carecer de sustento legal para ejercer una función como servidor del Estado.
Esto significa que tanto el Consejo de la Judicatura como los cargos de concejeros e inspectores de tribunales desaparecieron del sistema judicial.
De lo contrario se entraría en conflicto con el artículo 321 de la Constitución de la República, que expresa que los servidores del Estado no tienen más facultades que la ley le confiere. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo.
Atribución
De acuerdo con la Ley del Consejo de la Judicatura, el papel fundamental que el inspector general e inspector adjunto tienen cómo atribución es investigar el patrimonio de los funcionarios y empleados judiciales.
El lunes anterior, la inspectora adjunta de tribunales, Marlene Suyapa Pérez, denunció actos irregulares que salpican a funcionarios del Poder Judicial. Esto desató una crisis interna en la Corte Suprema de Justicia porque la funcionaria señaló que el mismo presidente de ese poder del Estado está violentando derechos humanos.
En un comunicado, el Poder Judicial calificó sin fundamento los señalamientos de la inspectora adjunta.
Reacción
Juan Pablo Aguirre, inspector general de tribunales, dijo ayer que “la sentencia emitida por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia es totalmente ilegal porque fue el Congreso Nacional quien nos nombró y, por lo tanto, a ellos les corresponde destituirnos mediante una renuncia o en su defecto un juicio político”.
En ese sentido, dijo que hasta hoy la Inspectoría de Tribunales ha estado funcionando normalmente, sin embargo, no han recibido los salarios respectivos correspondientes al mes de septiembre.
No obstante, el presidente de la Corte, Rolando Argueta, emitió una resolución que retorna a estos funcionarios a sus puestos originales.
La crisis que se ha desatado en los últimos días en el Poder Judicial tienen su origen en la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial publicada en La Gaceta de fecha 15 de abril de 2016 por parte del pleno de la Corte Suprema de Justicia.
“La sentencia que declare la inconstitucionalidad de un precepto legal podrá declarar también aquellos preceptos de la misma ley, de otra u otras con las que tenga una relación directa y necesaria”, manifiesta la disposición del Poder Judicial.
Asimismo, explica que el nombramiento de los dos titulares de la Inspectoría General de los Órganos Judiciales también es abarcado por el efecto extensivo de la declaratoria de inconstitucionalidad y, por lo tanto, este órgano debe ser expulsado del ordenamiento jurídico por carecer de sustento legal para ejercer una función como servidor del Estado.
Esto significa que tanto el Consejo de la Judicatura como los cargos de concejeros e inspectores de tribunales desaparecieron del sistema judicial.
De lo contrario se entraría en conflicto con el artículo 321 de la Constitución de la República, que expresa que los servidores del Estado no tienen más facultades que la ley le confiere. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo.
Atribución
De acuerdo con la Ley del Consejo de la Judicatura, el papel fundamental que el inspector general e inspector adjunto tienen cómo atribución es investigar el patrimonio de los funcionarios y empleados judiciales.
El lunes anterior, la inspectora adjunta de tribunales, Marlene Suyapa Pérez, denunció actos irregulares que salpican a funcionarios del Poder Judicial. Esto desató una crisis interna en la Corte Suprema de Justicia porque la funcionaria señaló que el mismo presidente de ese poder del Estado está violentando derechos humanos.
En un comunicado, el Poder Judicial calificó sin fundamento los señalamientos de la inspectora adjunta.
Reacción
Juan Pablo Aguirre, inspector general de tribunales, dijo ayer que “la sentencia emitida por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia es totalmente ilegal porque fue el Congreso Nacional quien nos nombró y, por lo tanto, a ellos les corresponde destituirnos mediante una renuncia o en su defecto un juicio político”.
En ese sentido, dijo que hasta hoy la Inspectoría de Tribunales ha estado funcionando normalmente, sin embargo, no han recibido los salarios respectivos correspondientes al mes de septiembre.
No obstante, el presidente de la Corte, Rolando Argueta, emitió una resolución que retorna a estos funcionarios a sus puestos originales.
