Unos 28 cadáveres de las 46 mujeres que murieron el martes pasado en una reyerta en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) han sido identificados, de los cuales 25 ya fueron entregados a sus familiares, informó una fuente oficial.
La portavoz del Ministerio Público, Izza Alvarado, dijo a periodistas que 26 cadáveres fueron identificados a través de huellas dactilares y de ellos 25 ya fueron entregados a sus familiares.
Otros dos cuerpos fueron identificados a través de una odontología forense, señaló Alvarado, quien comentó además que los médicos forenses continúan trabajando en la identificación de los restantes 18 cadáveres a través de diferentes métodos científicos.
Según las autoridades, el enfrentamiento se registró el martes entre pandillas rivales en la cárcel femenina, ubicada al norte de Tegucigalpa, la capital. Alrededor de 23 mujeres murieron con armas de fuego y blancas, y las 23 restantes calcinadas en un incendio.
A raíz de la muerte de las reclusas, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, instruyó el miércoles a las Fuerzas Armadas para que la Policía Militar de Orden Público asuma a partir del 1 de julio el control de todas las cárceles del país, durante un año.
En ese tiempo, la PMOP deberá “reclutar, capacitar y formar por lo menos 2.000 nuevos custodios de centros penales, en cumplimiento de la Ley del Instituto Nacional Penitenciario (INP)”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) instó este jueves a Honduras a redoblar esfuerzos para proteger a las mujeres presas y lamentó que los militares asuman de nuevo el control de todas las cárceles.
“El Estado es responsable de proteger la vida e integridad de las personas que están bajo su custodia, en particular de las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad como las mujeres”, dijo la representante de la Oacnudh en Honduras, Isabel Albaladejo.
La muerte de las 46 mujeres, según Albaladejo, demuestra “la imperante necesidad de acelerar una reforma penitenciaria que involucre a los tres poderes del Estado”.
La Oficina reconoce “las falencias estructurales” del sistema penitenciario que “han persistido en el tiempo como el hacinamiento, la corrupción, la falta de seguridad y las malas condiciones en materia de derechos básicos como salud, educación y sanidad”, subrayó.
“Sin acciones integrales, abordajes civiles especializados y mayores recursos materiales y humanos, estos factores continúan agravándose, generando las condiciones para la repetición de graves violaciones a los derechos humanos”, enfatizó Albaladejo.
El sistema penitenciario hondureño está conformado por 25 cárceles, en las que permanecen alrededor de 21,000 privados de libertad, pese a que la capacidad instalada es para unos 15,000 reclusos, según fuentes oficiales.
