Bancadas de la oposición y diversos sectores sociales rechazan la polémica nueva “ley de escuchas”, en discusión en el Congreso Nacional.
La normativa impulsada por el Gobierno busca violentar la privacidad y los derechos fundamentales a la población, señalan líderes de la sociedad civil.
La normativa está en discusión en tercer debate para su aprobación en la cámara legislativa.
Sectores advirtieron que dicho dictamen debe ser desechado o en su defecto modificado con el fin de no contravenir derechos constitucionales al dejar de manera discrecional la facultad de intervenciones telefónicas a la Secretaría de Seguridad, obviando la petición de una orden judicial.
“Al redactar de esta forma este decreto deja abierta la posibilidad de que alguien pueda intervenir sus mensajes o llamadas sin una orden judicial, usualmente tienen un trasfondo político”, apuntó el presidente del Colegio de Periodistas (CPH), Osman Reyes.
“Nosotros no estamos acuerdo, llamamos a los diputados de oposición a que reflexionen y que sobre todo analicen, esto no puede ser aprobado tal como está”.
No obstante, como un punto de coincidencia, sectores llamaron a establecer dentro de la ley que intervenciones telefónicas solamente puedan ser realizadas mediante una orden judicial, además del establecimiento de un listado de causales que sean motivo para peticionar dicha información.
Fechas
2013. Ley. El Congreso Nacional en 2013 aprobó la primera “ley de escuchas”, la cual continúa vigente en Honduras.
2023. Artículos. 33 artículos contiene el proyecto de ley introducido a la cámara por el Partido Libertad y Refundación.
“Sí preocupa un poco en que se salga del juego investigativo y el requerimiento judicial que quede a discrecionalidad de la Secretaría de Seguridad, por lo que creemos que se debe dar una catalogación de los delitos en los cuales se van a utilizar para la solicitud de información”, explicó el analista Luis León.
Por su parte, Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (Codeh), expresó: “¿Por qué no le hacen un vaciado a los más de dos mil teléfonos que encontraron en los centros penales en su momento?, allí hay una causal para hacerlo, allí contrarrestarían el crimen organizado; pero que estén interesados en lo que habla un periodista, un defensor de derechos humanos o movimiento político eso es un acto irregular e inconstitucional”, añadió.
Para saber
El jefe de bancada de Libre, Rafael Sarmiento, aseguró anoche que hasta el próximo martes se reanudará la discusión de la ley en tercer debate.
De acuerdo con el director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, “es importante actualizar y modernizar la legislación en materia de seguridad, y en el caso particular de la ley que está en discusión en el CN creemos que sí es necesario hacer algunos ajustes”.
Las bancadas de oposición manifestaron su desacuerdo con la ley, acordando que no acompañarían su aprobación si dentro de la misma no son especificadas las órdenes judiciales como la única herramienta para permitir intervenciones telefónicas. No obstante, pese a que jefes de bancada fueron convocados ayer a una reunión para consensuar la redacción del dictamen, los parlamentarios se llamaron al silencio posterior a la “misa negra”, donde ninguno detalló si se lograron o no los acuerdos para aprobar la ley.
“Solo apoyaremos intervención telefónica, si la misma lleva una orden judicial”, afirmó Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal (PL).
